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Cierre del Inadi

Jorge Knoblovitz, presidente de la DAIA: "El Inadi no puede cerrar"

Diversas ongs, entre ellas la DAIA y la Fundación Huésped, lamentaron el anuncio de cierre del Inadi

Jorge Knoblovitz, presidente de la DAIA: "El Inadi no puede cerrar"
22 febrero de 2024

Organizaciones sociales como la DAIA, la Fundación Huésped y el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, además de intelectuales y exfuncionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lamentaron este jueves la decisión del Gobierno nacional de iniciar el "cierre definitivo" del organismo y aseguraron que se trata de un "bastión fundamental" en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

  • El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy en su conferencia matutina en la Casa Rosada que el instituto creado por ley en 1995 era parte "de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante" y anunció: "Estamos empezando con su cierre definitivo".

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que "la discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo".

"La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial", afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.

  • El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, perpetrados por terroristas en 1992 y 1994, respectivamente.

"No entendemos qué pasó. Hace dos días nombraron a una interventora y nos convocaron para trabajar juntos y ahora se hace este anuncio... El Inadi no se puede cerrar", dijo Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA).

"El Inadi es un instrumento muy importante para la Argentina, se creó justamente un año después del atentado de nuestro edificio de la AMIA. Entonces necesitábamos que el Estado se juntara con la sociedad civil para luchar contra la discriminación, porque nosotros somos una minoría en el país", dice Knoblovits.

El dirigente de la DAIA resalta "la buena convivencia que tienen las distintas comunidades en Argentina. El nuestro un país muy jerarquizado en materia de convivencia y derechos humanos. Mientras en otros países se dificulta ejercer algunos cultos, acá se puede".

"La DAIA capacita al Inadi. En todo caso lo que se debe hacer es jerarquizar el instrumento. No se por qué lo hizo el presidente, habría que preguntarle", pide Knoblovits. 

El artículo 4 de la Ley 24.515 que creó el INADI indica que, entre sus atribuciones y funciones, se encuentra la de "constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competente".

Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre "la gran discriminación" que pesa sobre "muchos grupos vulnerados en la Argentina".

En dialogo con Télam, Rivas resaltó que "el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población" y dijo que "hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social".

"Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente", completó y recordó que en el proyecto de Ley Bases que se debatió en la Cámara de Diputados su artículo 348, eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que "el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos".

"Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación", aseguró Mireles y recordó que "articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género".

Este cierre, alertó, "muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política".

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y exdirectora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo "supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de (la dictadura de 1966 de Juan Carlos) Onganía".

"Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello", afirmó.

"En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos", expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

Además, consideró que el Inadi es "un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia".

"Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso", repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X.

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuestionó en sus redes sociales el anuncio y le pidió al vocero Adorni: "Por favor podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto". 

Cierre del Inadi: la oposición advirtió que se debe hacer por ley

El desginado ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

El Gobierno nacional anunció hoy que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal y que sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Justicia, que además absorberá al personal del ente que sea "idóneo, responsable y comprometido".

La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona ratificó el futuro cierre del organismo antidiscriminación e informó que "cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea".

Referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que "su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente".

La eliminación del Inadi estaba contemplada en el artículo 348 de la fallida Ley "Bases". Decía escuetamente: "Derógase la Ley N° 24.515".

Sobre el recorte de los gastos de ese organismo, Justicia señaló que "ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos ($ 202.499.512 en enero de 2024)" y que pidió "la renuncia a todos los delegados".

"EI Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente", anticipó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó en favor de la medida y dijo en la red X: "Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados".

Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención entre enero y diciembre de 2023, recordó que fue creado "luego de los dos grandes atentados terroristas" sufridos en el país contra la embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

Pena recordó por C5N que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas impulsadas en la ley "Bases", y afirmó que "para cerrarlo es necesario derogar la ley".

Victoria Donda, extitular del Inadi, dijo al diario Perfil que para cerrarlo el Gobierno "debería recurrir a otra ley si es que cree un poquito en la democracia".

El diputado socialista Esteban Paulon indicó que "el Gobierno no puede tomar unilateralmente" la decisión si no es por medio de una ley, y dijo que las "organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible".

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con esta medida "el Gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática" y expresó su "repudio absoluto".

Leandro Santoro, diputado nacional de UxP, se preguntó si las autoridades consultaron "a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país".

El Inadi funcionó al comienzo en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a Justicia. Sus trabajadores habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara.

"El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional", dijeron. Y destacaron que desde 1997 "ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación".

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) porteña calificó la decisión de "inaudita" y dijo que "reafirmamos el compromiso por las políticas públicas inclusivas e igualitarias que tanto bien le hicieron a nuestro país. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando derechos conquistados".
 

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