El cotitular de la CGT, Héctor Daer, anunció que la central obrera se reunirá esta tarde para analizar los alcances del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado anoche por el presidente Javier Milei, y analizar posibles medidas, entre las que mencionó un paro, una movilización y acciones judiciales, en coordinación con otros sectores.
En declaraciones a la prensa al ingresar al Congreso nacional, donde se reunirá con diputados y senadores de Unión por la Patria (UXP), Daer informó que la central obrera se reunirá hoy a las 18 para analizar medidas y adelantó que "el paro y la movilización es una de las posibilidades", así como acciones judiciales.
Previamente, mantendrán este mediodía una reunión con los legisladores de UxP para "unificar criterios para exigir, en lo político y en lo jurídico, que se retrotraiga la situación rápidamente".
Más temprano, en declaraciones a Radio 10, Daer dijo que el DNU "pretende derogar leyes sin necesidad y sin la urgencia" y consideró que la norma es "ilegal, anticonstitucional, autoritaria, antirrepublicana y antidemocrática" y advirtió que implica "el ajuste más feroz de la historia argentina".
"Estamos frente a un escenario anti republicano, anti democrático, que no respeta la libertad de poderes, ataca el patrimonio de los argentinos, los derechos sociales, derechos laborales, se ataca la estabilidad laboral y la solidaridad del sistema de salud", sostuvo el dirigente gremial y añadió "el ajuste es de lo más feroz de la historia argentina. No nos están pidiendo un sacrificio, nos están pidiendo sangre".
"Argentina es un país democrático, por lo tanto hay que respetar las instituciones. Evidentemente estamos es un escenario anti republicano, anti democrático y no respeta la libertad de poderes", concluyó.
El DNU deberá ser tratado por el Congreso nacional en un plazo de diez días
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá tratar el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica, que debe enviar el Gobierno nacional al Congreso, en un plazo de diez días hábiles.
Para poder analizar el DNU, que entra en vigencia más allá de este recorrido que en paralelo debe hacer en el Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aún no conformada.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La conformación ya es motivo de controversia en la Cámara de Diputados ya que el bloque de Unión por la Patria reclama que la distribución se haga a través del sistema D'Hont para poder tener 5 de los ocho miembros, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo el martes a los periodistas que esa disposición es para las comisiones permanente pero no para las especiales, como lo es la Bicameral de Trámite Legislativo
Si se aplica ese criterio de proporcionalidad, a UxP le corresponderían cuatro representantes, uno a Libertad Avanza, uno al PRO, y uno a la UCR.
El restante es solicitado por un grupo de bloque denominado "Acuerdo Parlamentario" conformado entre Cambio Federal, Hacemos Nuestro Innovación Federal, y Coalición Cívica, que propone a Nicolás Massot.
En el Senado, Villarruel tiene que designar los 8 senadores, de los cuales tres serían para Unión por la Patria, y cinco a distribuir entre la nueva mayoría que armó en la última sesión cuando consiguió 39 senadores para imponer el presidente provisional del Senado y la distribución de las comisiones permanentes, según indicaron fuentes parlamentarias.
El Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 70/2023 para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.
De hecho, la comisión no funciona desde mediados del 2022 y hay más de cien DNU dictados durante la gestión de Alberto Fernández que aún no fueron tratados.
