Federalismo

La confusión de roles del Estado en el caso mapuche es la regla en el sector público argentino

Con federalismo, el Estado nacional se debe hacer cargo de todo lo que sea interprovincial y los Estados provinciales de todo lo que corresponda al territorio de la respectiva provincia

Alberto Fernández junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Jorge Colina Jorge Colina 27-10-2021
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El problema con los violentos que se atribuyen la causa mapuche en la Patagonia deja al desnudo, una vez más, la enorme confusión que tienen los políticos respecto a las funciones que debe cumplir el Estado nacional y los Estados provinciales. Con federalismo, el Estado nacional se debe hacer cargo de todo lo que sea interprovincial y los Estados provinciales de todo lo que corresponda al territorio de la respectiva provincia.  

Cuando la gobernadora de Río Negro le pidió al Estado nacional que se haga cargo de la seguridad en las rutas nacionales y los parques nacionales está en lo correcto. No le está pidiendo un favor, ni ayuda. Le está exigiendo que cumpla con su deber.  

En donde la gobernadora puede pedir ayuda al Estado nacional es en la recuperación de la seguridad en las rutas provinciales y el territorio que está fuera del parque nacional. Si bien es una función provincial, la misma Constitución prevé que el Estado nacional puede ir en auxilio de un Estado provincial, a pedido de la provincia en cuestión. 

Sin embargo, el presidente de la Nación y su ministro de Seguridad le respondieron que no les correspondía cuidar las rutas nacionales. Luego la llamaron para decirle que la ayudarán. La confusión es impecable. 

Esta misma confusión es la que llevó hace cinco meses a un dislate similar al de la Patagonia. El Estado nacional declaró un toque de queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad se negó a acatarlo y el Presidente amenazó con enviar las fuerzas federales a las calles de la Ciudad para encerrar a los díscolos al toque de queda. Luego un juez le recordó que las fuerzas federales no tienen jurisdicción en temas locales. 

La confusión de roles trasciende el tema de seguridad y se extiende históricamente a educación, salud, asistencia social, vivienda, urbanismo, entre otros.  

En educación, la educación básica (primaria y secundaria) es competencia provincial (artículo 5° de la Constitución). Sin embargo, el Ministerio de Educación nacional tiene programas nacionales como “Infraestructura y equipamiento”, “Acciones de formación docente” y “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”, entre otros, entrometiéndose en funciones provinciales ya que éstas son acciones de educación básica.  

En salud, las provincias, en sus constituciones provinciales, se reservaron para sí las acciones de salud pública. Pero el Ministerio de Salud nacional tiene los programas nacionales de “Intervenciones en salud perinatal, niñez y adolescencia”, “Prevención de enfermedades transmisibles” y “Desarrollo de estrategias en salud comunitaria”, entre otros, que corresponden a funciones provinciales porque son acciones de salud pública. 

En vivienda y urbanismo, la Constitución dice que las provincias se reservan para sí la organización municipal (artículo 5°, el mismo del de educación básica). Pero el Estado nacional creó un ministerio con los programas nacionales de “Planificación territorial”, “Producción integral y acceso al hábitat” y “Acciones de abordaje para mejorar el hábitat de barrios populares”. O sea, todas funciones de organización municipal. 

En general, la gente tiende a creer que los “programas nacionales” no están mal porque hacen lo que los gobernadores e intendentes no hacen, o bien, ayudan a gobernadores e intendentes que quieren hacer. La historia y las evidencias son contundentes en demostrar que ninguna de estas dos cosas ocurre.  

Los “programas nacionales” son muy inefectivos, por burocráticos, y terminan siendo utilizados por las autoridades nacionales (desde hace décadas, esto no es de ahora) para comprar voluntades entre gobernadores e intendentes. Se les promete algunas “obras” con estos programas a cambio de votos en el Congreso. Tan naturalizada está la conducta que muchas veces son los propios gobernadores los que piden obras de estos programas para dar sus votos en el Congreso. Esto desvirtúa el buen funcionamiento de la democracia y las instituciones republicanas. 

Tampoco cumplen la función de ayuda porque los gobernadores e intendentes tienden a desentenderse de sus propias responsabilidades, cuando les llega una promesa de un programa nacional. Esto desvirtúa la buena gestión pública a nivel local. Por este motivo la gente siente que paga muchos impuestos, pero luego sufre déficits en materia de salud y educación públicas, vivienda, urbanismo, atención a los pobres, etcétera. 

Mantener estas superposiciones entre niveles de gobierno garantiza la decadencia. Por eso es clave avanzar en un ordenamiento integral del Estado que incluya eliminar la coparticipación y que las provincias se financien con sus propios impuestos. Esto implica que la Nación se concentre en hacerse cargo de sus responsabilidades (las funciones interprovinciales) sin inmiscuirse en las funciones de las provincias y los municipios (que son las funciones locales). Esto implica terminar con los programas nacionales.   

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