6 noviembre de 2025
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La división de transporte del Grupo México, uno de los conglomerados más grandes del país norteamericano —con una capitalización bursátil de US$ 27.316 millones—, manifestó al Gobierno argentino su interés en participar en todas las licitaciones para la privatización del Belgrano Cargas y la Línea San Martín, según confirmaron fuentes oficiales y privadas a Infobae.
El Ejecutivo planea lanzar el concurso internacional entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, que constará de tres fases: adjudicación de material rodante, concesión de vías y uso de talleres ferroviarios. Grupo México Transportes (GMXT) prevé competir en cada una de ellas y ya anticipó una inversión superior a US$ 3.000 millones. Su objetivo: aprovechar el desarrollo de la minería, la energía y el agro argentinos mediante un servicio ferroviario moderno y eficiente.
GMXT opera el sistema ferroviario más extenso de México, el mayor de Florida (EE.UU.) y pronto sumará una línea en Texas. Mueve más de 100 millones de toneladas anuales y tiene como socio a Union Pacific, el ferrocarril de carga más grande del mundo. Su propietario, Germán Larrea Mota Velasco, es uno de los empresarios más influyentes de América Latina.
La licitación también despertó el interés de actores locales. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, ACA y Aceitera General Deheza preparan una propuesta conjunta para competir por el Belgrano Cargas. "Resulta fundamental un ferrocarril que impulse el desarrollo productivo de zonas alejadas", remarcó la BCR, en referencia al potencial del Noroeste argentino.
El Gobierno avanzará con una desintegración vertical de Belgrano Cargas y Logística (BCYL), separando sus unidades de negocio. La empresa hoy opera 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias, que pasarán a concesión privada, aunque las vías y los terrenos seguirán siendo del Estado. El proceso está bajo la órbita de Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía.
El esquema prevé un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde los concesionarios deberán permitir el tránsito de distintas compañías a cambio de una tarifa regulada. El objetivo es crear un mercado ferroviario competitivo, transparente y atractivo tanto para inversores locales como internacionales.
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