Tras casi tres semanas de clausura y protestas, La Salada, la mayor feria ilegal de ropa de América Latina, reabrió este lunes en Lomas de Zamora. Ocupa 18 hectáreas y emplea a más de 30.000 feriantes con 8.000 puestos distribuidos en tres predios: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña. Solo Ocean y Urkupiña retomaron actividades, con sus dueños presos o prófugos, bajo estrictos controles judiciales impuestos por el juez Luis Armella, que incluyen requisitos para formalizar operaciones.
La Salada mueve un gigantesco flujo económico. En los últimos cuatro años, según datos judiciales, generó más de $30.000 millones con la venta de ropa, 70% falsificada e importada, y otros productos. Los alquileres de espacios de 2x2 metros alcanzan los $2 millones mensuales, y los miércoles, día de mayor actividad, llegan micros con compradores mayoristas de Argentina y países vecinos.
- Sin embargo, esta cifra refleja solo el dinero formal de tres cuentas, ya que la mayoría de las transacciones son en efectivo y sin comprobantes, lo que dificulta dimensionar el negocio informal.

La Justicia exige ahora que los pagos se realicen con tarjeta para avanzar en la formalización del mercado, aunque el efectivo sigue predominando. Alrededor de la feria se teje un entramado comercial con vendedores ambulantes, carreros, cuidacoches y otros servicios informales que complementan los tours de compra. Este escenario refleja la complejidad de la informalidad laboral y los precios elevados de la indumentaria legal en comparación con otros países.
Los dueños de los predios enfrentan graves acusaciones. Jorge Omar Castillo, conocido como el "Rey de La Salada" y accionista de Punta Mogote, está preso por lavado de dinero y evasión fiscal a través de 25 empresas en Argentina y Panamá. Entre 2021 y 2025, este predio registró depósitos por $26.827 millones.
- La Justicia incautó millones en efectivo, 37 inmuebles, 132 vehículos y un barco vinculados a Castillo y su familia, quienes además gastaron US$ 84.562 en un viaje de lujo a Dubai y Maldivas.
Por su parte, Enrique "Quique" Antequera, prófugo y líder de Urkupiña, el predio más grande con 4.000 puestos, está acusado de formar una asociación ilícita que generó $10.435 millones en depósitos. Operaba con socios y testaferros, utilizando una financiera oculta para mover dinero no declarado.
Ocean, con 1.000 puestos, registró $450 millones en una cuenta entre 2023 y 2024. La Justicia identificó bienes como propiedades, vehículos y embarcaciones ligados a estas organizaciones, evidenciando un vasto esquema de ganancias ilícitas.


