Hay más certezas sobre el régimen simplificado de Ganancias, pero no por los dólares del colchón

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles -junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal- los lineamientos generales del proyecto que presentarán en el Congreso para modificar la Ley de Inocencia Fiscal.

El objetivo, según Caputo, es lograr que una parte de los US$ 170.000 millones que están fuera del sistema puedan ingresar al sistema financiero sin el temor de ser perseguidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sin embargo, pese a la promesa de ingresar en el recinto el texto este jueves, todavía nadie conoce los detalles de la propuesta que busca darle solvencia al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y lograr así transmitir confianza para que los argentinos puedan depositar los dólares del colchón sin miedo.

En este escenario, El Economista consultó con distintos especialistas para conocer su mirada sobre los cambios anunciados, quienes coincidieron en que la iniciativa subsanaría varios puntos, aunque hay dudas sobre otros.

Luces y sombras

Consultado al respecto, Diego Fraga aseguró que "sin texto definitivo, hay que hablar con cautela", aunque aclaró que "la orientación general del proyecto parece positiva: intenta transformar al régimen simplificado de Ganancias en una herramienta más creíble y menos expuesta a interpretaciones restrictivas de ARCA".

Desde su perspectiva, "el punto central es entender que este régimen no se vende por comodidad administrativa", motivo por el cual "lo importante no es solo presentar una declaración jurada más simple".

"Lo que realmente importa es el efecto liberatorio y la presunción de exactitud hacia atrás: el famoso tapón fiscal. Sin esa seguridad, el incentivo para que el contribuyente formalice fondos o empiece a operar con mayor transparencia se debilita", razonó y resaltó: "Por eso son relevantes los cambios que trascendieron".

El abogado consideró que abrir el régimen a más personas humanas y sucesiones indivisas, definir mejor quién accede a los beneficios fuertes, establecer parámetros objetivos para la discrepancia significativa y permitir subsanar diferencias son pasos en la dirección correcta. "Todo eso ayuda a que el contribuyente sepa de antemano cuál es el riesgo y qué protección obtiene", apuntó.

Por otro lado, consideró que "la posibilidad de subsanar me parece especialmente importante. Si aparece una diferencia y el contribuyente puede rectificar y pagar dentro de un plazo razonable sin perder automáticamente el régimen, el sistema gana realismo".

En este sentido, recordó que en materia tributaria muchas veces hay errores, diferencias de criterio o zonas grises. "Si cada diferencia termina con la pérdida total del beneficio, el régimen se vuelve demasiado frágil", añadió.

El mayor problema para Fraga está en las inspecciones en curso. Al respecto, señaló que "si el proyecto dice que el tapón fiscal no aplica a esos períodos salvo que el contribuyente rectifique y pague, el beneficio queda muy acotado para quienes ya están bajo fiscalización".

"Puede servir para quien acepta el ajuste. Pero para quien cree que ARCA está equivocada, no es un verdadero incentivo: lo obliga a elegir entre discutir por las vías ordinarias o acceder a un beneficio limitado", remarcó.

Además, aclaró que en esto hay un punto institucional importante. "Si hace falta incorporar ahora una regla legal para limitar el efecto del tapón en fiscalizaciones abiertas, eso refuerza la idea de que ARCA no podía crear esa excepción por simple interpretación interna", indicó y añadió: "Las restricciones a un beneficio legal tienen que surgir de la ley, no de criterios administrativos".

En síntesis, el profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral explicó que "la reforma puede ser un avance si aclara, ordena y amplía el régimen". Pero añadió que "el éxito dependerá de la implementación".

"Si ARCA lo aplica con razonabilidad, puede ayudar a formalizar fondos y reducir litigiosidad. Si lo aplica con la lógica habitual de cruces automáticos, sospecha permanente y criterios siempre adversos al contribuyente, la seguridad jurídica volverá a quedar más en el discurso que en la práctica", concluyó.

El dólar: una cuestión cultural

Por su parte, Humberto Bertazza realizó un análisis por separado de los dos grandes aspectos de la medida. Por un lado, se refirió a la cuestión técnica y, por el otro, al tema de los dólares.

Sobre el primer punto, aseguró que "las modificaciones que se estarían introduciendo son positivas, son pro-contribuyente, intentan cerrar algunos aspectos dudosos o controvertidos que actualmente tiene la ley".

"Es decir, que desde el punto de vista estrictamente jurídico-tributario, yo creo que son positivas y, por otra parte, otorgan un cerrojo razonable para los contribuyentes", sostuvo el socio de Bertazza, Nicolini, Corti & Asociados.

"Desde otro punto de vista -continuó Bertazza- aparece un aspecto distinto, que en definitiva es el fin de todo esto, que es la pretensión que el Gobierno tiene de la exteriorización de los fondos que el contribuyente hoy los tiene en el colchón".

Si bien coincidió con la visión oficial sobre la necesidad de invertir para generar un escenario económico positivo, consideró que existen algunos obstáculos que ponen un freno a la decisión de reingresar los fondos que están fuera del sistema.

"El primer obstáculo es un tema de cultura. Hay mucha gente que en su cultura no concibe otra cosa que el ahorro en dólares ante las dudas que les generan la política cambiante de los gobiernos", indicó y aclaró: "Este no parece sería un aspecto que se arregla a través de una ley".

Y otro aspecto importante para Bertazza es que "todavía tenemos que esperar la reglamentación de la Unidad de Información Financiera (UIF)". Desde su perspectiva, si la norma es restrictiva, terminará perjudicando a los contribuyentes que, como presenta el Gobierno, buscó un refugio de sus ahorros más que lavar dinero de actividades ilegales.

Dudas sobre Bienes Personales

Uno de los puntos que genera dudas está en lo que sucederá con Bienes Personales. Al respecto, Mariano Ghirardotti recordó que, con la ley actual, se genera un efecto de "sábana corta" en el impuesto patrimonial.

El especialista sostuvo que "siempre entendimos que lo único importante era que la declaración jurada de Ganancia estuviera bien y, mientras ARCA no detectara una divergencia de más del 15%, se podían tener los bienes que quisieran".

Según el titular de Ghirardotti & Asociados, esto era así gracias a que "el Estado no podía utilizar el incremento patrimonial justificado como una presunción en contra de los contribuyentes para determinar el impuesto".

Existía no obstante un problema: esos bienes debían aparecer de alguna manera en Bienes Personales y, con esa declaración, se podría generar diferencias en las liquidaciones del impuesto de varios años para atrás.

"Pensamos que este tema se iba a subsanar con el proyecto y que se iban a poder declarar cualquier tipo de bienes en la última declaración jurada de Bienes Personales para acotar el daño en relación al régimen simplificado", señaló.

Sin embargo, según los trascendidos en redes sociales, "lo único que dice es que en Bienes Personales del último año solo se va a poder declarar el dinero que se haya invertido, depositado en un banco o utilizado para comprar un bien".

Así, quedarían fuera de la protección otros activos como las cuentas en el exterior o un inmueble no declarado. "Esto deja a un montón de personas que creían que podían incluir cualquier bien con un problema muy grave en Bienes Personales", remató. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar