La abogada y ex funcionaria pública Leila Gianni aborda la corrupción política en Argentina en su nuevo libro Los militantes del hambre, publicado por Galerna. En este describe un sistema en el que la asistencia social, particularmente el programa Potenciar Trabajo, fue utilizada como herramienta de control y beneficio económico por organizaciones sociales y políticos, a quienes denomina los "militantes del hambre".
Además de exponer la corrupción, Gianni comparte reflexiones personales sobre la vulnerabilidad, el miedo a denunciar y la necesidad de una "batalla cultural" para erradicar estas prácticas.

A continuación un fragmento del capítulo "La punta del ovillo"
Como les contaba, fuimos armando un equipo con los abogados de las distintas Secretarías. Ahí, recién llegados, apareció "la punta del ovillo": unos expedientes donde se tramitaba una serie de pagos que debía hacer el Ministerio.
Y así fue como nos hicimos la primera pregunta: ¿qué es esto que hay que pagar? Y empezamos a investigar.
En el marco de ese trabajo profesional, detectamos el "plan sistemático" al que hice referencia más arriba: un plan pergeñado desde el aparato del Estado nacional (especialmente desde el ex Ministerio de Desarrollo Social), en tándem con ciertas organizaciones sociales, para afanar plata de todos los argentinos, de los más vulnerables y, de yapa, aprovecharse de la necesidad de la gente para tener un "ejército" cautivo a disposición de marchas políticas.
En las páginas que siguen, les voy a contar cómo empezamos a desenredar el ovillo de la "nueva" corrupción de la ayuda social en la Argentina. El modus operandi de estas organizaciones deleznables consistía en obligar a los beneficiarios de planes a concurrir a actos, marchas políticas y piquetes bajo coacción, extorsionándolos con quitarles los planes si no concurrían.

Otra práctica habitual de los "militantes del hambre" consistía en cobrarles a los beneficiarios de planes sociales porcentajes o "peajes" sobre los planes como "colaboraciones voluntarias" para la organización, y aplicar todo tipo de sanciones económicas contra los legítimos beneficiarios de los planes sociales pagados por fondos públicos para beneficio de unos pocos inescrupulosos.
Jugaron con el hambre de la gente, con la necesidad humana más básica, y por eso digo que "militan el hambre".
Alguien podría pensar, de entrada, que un proyecto político "nacional y popular" que dejó el gobierno con la crisis más acuciante de su historia y a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza no debe haber tenido una gestión social muy eficiente en términos de inversión en gasto social sobre resultados.
Salvo, claro está, que haya usado la ayuda social para algo distinto de ayudar a los sectores más postergados. Creo que muy poca gente comprende cabalmente la magnitud del armado territorial militante del hambre que se creó en el último gobierno kirchnerista; nos quedamos en el plan, en el planero, pero no en la estructura gigante que se armó para desviar recursos con la excusa de paliar el hambre.
Ustedes se preguntarán cómo es que se pudo llegar a este estado de cosas. La respuesta a esta pregunta está en la forma en que se estructuró el Potenciar Trabajo, el modelo más impresionante de este sistema. Y es importante detenernos dos minutos a comprender cómo estaba armado el Potenciar Trabajo, porque esto nos va a permitir entender cómo se pensó y usó de entrada para armar política territorial exprimiendo y explotando a los que supuestamente tenía que beneficiar.
Y fue muy pero muy eficiente en lograr su cometido: aprovecharse de los más pobres y desviar recursos, porque estaba armado para dejar de entrada a los más vulnerables bajo el control y subordinación de los militantes del hambre.
En el papel, se lo bautizó "Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo" y fue creado por la resolución 121 del 20 de marzo de 2020 del Ministerio de Desarrollo Social. En un principio, se montó sobre unos programas existentes, a los que absorbió e incorporó a esta nueva modalidad de gestión de la ayuda social. Sus destinatarios eran las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, y sus objetivos eran promover la inclusión social y el progreso económico de esas poblaciones marginadas.
Hasta aquí, un objetivo encomiable, rodeado del correspondiente relato de la inclusión, la justicia social, el progreso.
El Potenciar Trabajo estaba armado sobre dos ejes que se retroalimentaban: las dos grandes áreas de desvío y captación de recursos destinados a los más vulnerables.
Por un lado, el Potenciar Trabajo preveía otorgar una prestación económica para complementar los ingresos de las personas más vulnerables. Esta prestación era de la mitad del salario mínimo, vital y móvil. A estas personas, para cobrar el plan, se les pedía una contraprestación de no menos de cuatro horas diarias (que podía ser participar de procesos comunitarios, sociales o productivos, capacitarse o terminar sus estudios de primaria o secundaria).
Hasta aquí, diríamos, sin particularidades.
Lo específico del Potenciar Trabajo era que las personas no podían solicitar el plan directamente al Estado nacional: tenían que pasar por una estructura intermediaria.
¿Y qué era eso? El Potenciar Trabajo estaba armado como un esquema piramidal de tercerización de los recursos sociales. Se preveía que el Estado le daría subsidios o créditos a unas agencias denominadas "Unidades de Gestión" y "Unidades de Gestión Asociadas". Estas unidades eran las que tenían que implementar los proyectos del Programa Potenciar Trabajo aprobados para ese territorio en particular. Es decir, las Unidades de Gestión recibían y gestionaban los fondos que les bajaba el Estado nacional para desarrollar los proyectos que a estas mismas se les ocurrieran, siempre que fueran "socio-productivos", "socio-laborales" y "socio-comunitarios". Las Unidades de Gestión podían estar compuestas por municipios, universidades y —lo más importante— por cualquier organización civil sin fines de lucro; nomás había que crear una, o tomar una existente, y manos a la obra.

Pero esto no era todo: como dijimos, para recibir el plan, las personas individuales no podían ir y pedir el Potenciar Trabajo directamente al Estado. Se tenían que inscribir en las "Unidades de Gestión o Certificación", que además de llevar adelante el programa o proyecto o lo que fuere, eran las encargadas no solo de aprobar el pedido de inscripción, sino de certificar después si la persona cumplía con la "contraprestación" para seguir cobrando.
En esta burocracia creada para desviar fondos públicos por canales privados, les sirvieron a los pobres en bandeja a los militantes del hambre: les dieron el poder de sancionarlos quitándoles el plan. Estamos hablando del control sobre casi un millón y medio de beneficiarios.
Por eso digo que el verdadero objetivo del Potenciar Trabajo, para lo cual fue concebido de entrada, fue ser una herramienta para armar y controlar la estructura de la militancia rentada en el territorio con fondos públicos. No había necesidad de crear toda esa estructura para llevar la ayuda social. Al contrario, la volvió más cara.
Las organizaciones sociales, es decir, los militantes del hambre, controlaban la contraprestación del beneficiario y la plata que bajaba del Estado, supuestamente para generar proyectos productivos. La guita de esos proyectos se canalizaba mayormente a través de cooperativas de trabajo nuevas o recuperadas a las que, además, han vaciado y destrozado integrándolas a estas estructuras corruptas para facilitar el traspaso de los activos.
Esto es importante porque en esa voracidad destructiva las organizaciones sociales no dejaron nada en pie, y también desvirtuaron todo concepto. Por ejemplo, el concepto de cooperativa de trabajo, que es un símbolo de lucha de unión de trabajadores frente a una determinada crisis laboral. Después de los desmanejos de esta gente, hoy "cooperativa" es casi una mala palabra, porque en el sistema que tenían armado con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) este les daba la matrícula a la cooperativa como para poder funcionar y la cooperativa iba a Desarrollo Social a pedir líneas de crédito para tal proyecto o el otro. Después no hacían nada —impunidad total—, se llenaban de guita y servían para canalizar guita también, porque era el vehículo para recibir los subsidios y administrar los planes.
Entonces, el Potenciar Trabajo no era un programa social más, era una estructura para que toda la ayuda social del gobierno fuera administrada por estos inescrupulosos delincuentes por fuera de todos los mínimos controles estatales, directamente en el territorio. Las "Unidades de Gestión" armaban el Programa, recibían la guita y les emitían los certificados a los beneficiarios que, para cobrar, tenían que trabajar en las cooperativas, en los comedores o ir a cortar calles con los piqueteros.
Otro de los pilares que integraba esta superestructura de corrupción estaba en el desvío de la ayuda a los comedores escolares. Esto se instrumentó a través del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), de la Secretaría de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social, creado por la resolución 480 de fecha 8 de julio de 2020 del Ministerio de Desarrollo Social. En este Registro se tenían que inscribir todos los comedores y merenderos de los barrios de todo el país.

¿Y para qué se tenían que inscribir, si ya estaban dando de comer en las barriadas muchos de ellos desde hacía años? Se tenían que anotar en el Registro para poder recibir subsidios en forma de alimentos para poder funcionar. Así tenían todo el sistema bien abrochado.
La ayuda alimentaria se filtraba por los comedores existentes, y el resto de la guita iba a parar a los comedores imaginarios que nadie controlaba porque total ya estaban inscriptos en el RENACOM. Además, las compras de los alimentos se direccionaban a través de licitaciones truchas, como para no dejar nada librado al azar. Este es el ovillo que empezamos a desenrollar cuando asumimos en el Ministerio de Capital Humano en diciembre de 2023.