El Gobierno otorgará bonos a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas y jubilados y pensionados. Así lo anunció Martín Guzmán hoy. La medida busca compensar la disparada de la inflación (4,7% en febrero, 6,7% en marzo y proyecciones en torno a 5% para abril) y, a la vez, contener los reclamos internos del kirchnerismo.
- La medida se suma a las políticas implementadas anteriormente: aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, aumento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados en el mes de abril.
Se enmarca, dijo Guzmán, en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Con el problema de la inflación como principal ocupación de la política económica, el Gobierno busca asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales de los trabajadores.
Los bonos son de $18.000 por única vez a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas (en dos cuotas).
- Los jubilados, jubiladas y los pensionados también cobrarán un bono de $12.000 (en una cuota) que se suma al bono anterior de $6.000, totalizando también $18.000.
TRABAJADORES SIN INGRESOS FORMALES
- $ 18.000 en dos cuotas de $9.000 cada una
- Alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años sin ingresos formales.
JUBILADOS Y PENSIONADOS
- $12.000 en 1 cuota
- Para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas
- Complementa el bono anterior otorgado de $6.000 y de esta manera se equipara con el bono que se otorga a las y los trabajadores de $18.000
MONOTRIBUTISTAS
- Alcanza a los y las trabajadores de las categorías A y B (las más bajas) del Monotributo
TRABAJADORAS DE CASAS PARTICULARES
- $18.000 en dos cuotas de $9.000
- Registradas o no registradas
¿Cómo se financiará?
El ministro Guzmán anunció que el Gobierno enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para gravar la "renta inesperada producto de la guerra", que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles superiores a los $1.000 millones, que en 2021 fue de solo 3,2% de las empresas.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor, señaló el ministro durante el anuncio junto al presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
