Por Jorge Colina (*)
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía históricamente el 1,4% de la coparticipación federal de impuestos. En enero del 2016, apenas asumido el expresidente Mauricio Macri, la Nación y la CABA firman un convenio de transferencia de la Policía Federal a la jurisdicción de CABA. Este era un tema pendiente de transferencias de servicios de la Nación a la Ciudad por la autonomía de esta última.
El convenio fue aprobado por la Legislatura de CABA pero no pasó por el Congreso Nacional. Como la parte que la Nación cedía era la que le corresponde al Estado Nacional, la transferencia se hizo por un mero decreto simple subiéndole la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75% a pagarse con lo que le corresponde a la Nación. Luego, con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos que se dispusieron en dicho consenso.
Un dato clave en el origen del conflicto es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo del servicio de seguridad que se estaba transfiriendo.
Luego viene el actual Gobierno y aduce que este porcentaje excede al gasto de la policía. De aquí que en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, el Gobierno Nacional promueve la sanción de una ley por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro Nacional le transferirá $24.500 millones anuales actualizables para sostener a la policía de la Ciudad. La actualización se hará con un índice “mixto” que se conforma de 80% salario y 20% inflación del Indec.
Es tan central el dato de que no se documentó en su momento cuál era el verdadero costo de la Policía, que ahora se hace muy difícil dirimir con transparencia y objetividad el conflicto entre las partes. El Gobierno Nacional dice que el costo actualizado es de $24.500 millones. Mirando los datos históricos de ejecución presupuestaria y actualizándolos por el índice “mixto” arroja que el costo sería de unos $38.200 millones. El incremento de coparticipación otorgado a CABA asciende a $57.200 millones.
Conclusión: CABA está recibiendo de coparticipación más plata que lo que le costaría los servicios de seguridad de la Ciudad, pero el costo de dichos servicios sería superior a lo que propone el Gobierno Nacional. De nuevo, si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado o, por lo menos, se habría contado con elementos más objetivos para dirimirlo.
El motivo por el cual CABA habría terminado recibiendo más plata es que la transferencia de recursos se fijó como porcentaje y no como monto fijo actualizable. Luego, como la masa coparticipable aumentó a partir de marzo del 2016 por un hecho extraordinario (la devolución del 15% que se destinaba a la Anses), los recursos coparticipables de CABA aumentaron más de lo que le cuesta la Policía.
Lo más triste es que esta nueva ley de coparticipación se comunica a la ciudadanía como un triunfo del federalismo y los gobernadores de provincias aplauden el acto, cuando es exactamente lo contrario. El esquema queda de la siguiente forma: el Estado Nacional le paga ?con recursos de todos los ciudadanos de Argentina? la policía a los porteños y, en el supuesto acto de justicia federalista, le quitó recursos a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires para que los gaste en el conurbano, o sea en la región metropolitana.
Esto pone al desnudo de que hay que terminar con la coparticipación federal. La coparticipación es un mecanismo que centraliza el 80% de la recaudación impositiva en el nivel nacional para luego redistribuirla a las jurisdicciones. Esto hace que los gobernadores estén más pendientes de que lo que les viene desde “arriba” (el Estado Nacional) que lo que sale desde “abajo” (los impuestos que pagan los contribuyentes).
Por este motivo, lo que hay que redistribuir no son recursos sino potestades tributarias. Esto es, determinar qué impuestos recauda la Nación para financiar lo que corresponda estrictamente a sus competencias y qué impuestos recaudan las provincias para financiar sus propias competencias. Esto implica que no debería haber transferencias de recursos fiscales entre la Nación y las provincias.
Ciertamente que las provincias del norte pueden no tener una base impositiva suficiente como para autofinanciarse. En este sentido, se debería pensar en un fondo de convergencia donde las provincias de mayores ingresos aporten por un tiempo (30 años) a fin de acelerar el desarrollo del norte y así generar bases impositivas más robustas que les permita a las provincias del norte auto-financiarse. Pero este fondo no sería la coparticipación, sino un fondo de desarrollo con plazo de vencimiento.
(*) Idesa
