Quizás la única medida fiscal anunciada por el nuevo ministro de Economía refiere a la necesidad de recortar los subsidios energéticos.
Una cuenta que ya representa el segundo renglón del gasto de la Administración Pública Nacional, casi 15% del gasto total y una proyección de 3 puntos del PIB (US$ 15.500 millones, aproximadamente) para finales de año.
Los subsidios económicos y en particular los energéticos están en el corazón del problema fiscal y así lo presentó el exministro Martín Guzmán en el acuerdo con el FMI, al sostener que se trataban de una cuenta “imposible de financiar” y con “sesgos pro-ricos”.
Pero este tema también está en el centro del “internismo exasperante” del Gobierno en torno a un esquema de “subsidios nefastos”, tal como lo definió otro exministro (Matías Kulfas) en su carta de renuncia.
Esta situación llevó a la total parálisis de gestión producto de un bloqueo mutuo entre las diferentes facciones de la coalición de Gobierno.
- El problema de los subsidios no es herencia, sino es un problema autogenerado por la actual administración. En 2015 la cuenta de subsidios superaba 3,3 puntos del PIB y en 2019 no alcanzaba el punto. La suicida decisión de congelar tarifas con alta inflación generó una cuenta de subsidios equivalente a la totalidad del déficit público y similar a la de 2015.
Es decir, sin subsidios el país no tendría déficit fiscal y la discusión económica sería otra.
El actual ministro intenta enfrentar el problema de bloqueo de gestión cambiando los nombres de la secretaria de Energía. Sin embargo, los puestos más importantes del organigrama energético se mantienen bajo la órbita del Instituto Patria: Enarsa, YPF, los entes reguladores, la Subsecretaría de Hidrocarburos (clave al definir el precio del gas), y Cammesa.
La nueva composición de la secretaría revelaría el avance de esta facción del Gobierno, y no su retroceso.
Además, todo indica que el equipo que llega no lo hace con plan propio, sino a recibir instrucciones de un plan ya anunciado: nada muy distinto a lo visto en los últimos dos años y medio.
La reducción de subsidios anunciada
La segmentación permitió identificar al 28% de las familias que, por patrimonio o ingresos, no solicitaron subsidios y, por lo tanto, a partir del 31 de diciembre pasarán pagar tarifa plena.
La novedad pasa por un nuevo criterio de segmentación, ahora por consumo. Son aquellos que no reciben tarifa social y que no perdieron los subsidios. Este grupo de familias (más del 60%) recibirán energía subsidiada hasta un umbral, que en el caso eléctrico alcanza los 400kwh/mes.
¿Cuál es el posible efecto fiscal de la medida? 2022 está perdido en termino de reducción de subsidios ya que los aumentos tendrán vigencia plena recién a finales de año. El efecto fiscal de los anuncios se verá entonces en 2023 y si la implementación es exitosa podría reducir hasta 1% del PIB. Es decir, el Gobierno espera reducir 1/3 de los subsidios vía esa doble segmentación.
Sin embargo, el desafío de la implementación es grande. En alta inflación, lograr el resultado fiscal esperado implica indexar las tarifas como mínimo al ritmo de la inflación, y por lo tanto el gran desafío parece ser aumentar 80% las tarifas en medio de un proceso electoral.
¿Cuál será el efecto en el bolsillo?
Aquellas familias que no hayan completado el registro solicitando el subsidio, podrían enfrentar aumentos interanuales superiores al 300% en la tarifa eléctrica y del 85% en gas natural.
Quedan por definir aquellas familias que, solicitando el subsidio su consumo, supere los 400kWh/mes. En ese caso enfrentarán el aumento, pero solo sobre los kW que superen el umbral definido. Lo mismo para el gas, que todavía no tiene definiciones claras.
Existen desafíos de implementación
A las diferencias de consumo regional, se suman la Ley de Zonas Frías y la tarifa social que transforman a los precios de la energía en verdaderos bingos donde el usuario sentirá que dependerá solo de la “suerte” el precio que le toque en su factura. Y, por lo tanto, las decisiones de ahorro o de inversión sin regla de precios son casi imposibles.
Otro desafío representa los ingresos de las empresas distribuidoras de gas y de electricidad en el AMBA. Con atrasos tarifarios superiores a 250%, acumulan deudas por la energía que venden, reprograman inversiones y eso no solo pone en riesgo financiero al sistema sino también la calidad del servicio futuro.
Finalmente, el umbral de consumo anunciado por el ministro, si bien es una idea superadora de la segmentación de Guzmán y también al congelamiento tarifario aplicado por el Gobierno en sus primeros dos años, no resuelven el problema, pero va en la dirección correcta.
El congelamiento y la inflación hacen que una familia hoy pague el 20% del costo de la energía que consume. Desandar ese camino será difícil y más en aun en un contexto social complejo.
Por lo tanto, los recientes anuncios no hacen otra cosa que reconocer que la política tarifaria aplicada desde el inicio de la actual administración era equivocada. La corrección anunciada acota el daño fiscal, pero nada garantiza que se trate de un cambio de rumbo. En cambio, quizás estemos frente a una “retirada táctica” y que, si las circunstancias se presentan, se intente regresar al facilismo tarifario.
Para adelante, la reducción de subsidios y la recomposición tarifaria son ineludibles, pero también el sentido común por el cual los usuarios residenciales deben transitar la gradualidad en la recomposición de sus facturas.
En energía no solo se cumplen las leyes de la física, también se cumplen las leyes de la economía.
