Vila, provincia de Santa Fe. Una calle donde los chicos andan solos en bicicleta y los vecinos se saludan por la calle. Un pueblo en el que todavía se respira el aroma de los árboles y se mantiene el culto del mate. Allí vive Leopoldo Tornarolli, consultor del Banco Mundial, economista de datos y director del proyecto más robusto de armonización estadística en América Latina: la base de datos socioeconómicos para América Latina y el Caribe —SEDLAC por sus siglas en inglés Socio-Economic Database for Latin America and The Caribbean—.
Tornarolli volvió a vivir en Vila en el año 2020, cuando la pandemia lo encontró en Roma, mientras trabajaba para la FAO, bajo la órbita de la ONU. El covid atravesó su historia de vida en primera persona. Su hija había nacido, en junio, en Argentina y él no pudo conocerla hasta septiembre. Recién llegado, sin vuelos comerciales disponibles, pidió un remís que lo buscara en Ezeiza y lo llevara directo hasta la puerta de su casa en el pueblo. Se quedó. Nunca había imaginado hacerlo, pero se quedó. "La pandemia me permitió volver a casa. Acá viven mis padres, mis hermanos. Mi hija va en bici por la calle". En su cuenta de X no se presenta de Buenos Aires ni de La Plata. Dice: "De Vila, de River, de Leo Messi". Y escucharlo hablar de Lionel Messi conmueve.
Nunca se olvidó de su tierra aunque también siempre miró al mundo y cumplió el cometido de ofrecer excelencia con sello argentino. Es uno de los mayores expertos de la región en problemáticas de pobreza y desigualdad. Es investigador senior del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS), y director del SEDLAC, una base de datos socioeconómicos que pertenece al CEDLAS y que él mismo ayudó a construir. Con solo clickear, muchos datos emergen: de ingreso, pobreza, salud, vivienda y mercado laboral de 18 países de América Latina, "armonizados" para permitir la comparación internacional. Armonizar, en este contexto, significa tomar encuestas de distintos países —cada una con sus propias preguntas, definiciones y métodos— y ajustarlas técnicamente para que se puedan comparar entre sí, sin que esas diferencias distorsionen los resultados. "Lo que tratamos de garantizar es la comparabilidad", repite. Desde hace más de 15 años, Tornarolli coordina el proyecto con el Banco Mundial. Hoy todas las estadísticas de pobreza y desigualdad de América Latina que publica el organismo son producidas por su equipo desde La Plata.
"Soy un poco un friki de los datos", admite. Pero nunca se puede perder el pulso ni con los trabajadores del equipo ni con lo que pasa en la calle. Ésa es la clave. Para Tornarolli es fundamental entender las encuestas y "meter mano". Con la misma lógica, participa en la construcción de un SEDLAC para Asia del Sur —India, Pakistán, Bangladesh, Nepal— y lidera tareas de "armonización" para proyectos globales como ASPIRE, una iniciativa del Banco Mundial que busca recopilar y armonizar estadísticas sobre programas de protección social en todo el mundo. Una metodología de trabajo nacida en La Plata, en la actualidad, considerada una de las más rigurosas del mundo. Orgullo argentino como los goles de Messi.
Leopoldo Tornarolli no sabía que iba a dedicarse a la investigación. Tampoco sabía que iba a ser economista. Su madre era maestra; su padre, mecánico. Se fue de Vila a Rosario porque era la opción posible: había pensiones del gremio docente, y él no tenía margen para alquilar de otro modo. Cursaba economía, le gustaban los números y la historia, aunque todavía no encontraba una vocación clara. Hasta que apareció Leonardo Gasparini, fundador y director del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), doctor en Economía por Princeton y ganador de la beca Guggenheim 2009.
Era noviembre de 2001. El país se tambaleaba y la universidad también: se suspendían exámenes, se postergaban defensas. El economista Leonardo Gasparini llegó desde La Plata a dar una charla sobre desigualdad y a promocionar la maestría de su Facultad. "Cuando escuché a Leonardo hablar me encantó. Dije: quiero hacer esto". A partir de ese momento, Tornarolli ya no estudiaba para conseguir un título. Sabía lo que quería hacer con la economía. Tenía un propósito. Lo suyo no iba a ser la macroeconomía, ni las entrevistas de consultoras con ejercicios grupales, ni la vida corporativa. Iba a ser esto: investigar, comparar, trabajar con datos. La confianza en los datos y en la comparación como maneras de entender y mejorar el mundo. Y hacerlo al lado de Gasparini, quien pasó a ser su jefe, su mentor, y —en sus palabras— "como un amigo, un hermano mayor en algún sentido". De esa sociedad entre ambos nació buena parte de la producción empírica sobre pobreza e ingresos más influyente de la región en las últimas dos décadas.
En diálogo con El Economista, Leopoldo Tornarolli disecciona las metodologías de medición de la pobreza y sus efectos y explica, con solvencia, cuáles deberían ser los criterios estadísticos para el INDEC. "El problema de la legislación vigente es que deja afuera a una parte muy importante de la fuerza laboral: quienes están en la informalidad", asevera. Una mirada técnica, matizada, comparativa. Eso es lo que caracteriza a Tornarolli.
—A principios de este año, la pobreza monetaria mostró una fuerte reducción. Hoy, en agosto, ¿esa tendencia se mantiene o ya aparecen señales de estancamiento o incluso de una nueva suba?
—La pobreza monetaria es una de las formas que tenemos de aproximarnos al fenómeno de la pobreza. Todos queremos entender qué es la pobreza, pero si se le pregunta a alguien qué significa ser pobre, probablemente dé una respuesta vinculada a la carencia. No todos la entienden igual. La pobreza monetaria es una forma de medirla a partir de datos disponibles, una manera de operativizar su medición. En Argentina, el INDEC eligió ese camino como vía oficial. Ahora bien, incluso dentro de ese marco, hay criterios distintos.
Por ejemplo, la pobreza se puede medir por ingreso o por consumo. En América Latina suele usarse el ingreso, como en Argentina, aunque en otros lugares —Asia, África y algunos países de la región— se utiliza el consumo. Perú, por caso, le pregunta a los hogares cuánto gastan. El consumo es menos volátil: se puede endeudar para mantenerlo relativamente estable. En cambio, el ingreso es lo que se tiene en el momento, y en países como Argentina fluctúa mucho. Además, incluso cuando se mide por ingreso, hay decisiones sobre qué incluir y cómo medirlo.
En Argentina no se distingue entre quienes alquilan y quienes son propietarios. Si se gana un millón de pesos y se alquila, y el vecino gana lo mismo pero tiene casa propia, para la medición son iguales. Ambos están por encima o por debajo de la línea de pobreza, según el caso. Aunque en la práctica, uno tiene medio millón comprometido en alquiler y el otro no. Ésa es una decisión metodológica, una forma de bajar a tierra un concepto complejo.
La pobreza monetaria es muy sensible a la inflación. Si la inflación sube, sube la pobreza; si la inflación baja, aunque el mercado laboral no mejore mucho y el nivel de vida tampoco, la pobreza puede bajar.
Hoy, con precisión, podemos ver lo que ocurrió hasta marzo de 2025. El INDEC ya publicó los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, si bien no hizo un informe con la tasa oficial, esos datos permiten estimar que la pobreza fue de alrededor del 31,7% en el primer trimestre. Esa baja asegura que la pobreza del primer semestre será más baja que la del segundo semestre de 2024.
Entonces, sí: la pobreza va a caer en el primer semestre de 2025, pero el margen para seguir bajando de acá en adelante ya es más pequeño, salvo que el mercado laboral se reactive.
—Estamos en plena campaña electoral: en septiembre habrá elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, y en octubre las nacionales en todo el país. ¿De qué modo pueden tener efectos estos procesos electorales sobre la política económica del gobierno y, en consecuencia, sobre los niveles de pobreza?
—Hay efectos que van en las dos direcciones. Desde la situación social hacia los resultados electorales, por un lado. Y, por el otro, desde los años electorales hacia el comportamiento del gasto social y de la política económica.
Si se observa una serie de pobreza en Argentina, lo que se evidencia es que desde que la economía se estancó, por 2010 o 2011, la evolución de la pobreza adquirió una lógica de serrucho: en los años electorales bajaba, porque se incrementaba el gasto público, se estimulaba la demanda y había algo de crecimiento económico; en los años pares, venía la resaca del gasto y la pobreza volvía a subir.
La secuencia es clara: sube en 2012, baja en 2013, sube en 2014, baja en 2015, sube en 2016, baja en 2017. Luego vinieron 2018 y 2019, cuando las crisis cambiarias hicieron que la pobreza subiera dos años seguidos. Aun así, en 2019, al final del gobierno de Macri, la suba se frenó un poco: venía subiendo y se desaceleró, en parte porque era un año electoral. Después, claro, en 2020 subió por el impacto del Covid.
Lo cierto es que en los años electorales los gobiernos suelen aumentar el gasto. No parece ser el caso este año. El gobierno ha sostenido o incluso incrementado en términos reales algunas partidas sociales, como las transferencias por asignación universal por hijo (AUH), desde el inicio de su gestión. Pero, al mismo tiempo, redujo de manera marcada otras partidas sociales importantes, como el gasto en salud, educación y otras funciones del Estado. No se observa una expansión del gasto en esos rubros, ni siquiera en año electoral.
Sospecho que este año el gobierno no va a utilizar el aumento del gasto como herramienta electoral. Confía bastante en la baja de la inflación y soltar el gasto podría poner en riesgo ese objetivo. Por eso, no espero un incremento significativo del gasto público orientado a reducir la pobreza por motivos electorales.
Tener una inflación más baja, en términos generales, ayuda a que la pobreza también baje.
—Actualmente se discute una posible actualización metodológica del INDEC para medir la pobreza, con la incorporación de nuevos patrones de consumo. ¿Qué impacto real tendría en la forma de entender la pobreza en Argentina?
—La discusión se organiza en torno a la medición y a cómo se operativiza el concepto de pobreza. En ese plano, Argentina viene rezagada. La mayoría de los países incorporaron, además de la medición monetaria —que captura sólo una dimensión, la del ingreso—, una multidimensional que toma en cuenta otras variables: acceso a salud, educación, vivienda, servicios, entre otros factores. Esa medición apunta a capturar mejor la pobreza estructural, mientras que la monetaria refleja los vaivenes coyunturales.
La mayoría de los países de la región adoptaron ambas mediciones en paralelo. El INDEC no lo ha hecho oficialmente, aunque se puede construir un indicador multidimensional a partir de los microdatos disponibles. De hecho, nosotros hicimos estimaciones junto a Leonardo Gasparini y otros investigadores. Pero para que sea una medición oficial, el INDEC debería adaptar la encuesta: sumar preguntas, afinar ciertos ítems, como acceso a salud o servicios.
Otra cuestión es si la medición monetaria está desactualizada. Y la respuesta es sí: hay que actualizarla. En esta medición, de un lado están los ingresos y del otro, la línea de pobreza, que se construye a partir de una canasta básica de alimentos y de un conjunto más amplio de bienes y servicios.
La canasta alimentaria está relativamente bien medida. Lo que sí está más desactualizada es la estimación de la canasta total, la que incluye el resto de los bienes y servicios. Ésa no se calcula con una lista concreta, sino de manera indirecta, mediante un coeficiente conocido como "coeficiente de Engel". Éste se obtiene observando cuánto representa el gasto en alimentos sobre el gasto total en los hogares de referencia.
Los cambios en los criterios de medición afectan los datos. Si se modifica cómo se mide, eso llevaría a la línea de pobreza a ser más exigente, y por tanto, habría más personas por debajo de ella. Entonces hay que entender que si la pobreza da 35% en vez de 32% no es que subió tres puntos, sino que cambió la forma de medirla.
Si bien la pobreza pasó de 37% en el tercer trimestre de 2023 a 31,5% en el primero de 2025 —una baja de seis puntos—, hay que tener en cuenta que probablemente tres de esos puntos sean artificiales y tres reales. Si hubiese habido mejora en el reporte y si la canasta estuviera actualizada, la pobreza habría dado 34% o 35%, no 31,5%.
—En términos de política económica y social, ¿qué medidas concretas debería priorizar este Gobierno, de aquí a 2027, para reducir de manera efectiva la pobreza estructural?
—Gran parte de lo que se relaciona con la pobreza estructural en Argentina está vinculada con el ingreso. Y, en ese sentido, con el mercado laboral: con tener trabajos e ingresos estables que permitan a los hogares proyectar y tomar decisiones con mayor previsibilidad. La estabilización de la economía —que, a mi juicio, aún no puede darse por cerrada ni mucho menos celebrarse como un logro definitivo— al menos habilita cierta mejora en ese plano.
Pero la pobreza estructural, por supuesto, no se agota en los ingresos ni en el empleo. Está relacionada con muchas otras dimensiones: el acceso a la educación, a los servicios de infraestructura, a la salud, entre otras. Lo que el Gobierno, al menos por lo que se puede interpretar de sus declaraciones y lineamientos, parece suponer es que gran parte de estas dimensiones serán resueltas por los propios hogares a partir de mejoras en su nivel de ingreso.
Esto es problemático. Porque, en general, en dimensiones como infraestructura, salud y educación, se espera un rol fuerte del Estado. Y más aún si se está atravesando una transformación estructural como la que plantea este gobierno.
Más aún: incluso en una economía que crece y se estabiliza, siempre hay sectores que quedan afuera del mercado. Para esos hogares, el Estado deberá seguir garantizando educación y salud de calidad, porque es la única manera de que sus hijos tengan una posibilidad real de salir de esa situación.
El proceso actual en Argentina —diez o quince años sin crecimiento sostenido— es la raíz del problema. La mejor política social hoy es volver a crecer. Eso resolvería mucho, tanto del lado del gasto como del ingreso del Estado. Sostener un superávit fiscal es mucho más sencillo si la recaudación crece, y además el gasto se reduce si menos personas necesitan asistencia estatal.
Lo que no está ocurriendo. Si se observan las series de empleo en Argentina, el empleo registrado casi no ha crecido, al menos no en la misma proporción que la población. Y eso complica seriamente el financiamiento del gasto social y previsional.
Volver a crecer requiere una economía estable. Pero una economía estable es una condición necesaria, no suficiente. El Gobierno cree que, una vez estabilizada la economía, el sector privado va a florecer por sí solo. No soy tan optimista. El Estado aún tiene un rol clave que cumplir para dinamizar ciertos sectores. Y algo de eso ya se está haciendo. El Gobierno es pragmático en algunas áreas. Está intentando generar condiciones para la inversión privada, por ejemplo con el RIGI y otros proyectos productivos. Pero hay muchas otras dimensiones que también debería retomar. En una economía como la argentina, con un territorio tan extenso, la inversión en infraestructura —rutas, transporte, logística para sacar la producción— siempre será una función esencial del Estado.
—¿Cuáles son las acciones específicas que podría tomar el Gobierno actual para mejorar la calidad del empleo en la Argentina durante los próximos dos años?
—La economía necesita crecer. Ésa variable es fundamental para generar empleo privado.
En cuanto al rol del Estado, creo que es necesaria una reforma laboral. Sé que en la Argentina es un tema bastante tabú, pero la legislación actual definitivamente presenta limitaciones. Es una normativa que, desde el punto de vista de los trabajadores que están dentro del sistema legal, ofrece ciertas protecciones. El problema de la legislación vigente es que deja afuera a una parte muy importante de la fuerza laboral: a quienes están en la informalidad.
Además, el mercado laboral cambió. Hay nuevas configuraciones —la economía de plataformas, entre otras— que todavía no sabemos bien cómo regular.
Respecto a cuándo podría volver a crecer el empleo registrado, ya debería estar creciendo. Si las cosas le salen bien al Gobierno, después de un año y medio de gestión enfocada en estabilizar la macro, deberían empezar a darse las condiciones para una reactivación. El problema es que esa reactivación es muy heterogénea. Hay sectores que crecen y otros que caen. Y muchos de los que crecen no son particularmente intensivos en empleo. El agro, los recursos naturales, por ejemplo, son sectores poco demandantes de mano de obra y, además, están localizados en regiones específicas del país.
Si el Gobierno logra consolidar la estabilización macroeconómica, puede haber un crecimiento del empleo registrado en los próximos dos años. Ahora bien, tampoco creo que se vaya a dar un boom a corto plazo. Y menos aún si no logra avanzar con una reforma laboral.
—Según el último informe de la CEPAL, Argentina liderará el crecimiento económico de América Latina con una expansión del 5% en 2025, aunque se prevé una desaceleración del 4% para 2026. ¿Cómo podría influir esta dinámica de fuerte crecimiento inicial y posterior desaceleración en la evolución de la pobreza en el país?
—Para reducir la pobreza se necesita crecimiento, aunque también importa mucho la composición de ese crecimiento. Un modelo basado en recursos naturales, por ejemplo, probablemente genere menos empleo y tenga un impacto más limitado —al menos en el corto plazo— sobre la pobreza.
Esto no implica que ese crecimiento no sea deseable; el país necesita crecer y que lo hagan todos los sectores. La cuestión es si también crecerán aquellos más intensivos en empleo. Eso determinará si el impacto en la pobreza es directo y rápido o no. Mi impresión es que, al menos en una primera etapa, no habrá grandes cambios en los niveles de pobreza, ni tampoco en los de desigualdad.
Ahora bien, si la economía ingresa en una senda de crecimiento liderado por sectores orientados a la exportación, se dará un período inicial donde podría disminuir la pobreza al mismo tiempo que aumente la desigualdad.
Los cambios estructurales que modifican el peso relativo de los distintos sectores productivos, sobre todo cuando vienen acompañados por apertura económica o incorporación de tecnología, suelen reconfigurar la estructura del empleo en beneficio de los sectores más calificados.
Ocurrió en los años noventa, por ejemplo. Al principio de esa década hubo un crecimiento fuerte junto con una transformación profunda en el modo de producir. Cambió lo que se producía: ciertos sectores crecieron y otros cayeron. Los que crecieron demandaban más trabajo calificado que los que retrocedieron. Y además, la incorporación de capital y tecnología generó transformaciones dentro de los sectores mismos, que se volvieron más intensivos en el uso de trabajadores calificados.
Eso provocó un aumento de la demanda relativa de ese tipo de mano de obra, y con ella, una brecha salarial creciente entre calificados y no calificados. Esa brecha fue el principal motor del aumento de la desigualdad en los noventa. El cambio favoreció a quienes contaban con más educación, más capital humano y mejores recursos. Eso es lo que terminó impulsando la desigualdad.
Si el país entra ahora en una dinámica similar —una economía más abierta, orientada hacia afuera y más dinámica— es esperable que vuelvan a crecer ciertos sectores mientras otros se achiquen.
Posiblemente se produzca un fenómeno de desempleo friccional, mientras los trabajadores intentan migrar de un sector a otro. El Estado debería intervenir para facilitar esa transición. De lo contrario, muchos podrían quedar atrapados en el cuentapropismo de baja productividad: ese emprendedurismo de subsistencia que busca apenas llegar a fin de mes.
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