4 agosto de 2025
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El Gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes que presentará un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por los $12 billones que la Nación le adeuda a la provincia de Buenos Aires en concepto de fondos previsionales. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, subrayó que, a diferencia de otros casos provinciales que sí avanzaron, la demanda iniciada en abril de 2024 por Buenos Aires no tuvo avances judiciales.
- Según Bianco, la deuda —actualizada a julio— suma $12,1 billones e incluye saldos por obras públicas, fondos previsionales y programas nacionales discontinuados.
En pleno clima electoral, Kicillof reclamó por estos fondos también en redes sociales, remarcando que "no es una deuda con un gobierno, es con el bienestar del pueblo de la provincia". El mandatario detalló que el monto corresponde tanto a deudas directas (3 billones), como a compromisos de obras públicas nacionales paralizadas (casi 7 billones), entre ellas 180 obras, 105 convenios de viviendas y otras 900 de infraestructura, educación y salud. Además, hay 2,2 billones por la discontinuidad o retrasos en programas nacionales, como el Fonid docente, asistencia social, seguridad y transporte.
Kicillof denunció que el freno a la obra pública nacional por parte del Gobierno de Javier Milei "busca quebrar a las provincias" y que en la provincia de Buenos Aires se paralizaron 1.000 obras en 135 municipios, afectando a escuelas, hospitales y rutas. "El presupuesto en infraestructura para este año duplica al ejecutado en 2024, mientras continuamos reactivando obras abandonadas por Nación en rutas, universidades y barrios populares", aseguró, diferenciando la política provincial del ajuste nacional.
En ese contexto, el gobernador llamó a respaldar al peronismo en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, argumentando que tras casi dos años de gestión "Milei insiste en abandonar la inversión" y convocó a votar por un "futuro mejor" para la provincia.
Finalmente, Kicillof advirtió sobre presuntas tareas de inteligencia de la SIDE sobre dirigentes opositores, sindicalistas y periodistas, y anticipó que evalúan una denuncia penal por espionaje ilegal. "A la asfixia económica se suma la persecución política... No vamos a permitir que estas prácticas se instalen como forma de gobernar la Argentina", concluyó.
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