Impulsados por el contexto de pandemia que propició dificultades económicas, restricciones en el mercado cambiario, elevada inflación y falta de herramientas de ahorro e inversión, las transacciones de criptoactivos en el mundo han crecido vertiginosamente, y Argentina no ha sido la excepción.
De acuerdo con un análisis realizado por la empresa Chainalysis, dedicada al análisis de datos del mundo cripto, Argentina se ubica entre los diez primeros países del estudio denominado “Indice Global de Adopción de Criptoactivos 2021”.
Si bien el mercado de los criptoactivos crece a pasos de gigante local e internacionalmente, aún resulta pequeño y requiere no solo de más y mejores herramientas que lo conecten con el mundo financiero y de procesamiento de pago tradicional, sino también de leyes y normas, que regulen ese nuevo mercado.
Actualmente Argentina no ha definido un organismo central de supervisión. El incremento de las transacciones de criptoactivos despertó, entre otras, la necesidad de ejercer control fiscal e incrementar la recaudación, por lo que, a partir del decreto 796/21, las criptomonedas están gravadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, no recayendo en forma directa sobre el comprador final, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan esa operación.
Por otra parte, en relación con las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, si bien no existe una norma específica de la Unidad de Información Financiera que considere a los exchanges como sujetos obligados, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una guía actualizada a octubre de 2021, para la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos respecto de los activos virtuales y sus proveedores, poniendo foco en la identificación y mitigación de sus riesgos y en la aplicación de medidas preventivas, entre otros.
Por su lado, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores han emitido conjuntamente un comunicado en mayo de 2021, alertando sobre los riesgos asociados a los criptoactivos, en base a las recomendaciones de organismos internacionales.
Es importante mencionar que, luego de años de estar en una zona gris que favoreció su desarrollo, la búsqueda de una regulación a mayor escala que la nacional sigue siendo primordial en esta materia. Ejemplo de ello es el trabajo que se encuentra realizando la Unión Europea, a través del Reglamento MiCA (Market in Crypto Assets), el cual constituirá una regulación unificada para los criptoactivos, aportando seguridad jurídica al mercado para los 27 miembros de la Unión Europea.
Dada las características propias de estos activos, como la extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia, sumado a que, en muchas ocasiones, el crimen organizado transnacional los utiliza como herramientas para prácticas ilegales como el lavado de activos, es momento que los países asuman el reto de impulsar regulaciones que acompañen su evolución.
