Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
La nueva estrella mediática de la economía se llama Nathan Tankus, un joven de 28 años cuya aguda visión sorprende, sobre todo porque carece (aun) de las credenciales oficiales de economista recibido. En su último newsletter, Tankus advierte sobre los desalojos que se están produciendo en Estados Unidos por falta de pago de los créditos hipotecarios, y argumenta que si continúan podrían terminar afectando también a los propietarios. Según una encuesta privada, un tercio de los hogares americanos reportaron haber salteado el pago de alquiler de su vivienda en los últimos meses. De seguir esta tendencia, pronto arreciarán las ejecuciones de las hipotecas, y los posteriores desalojos.
Desde luego, los que tienen ingresos más bajos tienen más dificultades para hacer sus pagos, pero la angustia parece bastante generalizada. Tankus remarca que esta situación se ve agravada por las desigualdades en la negociación privada. Para un deudor es mucho más fácil negociar con su banco, que puede beneficiarse enormemente incluso de un préstamo reestructurado, que negociar con un propietario que está mucho menos diversificado.
En este contexto, vale preguntarse cuál es el rol de los pagos de emergencia a las familias. Según Tankus, si bien éstos tienen como objetivo primario ayudar a los hogares, en la práctica terminan siendo, al menos parcialmente, una forma de asegurar que se realicen los pagos y así beneficiar también a los acreedores, evitando el colapso generalizado. Cuando los subsidios de emergencia se utilizan para cubrir los gastos generales de los hogares de alquiler, hipotecas, servicios públicos y tarjetas de crédito, se evitan embargos y desalojos que hagan perder a todos. Tankus recomienda mantener y extender las ayudas.
Sin embargo, en países en los que las dosis de ayuda deben ser cuidadosamente administradas, hay que considerar otras cuestiones. La pandemia y la consecuente cuarentena trajeron consigo dos clases de pérdidas. Una tiene que ver con una detención transitoria de la actividad en algunos sectores que tarde o temprano retornará a su dinámica anterior. La otra es la porción neta de ingresos que se han perdido definitivamente en los últimos tres meses. En el futuro el nivel de ingresos podría volver al valor previo a la crisis, pero no lo superará para recuperar la pérdida que ya ocurrió.
Cuando se destruyen ingresos, alguien paga. Buena parte de la distribución de estos costos se dirimen en las cláusulas de los contratos. Los trabajadores y empresarios se han mostrado activos en los últimos meses para renegociar sus contratos modificando diversas cláusulas. Los alquileres comerciales también han debido reconsiderarse ante la imposibilidad de continuar con las actividades. Pero los contratos de algunos servicios privados y de alquiler del hogar también han sido afectados por la crisis. Muchas familias se encuentran de repente con obligaciones fijas e ingresos más bajos, y su capacidad de negociar puede ser desventajosa. En este contexto, si las ayudas terminan siendo destinadas desproporcionadamente a sostener estos pagos fijos, entonces el subsidio termina por ayudar a la parte negociadora con mayor poder.
Desde luego, la solución a este problema no es reducir la ayuda, sino contribuir mediante la política y la regulación pública a reconfigurar algunos contratos entre privados. Si pretendemos dividir los costos de la pandemia de la manera más equitativamente posible, debemos estar atentos a la curva de contratos, y evitar que se acumulen deudas impagables. Es necesario asegurar un poder de negociación lo más equitativo posible, porque en estas circunstancias es este poder relativo lo que termina dirimiendo quién paga una parte de la crisis.
