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Primer semestre

La Corte Suprema convocará a cuatro audiencias públicas

Entre los temas que debatirá el máximo tribunal se incluye el cultivo de cannabis con fines medicinales y el derecho al olvido

Ministros de la Corte Suprema
Ministros de la Corte Suprema Corte Suprema de Justicia de la Nación
04 febrero de 2022

La Corte Suprema de Justicia convocará, en el primer semestre del año, a cuatro audiencias públicas para escuchar a las partes en causas relativas al cannabis medicinal, el derecho al olvido, la extinción del Yaguareté y los corredores inmobiliarios.

En una acordada del 2007, el máximo tribunal implementó las audiencias públicas con el propósito de “elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”.

Las reuniones son públicas y allí concurren los representantes legales de las partes para ser escuchadas e interrogadas por los magistrados de la Corte, quienes luego fallan en función de estos y otros elementos.

En el caso del cannabis la Corte deberá atender el cuestionamiento a la exigencia de inscribirse en un programa estatal de investigación, como condición para acceder al aceite, además de la objeción a la prohibición del autocultivo para tratamiento en menores.

En el derecho al olvido, los cuatro jueces deberán analizar el pedido de bloqueo de información en internet que afecta la privacidad de las personas por hechos ocurridos en el pasado.

En tercer lugar, la audiencia pública discutirá un pedido para preservar el hábitat del Yaguareté –en peligro de extinción-, que implicaría la suspensión de una “explotación productiva”.

Finalmente, antes de mitad de año, la Corte escuchará los argumentos en torno a los “corredores inmobiliarios”, sobre los conflictos recurrentes entre los colegios de corredores y las empresas de “servicios complementarios” a la actividad inmobiliaria, por los alcances de esa actividad profesional.

Desde su implementación en 2007, informó la Corte, se realizaron 37 audiencias públicas para “garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos”.

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