por Héctor Rubini (*)
El escenario de estanflación se ha profundizado en las últimas semanas. El que no pueda visualizarlo desde indicadores oficiales ?ausentes por la emergencia estadística en curso?, lo puede observar recorriendo algunas provincias, y no necesariamente las más pobres. No era evitable este escenario si se apostaba a abandonar el “modelo” del Gobierno anterior, aunque en el sector privado asoma cierta percepción de lentitud de reacción de las autoridades. Si bien se cuenta con cierto tiempo para revertir esa lectura, el Gobierno espera un despegue económico con menor inflación para el segundo semestre, pero dicho período se iniciará dentro de apenas cuarenta y cinco días y el horizonte no luce tan claro.
Luego de la liberación cambiaria de diciembre pasado, la suba de los rendimientos de las Letras del BCRA (Lebac) apuntó a estabilizar expectativas de devaluación, y no las de inflación como algunos funcionarios han insinuado en las últimas semanas. Subir tarifas públicas y combustibles también, para intentar poner fin a la descapitalización de empresas de electricidad, gas y agua. La suba de los precios de combustibles apuntó a revertir el complicado estado en que la administración anterior dejó a la petrolera estatal. El traslado a precios, posterior al golpe inflacionario registrado entre mediados de noviembre y de diciembre de 2015, aceleró la suba mensual de precios desde febrero, hasta llegar en abril al récord de los últimos catorce años.
Sin reactivación de la inversión pública, y con tasas de interés que desalientan la inversión privada, el enfriamiento del consumo redujo la demanda agregada. La transitoria mejora en la entrada de divisas del agro no se perfila como suficiente para compensar el impacto negativo de la recesión de Brasil sobre la industria automotriz y la metalúrgica de nuestro país. Por el lado de los ingresos, el combo condujo a un inevitable descenso del ingreso disponible. Sin baja en tasas de interés ni en la presión impositiva heredada (la mayor de la Historia), el Gobierno optó por una compensación parcial vía transferencias a quienes perciben la jubilación mínima como único ingreso, y extender la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, el alivio para los sectores más desfavorecidos es costoso para el Fisco, y ante la aceleración de la inflación percibida es insuficiente.
Algo análogo ha ocurrido con la baja de retenciones a exportaciones específicas. En el caso de la minería, para promover nuevas inversiones. Anuncios para el futuro no faltan, pero la realidad indica que son escasas, cuando no inexistentes. En el caso de cereales y oleaginosas, la baja de retenciones apuntó a recomponer el ingreso disponible de los productores, pero en las provincias afectadas por exceso de lluvias, se requiere algún alivio tributario de emergencia. Por otro lado, la baja de retenciones aumentó los costos de no pocos productores ganaderos, tamberos y avícolas. También en este caso se percibe sensibilidad de las autoridades, pero la sucesión de medidas parciales han generado cierta percepción de falta de análisis de sus efectos cruzados.
En todos los casos, son medidas que deterioran la posición fiscal neta. Ya los números base caja del primer trimestre mostraron que los gastos corrientes del Sector Público No Financiero (SPNF) crecieron más que los ingresos corrientes. Habrá que esperar a este trimestre para observar si la baja de subsidios a empresas de servicios reducirá o no el déficit fiscal, pero hasta el ajuste lo realiza el sector privado, y no el sector público. Resultado inevitable: aumento de endeudamiento público (vía deuda documentada o atraso con proveedores y contratistas) y de emisión monetaria para financiarlo.
Si no se revierte el déficit fiscal récord heredado, se dificultará la reactivación económica. A su vez, hasta que no se reduzcan ni la inflación esperada ni la observada no habrá por qué esperar baja alguna en las tasas de interés, salvo que el Gobierno opte por una drástica devaluación de la moneda, acompañada por un programa de ajuste controlado de precios e ingresos. Sin haberse convocado al Consejo Económico y Social como se anunció en enero, y sin convicción para aplicar un programa (heterodoxo, por llamarlo de alguna forma) de shock, una condición necesaria para salir del pantano es una fuerte baja de impuestos.
Pero para que cierre con un programa de estabilización de precios, coherente con un sendero de solvencia fiscal, exige una mayor baja de gasto público. Esto último luce improbable. Primero, por un piso regulatorio que torna inflexible a la baja el llamado gasto social, con visible atraso frente a la inflación como es el caso de sueldos docentes de no pocas provincias y en el caso de los haberes jubilatorios. Segundo, por la necesidad de mayores gastos en infraestructura, prácticamente en todas las provincias. Tercero, por la maltrecha situación financiera de no pocas administraciones provinciales y municipales, varias de las cuales empiezan a embarcarse en una suerte de festival de bonos no muy diferente al de fines de los años '90.
En este contexto, y sin recuperación de la actividad económica, las medidas anunciadas por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, para las pequeñas y medianas empresas han sido, junto a la resolución del conflicto con los holdouts, unas de las más acertadas de los últimos 3-4 meses. Sin embargo, son insuficientes. Se requiere un programa más agresivo de alivio fiscal, con señales de efectivo ajuste del gasto en el Estado y una estrategia antiinflacionaria coherente con una mejora del tipo de cambio real.
En suma, el abandono de un régimen de comando y control, en los antípodas de una economía dinámica y competitiva, ha sido un logro que no se puede dejar de valorar. Pero urge un set de reglas juego orientado hacia una mejora del tipo de cambio real, inflación y déficit fiscal en descenso, y reactivación de la actividad y el empleo. Caso contrario, se retornará y sin muchas diferencias, a un sendero de expansión de demanda insostenible, con bajo crecimiento, inflación y atraso cambiario.
Para las autoridades esto se revertirá de manera contundente e irreversible en el próximo semestre. Empresarios y economistas del sector privado no lo tienen tan claro. Esperemos que así sea. En economía, al igual que en política, mandan los resultados, y no las intenciones. Si se inicia otro período de seis o más meses de estanflación, las autoridades se encontrarán en serias dificultades para contener reclamos sectoriales, y esto pondrá en serio riesgo no sólo la estabilidad macroeconómica de corto plazo sino las posibilidades electorales del oficialismo en las elecciones legislativas del año próximo.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
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