La política argentina está atravesando un proceso inédito. Su comprensión sería prácticamente imposible si se pretende realizar con los marcos conceptuales vigentes hasta el 10 de diciembre del año pasado. La debilidad legislativa en medio de un contexto recesivo se conjuga con modos presidenciales anómalos, y una oposición fragmentada.
El Gobierno consiguió la aprobación del núcleo de sus propuestas desregulatorias, el achicamiento del Estado y las modificaciones al esquema tributario. Estas se dieron en tres iniciativas, el DNU que sigue vigente y la Ley Bases que culminó operacionalizada en dos proyectos, la Ley original y las modificaciones de la Cámara de Diputados sobre el paquete fiscal.
Si tuviéramos que explicarle a un extranjero que desconozca la evolución reciente del sistema de partidos argentino, habría que detenerse y profundizar en detalle el rol de la oposición "dialoguista" para la gobernabilidad y estabilidad del aún novato presidente. Desde un punto de vista, sería fácil justificar el accionar como la "primacía del institucionalismo", debiendo aislar elementos fundamentales de la acción racional de estos agentes.
Antes de detallar las posibles justificaciones del accionar de los "degenerados fiscales" o "ratas", según la caracterización de Javier Milei, hay que delimitar la frontera de esta oposición dialoguista. Es claro que Unión por la Patria no tiene incentivos para el consenso con el oficialismo, y que el PRO no tiene escapatoria. Sin embargo, en medio de estos flancos encontramos un conjunto de agentes con intereses diversos pero que se han alineado para darle al Gobierno sus dos primeras leyes.
El rol del centro ideológico o aritmético en un parlamento usualmente aporta gobernabilidad. Sin embargo, ligada a valores de representación democrática, en cierto contexto social puede ser un factor de inestabilidad. En Argentina, este espacio está ocupado por la Unión Cívica Radical (con 34 diputados), partidos provinciales con alineamientos dinámicos donde sobresale el liderazgo de Miguel Ángel Pichetto (29) y por la Coalición Cívica (6).
Un centro partidario fuerte en un presidencialismo aumenta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda valerse de un escudo legislativo en caso de que no tenga mayorías parlamentarias propias. A su vez, esta necesidad alejaría la agenda de gobierno de iniciativas radicales y las llevaría a estar más alineadas con las preferencias del votante mediano. Este supuesto lógico no se verifica en el caso argentino que, a pesar de esfuerzos particulares, la oposición dialoguista le aprobó iniciativas que estaban muy lejos de sus preferencias ideológicas, aún teniendo un peso político más que suficiente para torcer la discusión.
Entonces, volviendo a la explicación para el extranjero, probablemente brotaría la pregunta: ¿Por qué los diputados dialoguistas le aprueban leyes con las que no están de acuerdo a un Gobierno que los trata de ratas y degenerados?
Hay tres respuestas a esta pregunta, una que focaliza en la táctica y otra en el factor institucional y otra en las necesidades de corto plazo de algunos agentes.
La primera se puede explicar con declaraciones de uno de los máximos referentes de la UCR, Rodrigo de Loredo, al ser consultado por la relación con el oficialismo: "fingimos demencia". Desde el Radicalismo apuran al Gobierno, ya que ahora que tienen su DNU y leyes vigentes, se les acaban las excusas y tienen que gobernar (con resultados). La UCR tiene claro que el PRO se fusiona con el oficialismo y que eso los deja como únicos herederos legítimos de un sello que, aunque desprestigiado, guarda un simbolismo de republicanismo liberal que puede ser atractivo en las próximas elecciones.
La razón institucional al acompañamiento justifica el voto positivo en línea con la idea democrática de que el presidente ha sido votado por una amplia mayoría y merece capacidad legislativa para poner en marcha su plan de gobierno, por más alejado que esté de las propias preferencias.
Por último, y para nada menos importante, está el elemento de la necesidad, vital para explicar el voto de algunos representantes ligados a mandatarios del interior. La restitución del Impuesto a los Ingresos Personales (Ganancias) es un salvavidas para las arcas subnacionales en el corto plazo, y el RIGI podría hacer diferencia en la reactivación económica en un mediano plazo.
Así y todo, estos tres elementos que justifican el acompañamiento de la oposición dialoguista a los dos primeros proyectos legislativos del Gobierno, tienen fecha de vencimiento. Con las finanzas públicas recompuestas, el mandato democrático-institucional cumplido y con un oficialismo sin excusas, los máximos referentes de este sector político tienen la cancha libre para confrontar con el Poder Ejecutivo, poner en duda su gobernabilidad y preparar la estrategia electoral.
