Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich denunció este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol, por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano. La exministra de Seguridad calificó el accionar de los dirigentes como "mafioso" y sostuvo que ese tipo de prácticas "ensucian al fútbol argentino", al tiempo que reclamó una investigación profunda e independiente.
En un extenso posteo en la red social X (ex Twitter), Bullrich apuntó contra el manejo de los recursos de la AFA y lanzó una batería de preguntas: "¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?". Para la senadora, "la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta".
La presentación formal solicita la apertura de una investigación preliminar y se apoya en documentación oficial, expedientes judiciales abiertos en la Argentina e informes administrativos, en un contexto donde ya existen pesquisas en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial que involucran a empresas y personas del entorno dirigencial de la AFA.
Según el escrito, los hechos denunciados comprometen los principios de integridad, transparencia, deber fiduciario, prevención del lavado de dinero y ausencia de conflictos de intereses exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro.
Uno de los ejes centrales es la investigación judicial sobre Real Central S.R.L., sociedad integrada formalmente por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros. De acuerdo con la denuncia, la empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes de altísimo valor incompatibles con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con estancia, helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.
La secuencia dominial del inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. -proveedora oficial de la AFA- y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Además, las expensas y gastos de mantenimiento figuraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA, y a Juan Pablo Beacon, exdirector general ejecutivo del organismo.
La denuncia también pone bajo la lupa las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. En particular, cita el Boletín N.° 6089 de la AFA, del 25 de marzo de 2022, que da cuenta de la contratación directa de Malte S.R.L. por un monto aproximado de US$ 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR. Si bien el documento oficial alude a la "reconocida trayectoria" de la firma, la presentación advierte sobre vínculos societarios y personales con exdirectivos, lo que abre interrogantes por conflictos de intereses y falta de transparencia.
Otro punto clave es el crecimiento patrimonial abrupto de Real Central S.R.L. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial describen un incremento exponencial de activos en paralelo al fortalecimiento de vínculos con la dirigencia de la AFA. La sociedad declaró más de 59 vehículos de lujo -entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz- además de autos clásicos. En los procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de lujo, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings, todos a nombre de la empresa, un perfil patrimonial que la denuncia considera "absolutamente incompatible" con la actividad declarada.
En paralelo, el escrito menciona la causa federal vinculada a Sur Finanzas, empresa relacionada con "Chiqui" Tapia, en la que se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA y en 17/18 clubes de distintas categorías. La investigación analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, y sostiene que habría operado como instrumento financiero recurrente dentro del ecosistema de clubes, generando dependencias económicas, exclusividades contractuales y una posible afectación de la autonomía institucional. El expediente alcanza a 17 equipos y examina un esquema de préstamos sobredimensionados para canalizar fondos de origen ilícito.
A estas causas se suman observaciones administrativas de la Inspección General de Justicia (IGJ): la AFA presenta ocho años de estados contables sin aprobación, con partidas observadas que incluyen US$ 18 millones en gastos administrativos y de gestión, US$ 3,5 millones en pagos al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica, US$ 44 millones en gastos de selecciones nacionales y US$ 12,5 millones en aportes y subsidios a FIFA y Conmebol, entre otros rubros, totalizando más de US$ 111 millones sin adecuada justificación. Asimismo, la DGI presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a $7.000 millones, atribuidas a la conducción actual.
El marco normativo de la Conmebol prohíbe expresamente la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la competencia autónoma de su Tribunal de Ética, independiente de las investigaciones penales o administrativas nacionales. La denuncia enfatiza que la existencia de causas judiciales abiertas refuerza el deber institucional de evaluar si las conductas afectan los principios éticos y de gobernanza del fútbol sudamericano.
En respuesta, Toviggino salió al cruce de Bullrich en redes sociales y sostuvo que "la AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado", que sus recursos "no son públicos" y que sus contrataciones "no se rigen por la ley de compras públicas". Afirmó además que los ingresos de la Selección Campeona del Mundo se destinan a sostener una estructura de 1.300 trabajadores, sin subsidios estatales, y al mantenimiento de predios donde entrenan 24 selecciones nacionales, con 1.000 personas circulando a diario y 400 atletas alimentándose en sus comedores. En tono confrontativo, sugirió que la senadora "se concentre en la corrupción de su propio gobierno".
Mientras tanto, la Justicia profundiza las investigaciones y el gobierno de Javier Milei mantiene una disputa de fondo con la conducción de la AFA, atravesada por el debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), a lo que Tapia se opone.
La Comisión de Ética de la Conmebol, integrada por Juan Bautista Mahiques (Argentina), Rudolf Fischer Schenk (Paraguay), Juan Andrés Osorio (Venezuela), Natale Amprimo Plá (Perú) y Joao Rafael de Sousa Caetano Soares (Brasil), deberá decidir si da curso a la denuncia y avanza con la investigación. Bullrich dejó constancia de que la presentación podrá ampliarse a medida que surjan nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales o informes relevantes.
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