Caso Adorni: qué pasa con la ley penal tributaria, Bienes Personales y los fiscos provinciales
Las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una entrevista concedida a LN+ destaparon un debate que está atravesado por la cuestión ética y la impositiva.
Es que, más allá de asegurar que realizó ante ARCA una rectificación de sus declaraciones juradas de Ganancias, el funcionario manifestó abiertamente que evadió impuestos como la mayoría de los argentinos.
Hablamos de una de las personas que ocupa uno de los puestos más importantes del Gobierno nacional y que representa a uno de los poderes del Estado que, entre otras cosas, tiene a su cargo hacer cumplir las normas tributarias.
Por eso, cabe preguntarse qué efecto tendrán estas palabras en quienes presentan sus declaraciones juradas en término y pagan religiosamente sus impuestos.
El Economista consultó con varios asesores impositivos, que hicieron referencia a la causa aunque prefirieron el anonimato para evitar conflictos con los involucrados, con funcionarios del Gobierno o sus seguidores.
En líneas generales, la mayoría reprobó los comentarios vertidos por Adorni y calificó a sus declaraciones como reprochables desde el punto de vista ético y moral. Sin embargo, aseguraron que, si la situación particular fue como dijo el funcionario, no debería temer un castigo por parte de ARCA.
¿Qué pasa con la ley penal?
Un profesional que peina canas y que supo estar al mando de equipos en grandes consultoras impositivas, aseguró que el Jefe de Gabinete no tendrá que preocuparse de las penas que rigen en la ley penal tributaria.
“Hay dos argumentos válidos para este caso. Primero, las operaciones se hicieron hace tantos años que el fisco no podría accionar el cobro de impuestos porque estarían prescriptos”, afirmó.
“El segundo es que el funcionario habría adherido al régimen de Ganancias simplificado, por lo que tendría cubierto los períodos anteriores al 2025, gracias al tapón fiscal”, sostuvo. “El tapón fiscal mata delitos tributarios, infracciones tributarias, intereses y hasta el impuesto”, añadió otro tributarista.
La duda que cabe entre algunos asesores consultados es si ya presentó la declaración jurada del 2025, ya que el vencimiento opera a fines del mes que viene. Si no lo hizo, según advirtió uno de los tributaristas consultados por este medio, ARCA podría iniciar una investigación tras las rectificativas presentadas por Adorni.
“A veces, ante una rectificación de una declaración jurada, el fisco inicia una inspección para corroborar que esté correcta la presentación nueva. Podría ocurrir en este caso, aunque no es una regla fija que lo hagan”, dijo otro contador.
Ahora bien, si ya presentó la declaración jurada de 2025 por el régimen simplificado de Ganancias, entonces la cosa cambia, ya que se activaría el tapón fiscal y sólo podría ser investigado si ARCA detecta una diferencia significativa superior al 15%.
“Lo que va a tener que probar ante la Justicia, en todo caso, es que es el verdadero propietario de los Bitcoins”, advirtió el titular de un estudio importante, quien aseguró que “esa no será una tarea sencilla”.
Otro contador coincidió con sus colegas sobre el bajo riesgo que representa en términos impositivos las declaraciones públicas de Adorni, pero resaltó que el problema puede existir en materia legal por ocultar bienes siendo funcionario público.
¿Qué pasa con Bienes Personales?
Los tributaristas consultados coincidieron que, además de ganancias, el funcionario debería rectificar sus declaraciones juradas de bienes personales, que es un impuesto que se aplica al patrimonio de las personas.
“Si tuvo un incremento patrimonial debería declararlo en Bienes Personales”, aseguró un asesor y aclaró que “a la hora de pagar, debería también incluir los intereses que se generaron en cada período”.
La clave, según aclararon a este medio, es que no tiene que pagar por todos los años, sino por aquellos períodos que no prescribieron. El otro detalle importante que señalaron es que este impuesto no entra dentro de la protección del tapón fiscal, ya que solo cubre ganancias e IVA.
“Tiene que rectificar las declaraciones de Bienes Personales, sí”, dijo un tributarista de renombre, aunque aclaró que “por los montos involucrados, no quedaría dentro de los parámetros establecidos en la ley penal tributaria”. O sea que no habría evasión simple o agravada y no debería temer ninguna pena de prisión por estos delitos.
¿Qué pasa con los fiscos provinciales?
Dado que Adorni presentó nuevas declaraciones juradas en Ganancias, este medio consultó a los tributaristas sobre la posibilidad de que los fiscos provinciales reclamen también el pago de impuestos que cobran.
Los asesores coincidieron en que tanto el fisco bonaerense como el porteño estarían en condiciones de investigar si el funcionario, además de las operaciones con criptomonedas, realizó otras operaciones alcanzadas por Ingresos Brutos con posterioridad.
“Pueden presumir perfectamente que no abonó Ingresos Brutos y comenzar a indagar para cobrarle por todos los períodos no prescriptos, más intereses y multas”, sostuvo un contador con certeza.
No obstante, también estuvieron de acuerdo con que no sería una tarea sencilla para estos inspectores demostrar que, además de la evasión en ganancias y bienes personales, dejó de pagar impuestos que recauda AGIP o ARBA.
Por último, un asesor tributario sostuvo que el momento que eligió Adorni para hacer sus declaraciones no pudo ser peor, ya que el Gobierno busca aprobar un proyecto que contiene reformas clave en la ley de inocencia fiscal. “Le subió el precio a la negociación en el Congreso”, dijo.
“La oposición seguramente reclamará que se incluya una modificación en el proyecto que envió el Gobierno para que, a raíz de los trascendidos de los funcionarios que adhirieron, sean excluidos ellos y sus familiares de la posibilidad de que presenten sus declaraciones con el régimen simplificado o, al menos, que no tengan el beneficio del tapón fiscal”, resaltó otro.
Queda claro que la situación de Adorni en lo tributario estaría saldada -al menos respecto a ARCA, ya que cabría la posibilidad de que no suceda lo mismo con los fiscos provinciales- y que no tendría probabilidades de ir a prisión. Del mismo modo, la puerta de la Justicia está abierta y podría tener consecuencias por sus declaraciones o sus demoras.
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