La Fundación Apolo presentó hoy una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por inconstitucionalidad de la arbitraria imposición, dispuesta por decreto, sobre todos los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos. La medida quedó radicada en el juzgado contencioso Nº 7, a cargo del juez subrogante Pablo Cayssials.
La acción fue presentada por el presidente de la fundación, Antonio Fratamico y los apoderados legales Yamil Santoro y José Magioncalda. Cuentan con el patrocinio legal de Juan Martín Fazio. Apolo convocó para esta acción a ciudadanos que poseen una cuenta cripto y realizan ese tipo de transacciones, viéndose perjudicados por esta violación de sus derechos constitucionales fundamentales.
En Apolo recuerdan que, en noviembre, el Gobierno dispuso, a partir del decreto 796/2021, que toda comercialización de monedas digitales se grave con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (IDCB).
En el decreto, dicen desde Apolo, se agrega un párrafo, que señalan como inconstitucional, que excluye de las exenciones del IDCB (decreto 380/2001) los movimientos de fondos vinculados con operaciones de criptoactivos.
Entonces, la norma que emitió el Poder Ejecutivo a través del Presidente, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, establece que las criptomonedas en la Argentina deberán pagar a partir de ese momento el impuesto al cheque. Ninguna de las operaciones con ese instrumento financiero estará exenta de esta tributación.
“A través de la medida que emitió el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno pretende limitar, cercenar y vulnerar ?de manera ilegítima y arbitraria? derechos fundamentales y garantías reconocidos en nuestra Ley Suprema”, señalan desde la fundación.
La visión del Gobierno
En noviembre, el secretario de Política Trbutaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, dijo que “el decreto aclara que las operaciones con criptomonedas, criptoactivos y similares no están alcanzadas por las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”, ya que éstas no tienen por objetivo “promover un sistema de pagos eficiente y mayor inclusión financiera”.
"El decreto hoy publicado brinda mayor certeza, pero la realidad es que tales operaciones siempre estuvieron alcanzadas por la definición del Impuesto sobre los Créditos y Débitos", explicó Arias.
