La marcha universitaria de este martes 12 de mayo es la superficie de un conflicto constante. La disputa entre las universidades y el Gobierno de los hermanos Milei se centra en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa ley es, probablemente, la pieza normativa de mayor consenso desde el retorno democrático en 1983. Su camino fue una carrera de obstáculos que superó cinco instancias de validación parlamentaria.
Primero llegó la aprobación inicial en la Cámara de Diputados y luego el Senado la convirtió en ley. Ante el veto del Poder Ejecutivo, los legisladores de la Cámara Baja volvieron al recinto y alcanzaron la mayoría especial de dos tercios para rechazar la decisión presidencial. El Senado replicó esa votación y logró la insistencia exitosa que obligó a promulgar la norma.
Finalmente, cuando el gobierno de Milei intentó derogar la ley mediante un artículo específico en el Presupuesto Nacional, el Congreso rechazó ese apartado. Fue la quinta vez en el último tiempo que el Congreso de la Nación blindó los fondos.
El laberinto judicial: un pacto de supervivencia
Para entender cómo se llegó a esta situación, resulta fundamental repasar el laberinto judicial. El Gobierno utilizó una pirueta legal: dictó un decreto que promulga la ley, pero, en el mismo texto, suspende su aplicación. Esta maniobra desató una necesaria respuesta en los tribunales.
Primero intervino la Primera Instancia. Un juez federal analizó la demanda de las universidades y alertó sobre la urgencia del reclamo. Luego, el caso pasó a la Cámara de Apelaciones, donde tres magistrados revisaron la medida y confirmaron que el derecho a la educación no admite demoras.
En efecto, ambas instancias coincidieron en hacer lugar a una medida cautelar. En la práctica, la resolución ordena al Estado que envíe los fondos de inmediato mientras se debate la constitucionalidad del decreto. De lo contrario, si se espera al fallo definitivo, las universidades quedarán sin recursos para funcionar.
Hoy la disputa por la validez de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en la Corte Suprema. "La desconexión con la realidad jurídica es tal que la Procuración del Tesoro solicitó la excusación de los jueces del máximo tribunal por el solo hecho de ser graduados o docentes de la educación pública. Magistrados como Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tienen extensas trayectorias académicas; el intento de apartarlos funciona como una maniobra para dilatar los tiempos de un sistema exhausto", afirma en diálogo con El Economista Felipe Vega Terra, politólogo y director del Ciclo Básico Común (CBC).
La asfixia en números
La inversión en educación superior es un tobogán que hoy toca fondo. Si se observa la proporción sobre el Producto Bruto Interno, la caída es drástica: en 2012 se ubicó en el 0,82%, en 2016 pasó al 0,76%, en 2020 bajó al 0,68% y en 2024 se desplomó al 0,47%.
La comparación regional revela una asimetría alarmante. Mientras la UBA sobrevive con US$ 1.123 anuales por alumno, la UNAM de México dispone de US$ 7.968 y la Universidad de San Pablo alcanza los US$ 15.000 por alumno.
Se compite en el primer nivel mundial con presupuestos de subsistencia.
Voces de un conflicto abierto
Daniel Lutzky, politólogo y especialista en comunicación política, advierte que el arraigo es profundo: "La universidad es una institución inscripta en el imaginario argentino como un lugar de crecimiento social, una garantía de respetabilidad y de legitimidad en el ideario de crecimiento tanto personal como social en la Argentina desde hace mucho tiempo".
La postura presidencial, según Lutzky, responde a un patrón: "Está inscripto en la propia ideología dogmática de Milei que es antiinstitucional, que busca romper las instituciones que componen el sostén de legitimidad en la Argentina".
Desde la gestión universitaria, Vega Terra, director del CBC de la UBA, es categórico sobre el accionar del Estado: "Es un gobierno que está al margen de la ley. Un gobierno de forajidos".
Sobre la pluralidad de la institución, Vega Terra agrega: "Hay profesores que dan clases en la UBA que son ministros, diputados de La Libertad Avanza, del PRO, y hay referentes políticos que han ocupado cargos en gobiernos del peronismo y del radicalismo. Justamente eso es una fortaleza que tiene la Universidad de Buenos Aires, y es el motivo por el cual es tan buena. Si se tuviera un acompañamiento de inversión pública, el cielo es el límite".
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, analiza la estrategia oficial y el intento de cambiar el eje de la discusión: "El Gobierno actúa en respuesta al contexto que enfrenta. Cuando inició el recorte a las universidades, estimó que iba a ser más fácil y se encontró con resistencia. Ante la marcha en defensa de la educación y la universidad pública, intentan instalar que el debate central es el salario docente, no docente y el presupuesto para gastos de funcionamiento. Al discutir estos puntos, se aborda un concepto que parece corporativo, una parte del sistema universitario que daría la impresión de excluir a los estudiantes".
Paulón profundiza: "Es un error considerar que los estudiantes no dependen de los docentes, de su nivel y de su dedicación para acceder a una mejor educación. El Gobierno menciona los supuestos negocios de la universidad cuando lo que se debate es la defensa de la educación pública. Los gastos de funcionamiento se destinan al pago de Internet, electricidad y suscripciones a revistas científicas. No es un presupuesto que se utilice para viajes de placer de las autoridades. Puede existir algún caso aislado de mala gestión, pero no representa el eje central".
"La situación docente es crítica. Con un sueldo de $300.000, ocurre lo que se observa en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay una pérdida constante de profesionales. Con más de 400 renuncias, la propia universidad pierde a sus mejores cuadros, quienes encuentran mejores oportunidades económicas y laborales en el sector privado", sintetiza Paulón.
El politólogo y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, recuerda el clima social frente a la primera embestida oficial: "Al vetar el Presidente la ley de financiamiento universitario en el segundo semestre del año pasado, casi dos de cada tres personas se manifestaron en contra. Se trata del tema puntual de fondo: el cumplimiento de la ley. La opinión pública se organiza de esa forma: un tercio a favor del veto y dos tercios en contra. La posición oficial representa una minoría".
Para Romero, la movilización golpea en un punto vulnerable: "La situación toma al Gobierno en un momento complejo, en un contexto de debilidad sobre la legitimidad del ajuste y la aprobación social. Es un tema caro al sentimiento de la sociedad argentina, que reconoce a la educación como el instrumento de movilidad social ascendente. Se prevé un escenario similar al del año pasado, con dos terceras partes de la población en contra del ajuste universitario. No es una coyuntura fácil para permear la posición oficial en la conversación pública; resulta un evento delicado para la Casa Rosada".
Lara Goyburu, politóloga y especialista en opinión pública, aporta datos que refuerzan esta transversalidad y el costo político: "Cuando medimos el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el 54,7% de la población se manifestó en contra. En un contexto donde la sociedad tolera bastantes medidas de ajuste, esa mayoría no es un dato menor". Además, profundiza en la percepción social: "La gente no considera que el financiamiento a las universidades sea un gasto: la percibe como un activo colectivo, algo que le pertenece. Eso la distingue de casi cualquier otra institución del sistema. La universidad pública tiene niveles de confianza que en 2022 rondaban el 80%, y todo indica que esa valoración se sostiene en el tiempo".
"Incluso en los segmentos más cercanos al votante de Milei, el apoyo a la universidad pública es mayoritario. Esto es importante porque rompe con una narrativa que tiende a asumir que 'quien votó a Milei necesariamente acompaña todas sus decisiones'. No es así. Hay un núcleo duro que lo sigue en casi todo, pero hay una franja mucho más amplia que votó por el cambio económico y que no necesariamente compra el paquete ideológico completo de Milei. La universidad pública es justamente uno de los lugares donde esa tensión se hace visible", contextualiza Goyburu.
Diego Giacomini, economista y profesor con tres décadas de antigüedad en la UBA, analiza: "Milei insiste y persiste en el equilibrio fiscal en forma dogmática y lo más fácil es ir contra los discapacitados, los jubilados o la UBA. Piensa que no lo votan y que hagan paro. Se equivoca porque no toma dimensión de la empatía que tiene la UBA como marca para la sociedad".
Asimismo, Lara Goyburu matiza: "Lo que los datos muestran es que esta decisión le generó un costo de imagen real y sostenido al gobierno. Aunque no hay que perder de vista que ese costo de imagen no se tradujo automáticamente en pérdida electoral en octubre de 2025. Y eso explica algo importante sobre cómo procesa la sociedad argentina en este momento: puede reprobar una medida puntual y al mismo tiempo seguir respaldando el rumbo general. La distinción entre daño de imagen y daño electoral es clave para no sobreinterpretar el efecto de la marcha universitaria".
"Hay una clase media antikirchnerista que también defiende la educación pública", asevera la periodista cultural y columnista de Panamá Revista Lorena Álvarez. Y añade: "El tema universitario tiene un peso en las clases medias bajas porque la educación sigue siendo el vehículo para pegar un salto económico o un salto de clase, y por eso es un tema que a la opinión pública todavía le sigue importando".
Sin embargo, Álvarez concluye: "En la actualidad, existe otro elemento vinculado al éxito económico que permite generar riqueza y modifica los parámetros del ascenso social. Es probable que el propietario de tres verdulerías carezca del capital simbólico de una institución universitaria, pero sí ostenta el capital simbólico de una casa con pileta. Tal situación lo ubica en un lugar de pertenencia material que garantiza su salto de clase sin la intermediación de la universidad pública".
Álvarez cuestiona la idea de la universidad como "vaca sagrada": "Durante los últimos 25 años, estos símbolos se modificaron de forma subterránea, ya que la economía es un factor determinante con mayor peso que lo cultural desde hace décadas. Por eso cabe preguntarse hasta qué punto la educación superior mantiene su estatus intocable. Javier Milei logró avanzar sobre varias exvacas sagradas y la sociedad recién ahora nota su pérdida. La elección de Milei representó la gran destrucción de los consensos, al punto de que fue necesario volver a explicar desde cero el golpe de Estado de 1976".
Al concluir la gestión de Sergio Massa en diciembre de 2023, la inversión en educación superior representaba el 0,73% del PBI, una cifra que ya se encontraba lejos de ser ideal. Sin embargo, en el último año esa participación cayó al 0,47%, lo que marca el nivel más bajo en el inicio de una presidencia durante las últimas décadas.
Invertir en la universidad pública es hacerlo en productividad; el país será más rico con más ingenieros, matemáticos y médicos, y no con menos. Si el objetivo es el crecimiento, Milei podría analizar que la casta no crea riqueza, pero las universidades sí.
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
