La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y PedidosYa por presuntas cláusulas abusivas en su contratación e información engañosa.
Según detalló el Gobierno, las plataformas incluyen en sus términos y condiciones algunas cláusulas que resultan abusivas ya que deslindan de responsabilidad frente a los consumidores. Además, señalaron que para acceder al servicio “se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente”.
“En el caso de Rappi y Glovo, cuando el consumidor accede a la app acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de a la empresa prestataria del servicio, lo que se conoce como contrato de mandato. De esta manera, las compañías pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse en la relación de consumo”, señalaron desde la Subsecretaría.
A su vez, cuando un consumidor adhiere a los términos y condiciones del servicio ofrecido por las compañías, “no puede prever que lo que está suscribiendo es un contrato con el trabajador de cadetería, ya que la información proporcionada no es suficientemente clara al respecto”.
En el caso puntual de Glovo, el Gobierno resaltó que en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido de arrepentimiento, en productos no perecederos. “Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra”, explicaron.
“Además, la empresa establece que cualquier reclamo y consigna deberá realizarse en los Tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Este tipo de cláusulas están prohibidas por nuestra legislación, ya que no se puede condicionar o limitar el acceso a la justicia al disponer una jurisdicción distinta al lugar del domicilio del consumidor”, resaltaron desde Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
En tanto PedidosYa, el Gobierno denuncia que se deslinda de las responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma y se reserva la posibilidad de dar de bajo o rechazar a los usuarios sin expresar motivos que, por lo menos, justifiquen la medida.
Asimismo, en los términos y condiciones se hace referencia a otros instrumentos, pero no se especifica cuáles son, lo que prestaría a confusiones.
“Este tipo de cláusulas en los términos y condiciones de contratación vulneran los derechos de las y los consumidores establecidos en la Ley 24.240, ya que la modalidad contractual establecida por las firmas, implicaría una desnaturalización de sus obligaciones y limitaría su responsabilidad frente al consumidor por cualquier daño que se pudiera ocasionar durante el servicio que brindan. Esto las haría incurrir en infracción ya que no brindarían información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente prestan”, concluyeron.
A partir de hoy, las empresas tienen 5 días hábiles, improrrogables, para el descargo. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los $5 millones.
