Entre los dramas que atraviesan el Estado y se derraman sobre la sociedad destaca la pérdida de confianza en las instituciones políticas y judiciales.
Facciones de la política convocan magistrados para perseguir penalmente a sus rivales; es decir, judicializan la política. En simetría, hay jueces que promueven el avance de sus competencias hacia terrenos que debieran permanecer dentro de la esfera de la política, lo que tiene como inevitable consecuencia la politización de la justicia.
- La politización de la justicia y la judicialización de la política trasmiten disvalor. En esencia, dos problemas que se retroalimentan.
La responsabilidad primaria de semejante distorsión tanto democrática como republicana recae sobre la política. Los jueces raramente habrían de intervenir en cuestiones políticas sin el respaldo del poder presente o la convocatoria de quienes puedan ejercer un gobierno futuro. De la política surgen los llamamientos a grupos de jueces para involucrarse. La justicia es por definición un poder aristocrático, limitado a egresados universitarios de la carrera del Derecho. De modo que la intrusión de un poder aristocrático sobre la política supone un desafío a la democracia.
Inversamente, la intromisión de la política en los tribunales es una distorsión republicana, entrometiéndose y presionando sobre la independencia de un poder llamado a ejercer el control último sobre la base del orden constitucional. Un desafío a la división de poderes.
La virtud del Juicio a las Juntas
El Juicio a las juntas militares ordenado por Raúl Alfonsín, la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) dirigida por personalidades reconocidas de la sociedad civil, la actividad del fiscal Julio César Strassera secundado por Luis Moreno Ocampo, el desarrollo del juicio a través de la Cámara Federal, el derecho a la defensa, conjugaron diversos episodios notables, ya consagrados por la historia.
Menos reconocida es la virtuosa convergencia entre el poder político surgido de la voluntad popular y tribunales formados por expertos que juzgan conforme a derecho, con las pruebas pertinentes y la posibilidad de defensa para los imputados.
La confianza social despertada por el Juicio a las Juntas llega a tal nivel que no se produce ni un solo acto de violencia privada
Esa Argentina exhibe un momento excepcional: la política y los tribunales llevan a juicio al crimen. Y no a cualquier crimen, sino al delito más grave e impune, el cometido por una camarilla militar que confisca el poder del Estado y utiliza esa fuerza para atormentar y asesinar a sus conciudadanos. Y, para mayor escarnio, se niega a informar sobre tales ejecuciones extralegales.
La confianza social despertada por el Juicio a las Juntas llega a tal nivel que no se produce ni un solo acto de violencia privada. Los padres confían tanto en la convergencia de política y justicia, que nadie acude a la mano propia para vengar el homicidio de su hijo. Un ejemplo universal.
Los males de la política
Un grave drama de la política en democracia surge de no resignarse a perder. Los golpes militares argentinos tuvieron el inestimable auspicio de partidos opositores desanimados, impotentes para ganarse la voluntad de las mayorías. A ellos caben responsabilidades profundas.
Así lo hicieron conservadores, socialistas y anti-personalistas en 1930 cuando voltearon a Yrigoyen y liquidaron 68 años de institucionalidad ininterrumpida. Tamaño dislate también compromete a la justicia, desde la lóbrega decisión de la Corte Suprema que avaló aquel cuartelazo. Décadas después el peronismo sufrirá proscripción.
Después de medio siglo de desencuentros, golpes de Estado y complicidades judiciales y militares, todo pareció brillar desde 1983, cuando por primera vez en la historia el partido dominante fue derrotado en elecciones transparentes. No lo habían logrado conservadores ni socialistas contra el radicalismo yrigoyenista, ni radicales contra la fidelidad mayoritaria por Juan Perón.
1983 trajo, entre muchas novedades, la posibilidad de alternancia con legitimidad. La justicia cumplió su papel. Desde la Cámara Federal que condenó a los comandantes hasta una Corte Suprema de alta calidad moral y competencia técnica.
Ese Estado deseable donde política y justicia alumbran el juicio a las juntas no pudo afianzarse.
Las culpas del peronismo menemista
Algo tuvo que ver en esa frustración la corrupción (y sus consecuencias). Viendo el peronismo menemista que la oposición denunciaba sus demasías ante la justicia, decidió bloquear riesgos de un modo contundente: con un tribunal supremo favorable. Fue aumentado el número del jueces de la Corte ("cortesanos", los bautizó Horacio Verbitsky sin que ellos se indignaran) para construir la ominosa Mayoría Automática, cuya obediencia al Poder Ejecutivo arrebató a la sociedad el árbitro de última instancia, confiable y capaz de actuar con autonomía, sin favoritismos.
El Estado prestigiado de 1983, con una política y una justicia virtuosas derivó en una mancha para una y otra. Para colmo, quienes desde la oposición podían reclamar la bandera de la virtud, fueron percibidos como impotentes para cambiar las cosas. Diversas iniciativas de políticos llevaron a tribunales temas que debieran ser saldados por la propia política. Lo contrario es una abdicación de misiones propias y convoca a los jueces a resolver asuntos que exceden su incumbencia.
La pérdida de conducta de la política y la justicia en sus más elevados estratos tiene desde los años '90 bandazos, pero jamás logró la democracia recuperar aquel círculo virtuoso de los '80.
Cuando los malos ganan y los buenos no pueden, la sociedad lo percibe: ese influjo negativo se desparrama. La ausencia de ejemplaridad es reemplazada por una anti-ejemplaridad: el éxito premia a quienes eluden o violan las normas, el apego a lo correcto es propio de tontulones.
Hay chance (y premio) para inescrupulosos, la búsqueda de facilidades estatales reemplaza al impulso creativo y la fantasía de expertos en mercados regulados sustituye al entrepreneur. Vale para diversas empresas y determinados sindicatos. La capacidad de lobby desaloja las mejores prácticas.
Resulta evidente que la sociedad necesita restaurar la confianza en su dirigencia. No sería mal momento para convertir el problema en oportunidad, y lograr un pacto donde las corrientes y partidos converjan en un acuerdo para erradicar la judicialización de la política, de modo tal que simultáneamente quedarán aislados las intentonas de politización de la justicia.
