Los dirigentes de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por "cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada".
"Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados, ¿a dónde se va esa gente?", cuestionaron los legisladores opositores.
Para los dirigentes de la Coalición Cívica, la actual situación no es de libre competencia, sino de algo muchísimo más grave: "Ahí no hay competencia, hay abuso", denunciaron.
En su escrito, explican que los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.
La denuncia ante la CNDC apunta en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga.
Y acusa sobre una "posible cartelización" que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.
Los legisladores de la CC consideran que "se deben evaluar algunas cuestiones como la posibilidad de establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes".
Los dirigentes Lilita reclaman que eso incluya "facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que puedan ser abordadas desde un fondo de amortización para la portabilidad". Además, dice que se contemple la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI.
"Esto rompe la solidaridad del sistema, que sí se podría lograr mediante la incorporación de un componente de seguro de salud de ancianidad en el pago de la obra social / prepaga", plantearon.
En su denuncia sostiene que si las prepagas "quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios".
