Eduardo Mondino finalizó su mandato como Defensor del Pueblo de la Nación el 6 de abril de 2009. Desde entonces tres presidentes gobernaron el país sin esta figura y las organizaciones de la sociedad civil continúan reclamando la creación de la comisión bicameral que decida en el Congreso el nombramiento de un nuevo titular.
La Defensoría se creó por la Ley 24.284 (y su modificación, la 24.379) en el ámbito del Poder Legislativo y ejerce sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. El objetivo de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, según el artículo 14 de la norma.
En diálogo con El Auditor.info Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que más allá de la necesidad de cubrir esa vacante porque es un rol fundamental dentro de la institucionalidad argentina, "justamente el defensor defiende los intereses de los ciudadanos”.
Para Clara Lucarella, abogada del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), es necesario ocupar el puesto por la relevancia que tienen sus funciones centrales. “Por un lado tiene a cargo la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, la crisis que vivimos durante la pandemia requiere de instituciones fuertes que garanticen los derechos de las personas vulnerables como aquellas que están en situación de pobreza o personas migrantes”.
En la misma línea, Secchi consideró que en los últimos dos años “vivimos en pandemia y tuvimos restricciones de todo tipo los ciudadanos, por ejemplo para circular, para viajar, para varias cosas que el defensor podría haber tenido una función especial”.
Otro rol fundamental del rol del Defensor -destacó Lucarella- tiene que ver con el control de los actos de gobierno, la intervención en causas judiciales, solicitar información específica o pedir que se produzca justamente para que se cumplan las políticas públicas a cargo del Estado nacional.
Reclamos ante el Congreso
A lo largo de estos 13 años con el puesto vacante, las organizaciones de la sociedad civil se unieron en reiteradas oportunidades reclamando al Congreso por el nombramiento. Según contó Marcelo Giullitti, abogado del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ, una de las acciones que llevaron a cabo fue judicial, viene desde el año 2015, y tiene sentencia firme.
Por esta presentación, Giullitti explicó que el Congreso de la Nación debería haber nombrado al Defensor del Pueblo, sin embargo continúa sin conformarse la comisión bicameral a pesar que se cambiaron las autoridades, que está funcionando con normalidad hace más de dos años. "Aún la Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo no está integrada”, remarcó.
“Otra de las acciones es una campaña pública junto a más de 50 organizaciones exigiendo que el Congreso motorice el nombramiento del Defensor. Creemos que es fundamental, particularmente en este momento donde venimos de una crisis sanitaria y nos encontramos en otra económica y social, que la figura deje de estar vacante y haya una persona que pueda trabajar en nombre de la comunidad vulnerabilizada”, concluyó el abogado.
