Datos oficiales
El año pasado se redujeron 70% las áreas afectadas por incendios forestales en relación a 2020, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El documento fue realizado por el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) en base a reportes oficiales elaborados por los Gobiernos provinciales. Desde organizaciones ambientalistas cuestionaron la lectura de los datos relevados.
Según las estadísticas oficiales, en 2021 se registró la menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales de los últimos cinco años, lo que representa unas 330.000 hectáreas, es decir el 70% menos que en 2020 cuando el fuego arrasó con 800.000 hectáreas.
Además, el reporte gubernamental destacó que en 2021 trabajaron en las provincias más de 1.500 brigadistas forestales y se destinaron 80 medios aéreos, entre aviones y helicópteros, por lo que mejoró la capacidad de acción del Sistema Nacional del Manejo del Fuego.
Una particularidad es que si bien hubo una mayor cantidad de reportes de incendios, la superficie afectada por el fuego fue menor. El año pasado se informaron más de 2.300 focos y resultaron afectadas 330.000 hectáreas. En 2020 fueron 1.700 focos notificados pero la superficie dañada fue de 1,1 millón de hectáreas.
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La presentación del reporte sobre el Manejo del Fuego se realizó casi en paralelo con la declaración del estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
"Muy probablemente, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año, situación que implica un abordaje muy diferente al que veníamos teniendo hasta ahora”, indicó poco antes de terminar 2020 el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.
Más dudas que certezas
Las provincias son las responsables del cuidado de sus recursos naturales. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tienen que reportar los focos de incendio, solicitar recursos al Ministerio de Ambiente nacional, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, administrarlos mediante una autoridad competente, y suministrar información confiable sobre el alcance del fuego y los daños ocasionados.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que la información dada por las jurisdicciones es incompleta y que hay provincias que ni siquiera cuentan con autoridad designada para el manejo del fuego. "Los datos son escasos e incompletos. Hay provincias que aún no han reglamentado el sistema, la Nación se encuentra con la disyuntiva de no saber a quién entregarle los recursos porque no hay autoridad designada. Los datos del reporte presentados son, al menos, dudosos y dan cuenta de la falta de coordinación existente porque cada reporte está hecho con un criterio diferente", indicó Ana Di Pangracio, directora de la organización.
Además consideró que no sólo es necesario hacer un análisis preciso sobre la cantidad de tierras afectadas sino también sobre qué tipo de áreas fueron devastadas. "No es lo mismo un bosque nativo que un pastizal donde el fuego es un factor natural. Es necesario que se haga un análisis más ecológico para conocer las especies que se perdieron y todo el material ambiental afectado que permita pensar estrategias de recuperación de ecosistemas", indicó Di Pangracio.
Sobre la declaración de emergencia ígnea, consideró que "es muy llamativo porque mientras anuncian que bajan los incendios, se reporta el estado de emergencia para trabajar en lo que ya habían dicho que venían haciendo. Se siguen apagando incendios en lugar de prevenirlos. Se destinó más presupuesto para tratar los incendios, pero eso no alcanza. Hay que tener una estrategia clara, coordinar acciones, saber aprovechar los recursos para enfrentar al fuego. También educar a las comunidades y hacer un ordenamiento territorial".
Más del 95% de los incendios forestales son producidos por acciones humanas. Durante el año pasado, el Gobierno nacional aumentó los recursos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hubo más aviones y helicópteros para apagar los focos. Al área se le destinó un presupuesto de $2.696 millones y fue ejecutado el 92%.
En este sentido, la organización Vida Silvestre pide que los delitos contra el ambiente y la naturaleza estén tipificados en el Código Penal de la Nación Argentina y que el Ejecutivo nacional dote de las herramientas para que la Justicia investigue. "Es necesario que los ciudadanos y entidades que no cumplan con el deber marcado por el artículo 41 de la Constitución Nacional respondan por sus actos ante toda la sociedad", indicaron.
