Inocencia Fiscal: advierten que un punto podría desincentivar el uso de los dólares del colchón

El Gobierno elevó al Congreso de la Nación el proyecto que busca ajustar la Ley de Inocencia Fiscal y lograr, de esta manera, que los contribuyentes con dólares en el colchón se animen a usarlos.

Recordemos que la propuesta, que fue promulgada y está plenamente vigente, no logró avanzar demasiado en su objetivo de captar una parte de los US$ 250.000 millones que los argentinos tendrían fuera del sistema financiero.

Es que muchos fueron los contadores, abogados y entidades profesionales que detectaron puntos flojos tanto en el texto legal como en su reglamentación. Y, ante las dudas de varios asesores, la realidad quedó bastante lejos de las expectativas oficiales.

Por ese motivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a un grupo de profesionales. La idea era escuchar sus inquietudes y llevar adelante los cambios necesarios para que funcione.

Los especialistas consultados por El Economista, coincidieron en que la propuesta soluciona casi todos los problemas planteados en aquella reunión. Sin embargo, uno de los puntos que trae el nuevo texto genera preocupación.

Al menos así lo manifestó a este medio Diego Fraga, quien aseguró que su “balance es que el proyecto mejora mucho la técnica del régimen, pero el nuevo artículo 42° ter es una señal muy mala”.  

Qué dice el artículo de la discordia

Este apartado establece que la ley no impedirá la continuidad de órdenes de intervención, liquidaciones administrativas, determinaciones de oficio, recursos administrativos o procesos judiciales iniciados antes de la adhesión al régimen.

Tal como explicó Fraga, significa que “si un contribuyente adhirió a la declaración simplificada con la expectativa de cerrar una inspección vigente o una determinación no firme de períodos anteriores, ARCA va a sostener que puede seguir reclamando igual”.

El abogado remarcó que este nuevo artículo no sólo “es la parte más negativa del proyecto”, sino también “el punto más delicado y, probablemente, el que más litigios genere en el futuro”.

Su argumento se basa en que el régimen vigente permite sostener el argumento de que si el contribuyente adhirió, presentó, pagó y ARCA no logró impugnar el período base por discrepancia significativa, la presunción de exactitud debía bloquear los ajustes anteriores de Ganancias e IVA.

Sin embargo, desde su perspectiva, “el nuevo artículo 42 ter parece redactado para cerrar esa discusión a favor del fisco nacional”. “El problema es que esa norma no debería aplicarse retroactivamente para quitar efectos ya producidos por adhesiones válidas bajo la ley vigente”, añadió.

El quid de la cuestión está en que, si una persona adhirió y cumplió con las pautas que fija la ley, una reforma posterior no debería privarla del “tapón fiscal” que razonablemente podía entender que había adquirido. “Ahí hay un problema serio de seguridad jurídica y confianza legítima”, resaltó Fraga.

Además, manifestó que “esta modificación puede afectar directamente el objetivo económico del régimen”. Y explicó que si una persona tiene una inspección abierta y la ley le dice que esa inspección puede seguir igual, tendrá menos incentivos para sacar los dólares del colchón o incorporar bienes al circuito formal.

“¿Por qué? Porque va a temer que esos fondos, aún cuando el régimen pretenda protegerlos, terminen siendo usados por ARCA como elemento de presión o como insumo para discutir el ajuste anterior”, sostuvo y ejemplificó: “El contribuyente no va a pensar en abstracto; va a pensar: ‘si muestro la plata, quizás la agregan como prueba en mi contra al expediente que ya tengo abierto’”.

“Ese es el talón de Aquiles del proyecto. Quiere dar confianza para que los fondos salgan del colchón, pero al mismo tiempo preserva inspecciones anteriores que pueden desalentar esa exteriorización”, añadió.

Para Fraga esto no sólo manda una señal ambigua, sino que también podría incentivar a que ARCA, antes de que se apruebe el proyecto, acelere órdenes de intervención para neutralizar futuras adhesiones al régimen simplificado.

Por esto, para el abogado es imperante que realicen un cambio. “Si se quiere que el régimen funcione, debería eliminarse por completo”, aseguró. Parece claro que, si esto no sucece, podría convertirse en un nuevo punto que desincentive a sumarse a Ganancias simplificado.

“Incluso debería aclararse expresamente (eso es lo que establece la ley actual) que ARCA no puede continuar procesos sobre períodos protegidos por el tapón fiscal, salvo que logre romper el período base por discrepancia significativa”, resaltó.

Por último, el profesor en la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral aseguró que “si el Gobierno quiere que los fondos informales entren al sistema, tiene que construir confianza”.

“Y la confianza no se construye diciendo ‘usted es inocente’, mientras se preservan inspecciones anteriores que pueden usar esa nueva exposición en contra del contribuyente”, concluyó.

Resta ver qué sucederá en el Congreso. Tal vez la bancada oficialista termine por ajustar el texto en Comisiones o fuerce un cambio en el recinto. De lo contrario, todo el esfuerzo podría tirarse por la borda del artículo 42 ter. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar