El Gobierno, a través del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), eliminó las normas que ponían tope a los precios y fijaban límites a los aumentos mensuales de las tarifas de internet, telefonía celular y cable. El pasado lunes las compañías habían obtenido un fallo favorable para dejar de ser consideradas servicio público.
A través de la Resolución 13/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo eliminó las regulaciones de la anterior gestión, a cargo de Claudio Ambrosini, que fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual.
Así, en el marco del DNU 70/2023, que busca la desregulación de la economía, la normativa elimina resoluciones dictadas entre 2020 y 2023 que ponían topes a los incrementos.
El texto lleva la firma del interventor Juan Martín Ozores (consultor y ex empleado de Movistar) y los interventores adjuntos Patricia Roldán, abogada con 30 años de carrera en organismos estatales; y el ex director del ENACOM en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
La medida llega luego de que se dieran a conocer cifras de un estudio de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que revelaron que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo en medio de la recesión. Además, el 65,3% de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de televisión paga.
Por la crisis, el 70% de los hogares argentinos redujeron sus servicios de internet y TV
La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de su último informe, el CABASE Internet Index, que analiza la situación de la conectividad y la infraestructura de internet en Argentina. Según el estudio, el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. De manera similar, el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga.
Ante esta situación, Ariel Graizer, Presidente de CABASE, destacó la colaboración de los proveedores del sector, mayoritariamente PyMEs y cooperativas, quienes ofrecieron descuentos y promociones especiales a los usuarios afectados.
El informe detalla que, como resultado de estas medidas, los pedidos de baja definitiva de servicios se mantuvieron bajos en categorías como la telefonía fija, internet fijo y TV paga, con porcentajes de 1,2%, 1,9% y 3%, respectivamente. No obstante, el servicio de streaming mostró una mayor incidencia de bajas, con un 10% de usuarios que solicitó cancelar su suscripción.
Entre las estrategias adoptadas por los usuarios de internet fijo, un 44% solicitó la baja y obtuvo descuentos, mientras que un 10,1% optó por cambiar a un proveedor más económico. En el caso del streaming, donde las negociaciones de precio son limitadas, el 41,9% buscó medidas paliativas, y un 10,3% optó por servicios más asequibles.
El estudio también destacó que la accesibilidad de los servicios de conectividad es importante para el desarrollo económico y social, reflejando la importancia cada vez mayor de la conectividad en áreas como la educación, el trabajo y el entretenimiento. Sin embargo, el costo promedio del servicio de internet fijo en Argentina sigue representando aproximadamente el 4% de los ingresos promedio por hogar, por encima del umbral del 2% establecido por la ONU para servicios básicos de banda ancha.
Graizer subrayó la necesidad de ajustes en las condiciones macroeconómicas para mejorar la accesibilidad de los servicios de conectividad, lo cual no solo facilitaría una mayor penetración en hogares de bajos ingresos, sino que también apoyaría a las PyMEs y cooperativas del sector en sus esfuerzos por mantener y expandir las redes de infraestructura.
Las empresas de telecomunicaciones ganaron la batalla judicial contra el DNU que las declaró servicio público
Un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este lunes una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaró la nulidad del Decreto 690/2020, que establecía que "los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia".
La decisión de la Cámara llegó tras un planteo original de la empresa Telecom Argentina, que presta servicios de telefonía, cable y acceso a internet, en el que cuestionó la constitucionalidad del decreto y planteó que hasta su dictado podía "fijar libremente los precios". Además, rechazó las restricciones que la categoría de "servicio público" le imponía a sus operaciones.
En su fallo, los jueces afirmaron que para declarar una actividad como un servicio público se requiere de una ley del Congreso.
