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Registro de integridad y transparencia para contratistas del Estado

La Oficina Anticorrupción impulsa una plataforma para que empresas privadas indiquen las políticas que desarrollan: es voluntaria

Quienes formen parte contarán con ventaja a la hora de ser contratados.
Quienes formen parte contarán con ventaja a la hora de ser contratados.
ElAuditor.info 19 abril de 2022

Más vale prevenir que denunciar fue el lema bajo el cual se impulsó la creación del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidad de Argentina (RITE) que comenzará a implementarse a mediados de año en todo el país. 

En la plataforma, desarrollada por la Oficina Anticorrupción, las empresas privadas podrán presentar sus planes de integridad y transparencia, y a cambio recibirán beneficios en las contrataciones por parte del Estado. 

El objetivo es que el sector privado comparta sus políticas y estrategias para evitar casos de corrupción y cumpla con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (27401). 

En la norma se establece que el programa de integridad debe contar con un código de ética o de conducta, procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, y la realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados.

Además de visibilizar las políticas anticorrupción que llevan adelante las empresas en el país, la plataforma también contará con una caja de herramientas pensada para proveer de recursos formativos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que lo necesiten. El RITE fue elaborado de forma colaborativa y contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS).

"Como política preventiva lo que buscamos es que el hecho no suceda y promover la mayor transparencia posible. Como funcionarios públicos tenemos un montón de requisitos, declaraciones juradas, régimen de ética, registro de obsequios. El propósito es sumar al privado, el 80% de los casos de corrupción se dan en la vinculación del sector privado con el público. Si logramos incorporar a los privados a este registro, le damos luz, visibilidad a la empresa y le brindamos un beneficio por ser parte, lo que va a pasar es que ya no habrá tantas posibilidades de cometer hechos de corrupción", indicó Luis Villanueva, subsecretario de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción.

La adhesión al programa es gratuita y voluntaria. La ventaja para las empresas es que tendrán una preferencia por parte de los organismos públicos a la hora de ser contratadas. Para el Estado, el beneficio es saber que acordará trabajos con una firma que cuenta con políticas de integridad. Ya son varias las organizaciones estatales que firmaron convenio con la Oficina Anticorrupción para la incorporación de la plataforma como AFIP, Aerolíneas Argentinas o YPF. 

La plataforma es el resultado de un proceso de construcción colectiva del que participaron organizaciones civiles y universidades. Lo que se buscó fue representar las necesidades de los diversos grupos, tanto desde pymes hasta las grandes contratistas del Estado. "Conseguimos una interpretación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria ajustada a cada uno de los sectores sociales", afirmó Villanueva al destacar que no serán los mismos los requisitos y procedimientos para una empresa multinacional, una mediana o una chica. Además sostuvo que con al registro se sumen empresas de la economía popular

La experiencia de México

El Registro de Integridad y Transparencia del Estado (RITE) está basado en una experiencia mexicana, el Padrón de Integridad Empresarial de México, que comenzó a funcionar hace un año. "Está funcionando muy bien, hemos mantenido encuentros con los que llevan adelante el Padrón y lo que nos cuentan es que hay mucha respuesta. El indicador de que esta herramienta resulta es la cantidad de empresas que se suman y el grado de compromiso que presentan y han tenido muy buenos resultados", indicó Villanueva.

El Padrón es un registro de proveedores para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas. A través de incentivos positivos se busca promover la integridad y evitar la corrupción. Una de las claves que destacan los desarrolladores de la medida es la promoción de las capacitaciones en las empresas a todos sus empleados y la importancia del trabajo en equipo. 

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