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El tarifazo está en el ojo de la tormenta

Las salidas no serán indoloras, pero los tiempos para el gradualismo sin plan se están agotando: o cambian los procedimientos, o cambian las personas a cargo de estas decisiones, o ambos.

14-07-2016
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por Héctor Rubini (*)

La credibilidad y reputación de las autoridades está en la cuerda floja. La esperanza en un verdadero cambio estructural ha quedado fuertemente erosionada por el desordenado y crecientemente irritante ajuste de tarifas. Llamativamente, se observa un grado de impericia inadmisible tanto por parte de  los funcionarios del área energética como de los coordinadores de políticas económicas de la Jefatura de Gabinete.

A la sucesión de subas de tarifas de servicios con porcentajes que dejan al Rodrigazo de 1975 al nivel de un microbio, se observan deficiencias de todo tipo y que, en principio, no se limitan a la política tarifaria.

Desconocimiento de los efectos intersectoriales cruzados de cambios en precios absolutos y relativos, y de cuñas (impuestos y/o precios oficiales tope) sobre precios de bienes y servicios.

Desconocimiento de los efectos distributivos e intertemporales de esos cambios.

Supuesto, visiblemente errado, de que los efectos observados en los puntos anteriores son despreciables y, por tanto, divorciados de toda influencia sobre el estado de opinión respecto de la gestión del Gobierno, y sobre la construcción de expectativas con miras a las elecciones legislativas del año próximo.

El escenario

Las acciones de amparo iniciadas contra estos ajustes han sido exitosas y el circuito de fallos y apelaciones en varias provincias ha conducido a resoluciones judiciales en contra del ajuste de tarifas públicas. Esto no es ninguna solución. Retrotraer tarifas públicas a los niveles de marzo pasado podría ser practicable, ¿pero respecto de qué nivel de tarifas futuras deberían aplicarse descuentos para así “resarcir” a los usuarios? Algunos colegas esperaban o deseaban que en esta semana la Corte Suprema ponga punto final a este problema. La Corte, como era de esperar, pasó el problema

para agosto, después de la Feria Judicial de julio. Sostener el congelamiento populista de tarifas de la administración anterior es, sin dudas, inviable. Removerlo y ajustarlo “a lo bruto” también. Si

se quería hacer un shock, ya se perdió la oportunidad: transcurrió un semestre con una sucesión de ajustes graduales mezclados con la emisión de boletas con subas desproporcionadas, más en línea con la errada política de regulación de precios de la administración anterior que con un diseño profesional, como se esperaba del nuevo staff de CEO's y PhD's en diciembre pasado.

Queremos preguntar

El resultado no es sólo el enojo (y las burlas) de usuarios ideológicamente en contra de Cambiemos. No pocos votantes del oficialismo empiezan a formular preguntas que desde hace meses venimos haciendo, inicialmente en minoría, unos pocos economistas.

¿Cuál es el criterio general de política en materia de “sinceramiento” de precios e ingresos?

Si la herencia recibida no es ni de una economía floreciente, ni de un escenario político favorable, ¿por qué podía ser más prioritario no tener un “superministro” en temas económicos, que optar por un control único y realmente eficiente de las políticas económicas en la nueva etapa?

¿Cómo es posible que se haya montado una eficiente arquitectura política y de negociación para resolver el conflicto con los holdouts y se haya, en cierto modo, subestimado el diseño de un programa de ajuste de tarifas según mínimos criterios de análisis de costos y beneficios?

Las autoridades siguen sin dar respuestas convincentes ni satisfactorias a estas preguntas, incómodas pero inevitables. Limitar el ajuste de las tarifas de gas a un tope de 400% tampoco es una solución mínimamente eficiente y racional, y no sólo porque nadie sabe en base a qué alguien imaginó ese porcentaje como tope, y el Poder Ejecutivo lo eligió como “bueno”.

Tómese por caso cualquier gran consumidor, residencial o empresarial. Como la suba noserá superior a 400%, cualquiera sea el volumen consumido, quien lo pueda pagar consumirá “a piacere” cualquier nivel de metros cúbicos de gas natural. Pésima señal, y contradictoria, al menos, con la nada feliz frase del Presidente que atribuye el problema energético a consumidores “en remera y en pata”, y no a la desastrosa política tarifaria y energética del período 2002- 2015, no totalmente modificada por su propia Administración. De hecho, el ejemplo lo podría dar el propio sector público con su pésima asignación de recursos. Pruebas al canto: el autor de este artículo y un familiar directo se contagiaron de gripe dos semanas atrás en el Hospital de Clínicas, por el frío polar que médicos y pacientes padecen en ese nosocomio. Pero ayer el autor de esta nota comprobó un calor casi tropical en un ministerio de este Gobierno. Pregunta odiosa, pero inevitable. ¿El Presidente conoce los hábitos de consumidores que no conoce, pero no así el consumo de energía de las reparticiones a su cargo? Más preguntas. Como en cualquier otra cuestión económica, no se pueden ignorar las inevitables consecuencias. La supuesta reducción del déficit fiscal que anunció el ministro de Hacienda en enero residía en la aplicación de un fuerte ajuste de tarifas, que no generaría reacción alguna ni tendría impacto adverso alguno. Ahora, luego del éxito de los amparos judiciales, no hay forma de imaginar qué resolverá la Corte Suprema en el mes próximo. Si aprueba los ajustes, introduce al Poder Ejecutivo en un escenario político altamente conflictivo que se puede tornar muy difícil de manejar. Si no lo hace, ¿cómo pensar en una moderación, al menos, del descontrolado déficit fiscal?

Y respecto del Presupuesto 2017, ¿continuará sin cambios la discrecionalidad del jefe de Gabinete para modificar partidas presupuestarias sin control externo alguno? ¿Se mantendrá sin cambios  a subordinación del BCRA al Tesoro, más que confirmada con el Decreto 834/2016 del 7 de julio pasado por el cual el Tesoro utilizará reservas internacionales para pagar deuda externa, entregando al BCRA letras ilíquidas como en la administración kirchnerista? ¿Se mantendrá sin cambios el aumento sin límite visible de la deuda cuasi fiscal del BCRA para controlar la emisión presente de dinero, dependiendo la sustentabilidad de esa mecánicade las expectativas del sistema bancario? ¿Habrá nuevos tarifazos en 2017? Y, en caso afirmativo, ¿de qué magnitud?

Las salidas no serán indoloras, pero los tiempos para el gradualismo sin plan se están agotando: o cambian los procedimientos, o cambian las personas a cargo de estas decisiones, o ambos. Tarde o temprano, Cambiemos tendrá que aplicar el verbo “cambiar”. Si algo está quedando en claro es que el camino elegido, al menos en estos últimos 4-6 meses, conduce a cualquier cosa, que no tiene nada que ver ni con crecimiento económico ni con la estabilidad de precios ni de expectativas.

(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.

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