22 diciembre de 2025
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa del oficialismo que busca redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, con cambios en el régimen penal tributario, los procedimientos de fiscalización y el esquema de declaración del Impuesto a las Ganancias. Aunque en el debate público se lo vinculó con los llamados "dólares del colchón", el texto no establece un blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto.
El eje central de la ley es el principio de inocencia fiscal, que parte de considerar a los contribuyentes como cumplidores salvo prueba en contrario. A partir de este enfoque, la administración tributaria deberá focalizar controles y persecución penal en casos con pruebas concretas de evasión o dolo, y no en presunciones automáticas.
- El objetivo declarado es simplificar trámites, reducir la carga administrativa y fomentar el cumplimiento voluntario.
En materia penal, la reforma actualiza los montos mínimos que convierten una infracción administrativa en delito, ajustándolos por la inflación acumulada desde 2017. También se mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda antes de que el fisco actúe, aunque este beneficio solo podrá usarse una vez por contribuyente. Además, la acción penal se extinguirá si prescriben las facultades del Estado para reclamar el tributo, alineando los plazos administrativos y penales.
El proyecto introduce cambios relevantes en los procedimientos y sanciones: reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años para contribuyentes cumplidores, mantiene diez años para no inscriptos y elimina la suspensión automática de la prescripción por determinaciones de oficio. También prevé fuertes rebajas de multas administrativas, de hasta el 90%, para personas humanas y pymes que no sean grandes contribuyentes.
Por último, se crea un régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. En ese esquema, el fisco confeccionará la declaración con la información disponible y, si se paga en término, se liberan otras obligaciones formales.
El impacto sobre los "dólares del colchón" sería indirecto: al limitar presunciones automáticas y la exigencia de justificar variaciones patrimoniales, se reduce el riesgo de inspecciones, aunque el Estado conserva la potestad de fiscalizar ante inconsistencias relevantes.
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