Tras el receso de invierno, el Congreso se reactiva esta semana y prepara para el segundo semestre del año una agenda cargada de temas promovidos tanto por el oficialismo como por la oposición dialoguista.
El Presupuesto 2025 será el principal foco parlamentario, pero el Gobierno también buscará avanzar con la designación de miembros de la Corte Suprema y su ampliación; la reforma electoral; la baja en la edad de imputabilidad; la reforma jubilatoria, y la reforma laboral. Para cada uno, habrá al menos un contraproyecto opositor.
Además, en la segunda mitad del año se pondrá a prueba la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El partido liderado por Mauricio Macri dio su apoyo pleno a la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Pero desde la sanción de las iniciativas del Ejecutivo, adoptó una postura de aliado crítico, lo cual podría condicionar las negociaciones futuras en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados.
Agenda de Seguridad
Ahora, el oficialismo quiere hacer eje en su agenda contra el delito. La Libertad Avanza buscará impulsar el debate del paquete de seguridad promovido por el Gobierno, ya que intentará emitir dictamen de comisión sobre el proyecto de Ley Antimafia y abrirá el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que propone una baja de imputabilidad de 16 a 13 años.
El paquete de seguridad fue diseñado por la ministra Patricia Bullrich junto a sus pares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Defensa, Luis Petri.
Ley Antimafia
Uno de los puntos centrales será el proyecto de Ley Antimafia, que se analizará en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y José Núñez (PRO-Santa Fe), donde el oficialismo junto a diputados de los bloques de la UCR, Hacemos e Innovación, buscará firmar el despacho.
La iniciativa propone una reforma profunda del Código Penal para penalizar a todos los miembros de la banda delictiva, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en ese delito. Y establece la aplicación de la misma pena a todos los miembros de la asociación ilícita que participen en delitos vinculados tráfico de drogas, lavado de activos, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, con condenas que oscilan de 8 a 20 años.
Baja de imputabilidad
Otro tema central de la agenda de seguridad será la apertura del debate del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, donde se propone un mecanismo para lograr reinsertar al joven a la sociedad y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
El tratamiento se abrirá en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el miércoles próximo a las 12.30.
La propuesta del Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".
No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua", siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
