La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó hoy la "urgente sanción" de una ley que "colabore con la protección del entramado productivo local" frente al impacto económico generado por la pandemia de coronavirus, con el objetivo de reducir la quiebra de las empresas.
Así lo expresó la entidad a través de un comunicado de prensa, en el que indicó que medidas como la suspensión de las declaraciones de quiebras o la ejecución de garantías "no sólo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan sino que, también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación".
En el documento, la CAC solicitó públicamente el tratamiento de un proyecto que había sido presentado por un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio a principios de mayo pasado, en el marco de medidas para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
"La CAC expresa su apoyo a una iniciativa que, con acciones como la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías, colabore con la protección del entramado productivo local en tan difícil coyuntura", señaló la entidad.
Y agregó: "La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data".
Asimismo, la Cámara remarcó la necesidad de que la iniciativa no sea “malograda, como lamentablemente parece que ocurrirá con el proyecto de teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones acabará por desalentar esa modalidad laboral".
Por último, la CAC recordó que a comienzos de junio le habían solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la adopción de medidas que redujeran las judicializaciones, con el fin de “proteger la trama empresaria”.
“En el marco de la severa crisis en curso, y a pesar de las múltiples y bienvenidas medidas de apoyo estatal, muchas empresas se vieron forzadas a incumplir sus obligaciones, abriendo la puerta a una litigiosidad que las expone -especialmente a las mipymes- a su potencial extinción”, sentenció.
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