Las empresas argentinas que prestan servicios de compra, venta y tenencia de criptomonedas presentaron hoy un documento en el que plantean los lineamientos para una regulación del sector en el país. El objetivo es incorporar los activos y las transacciones al sistema financiero tradicional.
"Dado que observamos el comienzo de un inminente proceso regulatorio tanto a nivel regional como global, proponemos una serie de lineamientos mínimos que deberían incorporarse en una ley nacional, para el caso en que se decida avanzar en una regulación", manifestaron hoy las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Fintech.
Esta iniciativa va de la mano de la de muchos países, en la región y en el mundo, de establecer leyes que acompañen la actividad, para así conseguir un marco operatorio más seguro y transparente para todas las partes. Además, se siguen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Brasil es uno de los países en la región que avanza en esta dirección, con media sanción a un proyecto de ley similar y, por su parte, en septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en legalizar el bitcoin.
Esta regulación alcanzaría a las más de dos millones de cuentas abiertas en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) locales y a todas las operaciones procesadas en proveedores del exterior o entre pares -las famosas Peer to Peer, o P2P-. Desde las empresas aseguran que, las últimas “han florecido y evolucionado sin la existencia de un marco regulatorio específico”.
La propuesta
Los ejes del documento incluyen que los PSAV sean reconocidos como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF); que haya una definición de los activos virtuales y de los proveedores de estos, basadas en conceptos amplios para abarcar a las nuevas tecnologías que surgen permanentemente; y que exista un reconocimiento expreso de la legalidad de la industria de activos virtuales.
También se plantea un esquema de registro de los PSAV; incluir al sector en el régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento; establecer la confidencialidad entre los sujetos que intervengan en operaciones con activos virtuales, así como los integrantes de los órganos de administración y fiscalización y su personal; y fijar la irreversibilidad de las operaciones con activos virtuales.
Además, desde las entidades remarcaron la importancia de encarar la propuesta de manera conjunta con el Estado: "El diálogo y la colaboración entre el sector público y los actores vinculados a blockchain y, en particular, a activos virtuales son la clave para lograr una regulación que garantice la seguridad y, al mismo tiempo, genere el espacio necesario para fomentar la innovación".
La tecnología blockchain está creciendo a pasos agigantados, viéndose cada vez más sus múltiples beneficios y facilidades. Sus comienzos en el ámbito privado rápidamente proliferaron a las esferas públicas por lo que, desde la cámara comentaron: “La evolución de la tecnología blockchain y los activos virtuales nos coloca en un punto fundacional, que modificará el paradigma del intercambio de valor. El momento actual puede compararse con (...) la aparición de los teléfonos inteligentes a finales de los 2000. Ninguno de esos sucesos fue percibido en el momento. El impacto de blockchain tendrá un recorrido similar, pero con una velocidad de adopción muy superior".
