Dado que Argentina enfrenta problemas graves como la pobreza, falta de trabajo genuino, destrucción de la cultura productiva, falta de visión estratégica pública y privada, cadenas regionales en crisis, iniciativas gubernamentales sobre intromisión en la propiedad privada y un Estado sobredimensionado y dilapidador de recursos, debemos producir un giro copernicano como país con el objetivo de lograr un aporte creador de valor diferencial a través del desarrollo de la economía productiva, fomentando el riesgo privado con proyectos profesionales estructurados bajo fideicomisos, donde se manifieste el rol de la política al servicio del progreso por medio de la inversión, creando cultura de producción y promoviendo políticas públicas en beneficio del interés común.
Desde hace muchos años esto es posible, porque contamos en nuestra legislación con el instrumento diferencial para llevarlo a cabo, que es el Fideicomiso y los Fondos de Inversión Directa (FID), instrumentos del derecho privado que también puede ser utilizado para promover las políticas de faros largos del Estado, pero solo si se lo instrumenta por medio de equipos profesionales jerarquizados, con profundo conocimiento de la materia e idóneos en su aplicación práctica, focalizados en los proyectos de la economía real.
El valor del fideicomiso productivo, siempre que esté bien diseñado, estructurado y gestionado, consiste en evitar los abusos del Estado dando seguridad jurídica y especificidad, con el liderazgo del capital de riesgo privado, lo que constituye un factor disruptivo para atraer inversiones que no se interesan si el prometido éxito depende del Estado.
Entonces podemos postular una tríada integral que es estratégica y determinante, formada por el “Plan de Negocios, los Fondos de Inversión Directa y las Inversiones de Riesgo Productivo”. Así, con el objetivo de diseñar programas productivos sobre estructuras fiduciarias que partan de planes de negocios profesionales, se convoca a los inversores para potenciar proyectos “a medida y con menor riesgo argentino”.
Va de suyo que nos referimos a un programa con procedimientos exhaustivos de control, tanto del “fiduciario independiente” como de auditores designados por el Estado, con la obligación de rendir cuentas regularmente ya que el riesgo debe quedar acotado al diseño del proyecto, su calidad y gerenciamiento. Para implementarlo, debemos construir equipos multidisciplinarios con apoyo real y horizonte definido, con jerarquizado liderazgo y coordinación para que todos los actores necesarios puedan convertirse en un equipo eficiente, que se focalice en FID para promover los mejores proyectos que sinergice la creatividad y el impulso empresario con el trabajo y desarrollo local, apoyados con políticas públicas de valor.
Ahora bien, para que esto sea realizado de manera adecuada y eficiente debemos articular garantías en el diseño e implementación y eso consiste, en planificar un programa de proyectos mixtos que vayan lanzando diferentes fideicomisos para las diferentes actividades productivas generadoras de trabajo y que promuevan el uso sostenible de los recursos regionales, fomentado la radicación y el desarrollo humano, ambiental y cultural. La otra garantía es la supervisión pública a través de esquemas de control y auditorias que obliguen el cumplimiento de todos los involucrados, y que los bienes no sean desviados del fin prestablecido.
Argentina necesita recuperar su economía pospandémica y los estados provinciales también deben diseñar su propio plan estratégico integral que promueva las inversiones productivas de calidad, recuperando las economías locales y el alicaído impulso privado para que, con tecnología, conocimiento y facilidades, puedan transformar rápidamente la realidad. Deben rescatar el concepto de cadenas productivas regionales como creadoras de valor con impacto local, ya que hoy sobreviven en el mayor desconcierto y sufren fundamentalmente, la falta de management y financiamiento.
Pero todo esto, con visión estratégica, coordinación, integración y apoyo concreto, podría revertirse para aprovechar el capital humano y el expertise de las empresas, fundamentalmente las pymes y miepymes de cada región, para relanzar la producción y ser generadoras de inversiones con impacto positivo traducido en valor social, ambiental y económico.
