Una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de un programa para el tratamiento de residuos aplicado durante el kirchnerismo derivó en el procesamiento de 92 intendentes y exintendentes. La decisión la tomó el juez federal Claudio Bonadio, y entre los procesados hay jefes comunales de peso como el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez y el actual mandamás de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.
El programa en cuestión es el de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y en la causa se investiga una malversación de fondos que ascendería a 600 millones de pesos. Una auditoría del Ministerio de Ambiente fue el inicio de la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Carlos Rívolo. En esa auditoría se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”.
Los procesamientos que ayer definió el juez Bonadio estuvieron dirigidos a intendentes y exintendentes de ciudades de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires. Además de Gutiérrez y Durañona, aparecen en la lista de procesados por el juez Francisco Echarren (Castelli) y Pablo Zurro (Pehuajó). También figura Daniel Capitanich (exintendente de Campo Largo). Es el actual vicegobernador chaqueño y hermano del exjefe de gabinete y actual intendente de Resistencia.
En un fallo de casi 350 hojas, Bonadio aseguró que los intendentes no utilizaron el dinero para los objetivos del programa y no pudieron explicar por qué no lo hicieron. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”, sostuvo en el fallo.
“Cada intendente, con su accionar, contribuyó activamente a la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, señaló el magistrado en el texto. Afirmó, además, que “cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del programa al que se habían obligado”, remarcó.
La acusación central es que con la plata no se realizaron las obras que debían realizarse en los municipios, como por ejemplo plantas de tratamiento de residuos para erradicar los basurales a cielo abierto. Sobre un total de 120 distritos que fueron analizados en la auditoría, más de 90 presentaban irregularidades.
Los fondos eran manejados por la Secretaría de Ambiente, que dependía directamente de la Jefatura de Gabinete. Por eso, en la causa ya estaban procesados exministros coordinadores durante el kirchnerismo, como Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y también el exsecretario de Ambiente Juan José Mussi.
