Claves
Las presas y centrales hidroeléctricas nacionales del Comahue fueron concesionadas hace más 30 años con contratos que finalizaron en 2023 y han sido prorrogados en repetidas oportunidades de manera precaria hasta ahora.
El gobierno del presidente Milei ha anunciado ya en varias oportunidades que a la brevedad se publicarán los pliegos de las obras de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW), Alicurá (1000 MW) y Piedra del Águila (1440 MW).
Estas centrales hidroeléctricas hacen un aporte importante a la oferta eléctrica que puede cubrir entre el 10 y 20 % de la demanda máxima diaria en el sistema interconectado. El ministro Caputo ha declarado que espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares de estas licitaciones.
La deuda con AES y otros reclamos ponen en duda la recaudación esperada
Hace unos días, el 31 de mayo, CIADI emitió un fallo favorable a AES por US$ 715 millones para compensar las diferencias en la Central de Alicurá, y aún quedan pendientes otros reclamos de diversas centrales, es decir que la esperada recaudación no alcanzaría para pagar la deuda de una sola central que dejó el kirchnerismo con su mala praxis.
De inversión estatal a concesión privada: una historia con idas y vueltas
Estas obras se han construido entre los años 60 y 90 a través de la empresa HIDRONOR, con créditos de organismos de créditos multilaterales como el BID y a partir de los aportes de todos los argentinos con el pago de impuestos. En los años 90, estas centrales hidroeléctricas se concesionaron a operadores privados, a cambio de un pago inicial y luego una tarifa relativamente alta, ya que estaba relacionada con el valor marginal de la energía eléctrica generado con hidrocarburos. Esa situación cambió radicalmente con el kirchnerismo, que congeló las tarifas durante muchos años provocando reclamos judiciales internacionales ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones del Banco Mundial) por la diferencia entre lo efectivamente cobrado y lo contratado.
Equipos al límite: se necesita modernización urgente
Si bien los concesionarios actuales, controlados por un organismo público, el ORSEP, han operado y mantenido correctamente las centrales durante más de 30 años, ya hay centrales como Chocón y Cerros Colorados que han cumplido más de 50 años de operación, Alicurá más de 40 y Piedra del Águila más de 30; es decir, en todos los casos requieren nuevas inversiones de actualización para permitir otros 30 años de operación, fundamentalmente en los aspectos electromecánicos y eléctricos en los cuales la mayoría de los equipos han sobrepasado su vida útil.
Tarifas controladas y riesgo país: obstáculos para atraer inversiones
Al día de hoy, no se han publicado los pliegos de licitación de las concesiones, y solo tenemos algunas declaraciones e informaciones extraoficiales, tal como que se comenta que el 95% de la energía producida se vendería a precio fijado por el Estado y 5% a un precio libre, con la posibilidad de que ese porcentaje de libre disponibilidad aumente en el tiempo. Al fijar un precio relativamente bajo con el objetivo de no generar aumentos de tarifas que incidan en la inflación, también se reducirán las inversiones de los futuros concesionarios que buscarán rentabilidad con ese valor. En ese supuesto, queda el interrogante sobre cómo se efectuarán las inversiones imprescindibles para extender la vida útil de las obras.
La oportunidad perdida: sin obras nuevas desde los 90
Una concesión a 30 años abarca un gran número de gobiernos, que pueden tener diversas orientaciones. Los argentinos sabemos que hoy se pueden fijar unas condiciones y si en 2027 se produce un cambio de gobierno, pueden fijarse otras. Es decir, una inversión a largo plazo es muy difícil de evaluar. Y si bien el riesgo país ha bajado de los valores estratosféricos del gobierno de Alberto Fernández, sigue siendo alto para obtener créditos internacionales a tasas razonables.
El ministro Caputo, por sus declaraciones y su necesidad de conseguir dólares, parecería que, como en los tiempos de Menem, quiere absorber ese dinero —si es que efectivamente se llega a esa cifra— y no reinvertirlo en nuevas obras. Sin embargo, vemos que desde los 90 no se han ejecutado nuevas obras hidroeléctricas significativas en la zona, aunque existe un potencial hidroeléctrico de más de 2000 MW en obras como Chihuido I y II, Cerro Rayoso, La Invernada, etc.; las cuales, además de producir energía, tendrían la muy importante misión de proteger de las crecidas al Alto Valle y la zona de Vaca Muerta, hoy principal polo de producción petrolera y gasífera.
¿Hay alternativas más eficientes al modelo de concesión actual?
¿Podemos plantear soluciones más eficientes que permitan lograr mantener en buen estado las fuentes de energía hidroeléctrica renovable, mantener un precio bajo de energía eléctrica y poder generar nuevas fuentes de energía limpia?
La concesión aparentemente prevista por 30 años, con precios de energía fijos y bajos —salvo un porcentaje bajo de precio libre—, teniendo que hacer importantes inversiones para modernizar las instalaciones, sumando un pago inicial al Estado nacional y la tasa de riesgo país actual, parecería ser poco atractiva. Con lo cual, o se liberan rápidamente los precios, o se reducen las inversiones al mínimo o los pagos iniciales pasan a ser poco significativos.
Hacia un modelo público-privado con foco en la energía limpia
Una alternativa podría ser realizar contratos de operación y mantenimiento a privados por períodos menores, que podría ser por el sistema de coste y costas; con lo cual se puede seguir fijando un precio base para la mayor parte de la producción, que el operador cubra sus costos y tenga una ganancia, con la posibilidad de tener premios por disponibilidad y/o generación; y por otra parte, ir haciendo de a poco las tareas de modernización necesarias en cada central, considerando presupuestos y formas de pago.
Por otra parte, en el caso de El Chocón y Cerros Colorados, las más antiguas y que necesitan mayores inversiones, se puede seguir el ejemplo de Salto Grande donde se han tramitado créditos del BID para la renovación de equipos electromecánicos y eléctricos.
Finalmente, dentro de la tarifa se puede fijar un fee para el repago de créditos, ya sea para modernización como para la realización de nuevas obras. Estas deberían ser un emprendimiento público-privado, ya que por una parte se necesita un privado que invierta en realizar las obras a cambio de una libre disponibilidad de energía para vender —ya que sería una fuente nueva—, y el Estado, ya sea nacional o provincial, que facilitaría los estudios previos (muchos ya realizados) y las gestiones socioambientales necesarias.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
