31 octubre de 2024
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El arco opositor en la Cámara de Diputados está decidido a limitar las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo para gobernar. Este miércoles se alcanzó un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.122 que regula el tratamiento del Congreso sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La norma sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ésta le asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso.
El dictamen de apenas tres artículos establece que los DNU perderán vigencia si no son aprobados por ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días y que el rechazo de una de ellas significará su derogación.
El acuerdo se alcanzó con 36 firmas que incluyen a los bloques de UxP, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La UCR y la CC presentaron los propios en soledad.
Con esos números, el avance en la Cámara Baja parece prometedor. Por eso, aspiran a llevar el dictamen al recinto lo más rápido posible para darle media sanción y que el Senado lo transforme en ley antes que termine el año parlamentario.
Javier Milei ya adelantó que vetará la ley si el Congreso la aprueba.
La estrategia
El tema es de preocupación para la Casa Rosada. Lo cierto es que en apenas diez meses, Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un récord que excede lo emitido por los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia.
Sin esa herramienta podría complicarse el accionar del Gobierno que, aunque busca acuerdos con otras fuerzas, muestra una fuerte debilidad parlamentaria.
Ese es, justamente, el argumento que esboza el PRO para apoyar el rechazo de LLA. El espacio de Mauricio Macri, que siempre había militado modificaciones a esta ley, ahora no acompañará.
Milei tiene ahora el desafío de encontrar argumentos para llevar adelante el veto. Hasta ahora, el fundamento siempre fue la defensa del equilibrio fiscal contra los costos que implicaban las leyes sancionadas por el Congreso. Pero las modificaciones al DNU no llevan ningún costo fiscal, y la situación de minoría no pareciera ser una justificación lo suficientemente sólida como para ganar el respaldo del resto de los dialoguistas.
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