Este miércoles 12, el Gobierno se anotó una victoria parcial en la Cámara de Diputados con la media sanción de Ficha Limpia. El proyecto es una iniciativa originalmente del PRO que el oficialismo convirtió en propia después de hacer algunas modificaciones al texto.
A los 144 votos positivos se llegó gracias al aporte de:
- La Libertad Avanza.
- El PRO.
- La Coalición Cívica.
- Las divididas bancadas radicales (UCR y Democracia para Siempre).
- Diputados provinciales.
- Y un sector de Encuentro Federal.
Las abstenciones corresponden a Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal; y su colega Nicolás Massot, ambos convencidos de que solo una sentencia firme de la Corte Suprema podría impedir a una persona postularse como candidata.
La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos. De aprobarse en el Senado, la inhabilitación sólo se aplicará si la condena fue confirmada en segunda instancia en "el año anterior al proceso electoral".

La situación en el Senado
Al Gobierno le queda un tiempo acotado para que Ficha Limpia avance la semana que viene en la Cámara Alta. El viernes 21 termina el período de extraordinarias al que convocó el Ejecutivo y debería conseguir en pocos días un dictamen favorable en Comisión para que el proyecto pueda ser tratado.
Ahora, inicia un proceso de negociaciones legislativas con un final incierto. El primer desafío para el proyecto será obtener las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahora presidida por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien asumió el cargo recientemente tras la detención en Paraguay del exsenador Edgardo Kueider.
Vigo, esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, lidera una comisión en la que el oficialismo y sus aliados cuentan con 10 de los 19 miembros, mientras que la oposición suma 8. La clave para avanzar en esta instancia parece estar en manos de la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, quien podría inclinar la balanza a favor del oficialismo.
37 votos
En el recinto, al tratarse de una reforma electoral, son necesarios 37 votos, y Unión por la Patria pondrá una barrera de 34 legisladores.
Durante el debate, el bloque peronista señaló que el proyecto sólo busca proscribir a Cristina Kirchner, condenada en noviembre, en segunda instancia, en la causa Vialidad. Por eso, al igual que en Diputados, se descarta el apoyo del espacio al proyecto de Ficha Limpia. Cuando se trató la suspensión de las PASO en la Cámara baja, el bloque de UxP se fracturó, pero en el caso de Ficha Limpia se abroqueló en el rechazo al proyecto. En varias oportunidades se habló de "proscripción", que como se sabe, es una palabra cara a la liturgia peronista.
El mismo escenario se reproduciría en el Senado, pero el final puede ser distinto.
A favor del proyecto LLA aportará 6 senadores; el PRO 7, la UCR otros 13, aunque uno de ellos está de licencia (Víctor Zimmerman); Las Provincias Unidas 5, y otros bloques más pequeños como que cuentan con entre 1 y 3 miembros cada uno.
Algunos funcionarios estiman que el tratamiento, si logra avanzar, posiblemente quede recién para el período ordinario que empezará el sábado 1° de marzo.
¿Cristina afuera?
A las críticas contra Ficha Limpia se sumó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien lanzó: "Qué paradoja que le llamen Ficha Limpia a un proyecto que solo busca ensuciar y que tiene el objetivo claro de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner".
Y añadió: "La libertad que tanto pregonan el oficialismo y sus aliados termina siendo una farsa y se nota cada vez más, aunque quieran disimularlo con discursos republicanos".
Pese a las tensiones recientes entre Kicillof y la exmandataria, el gobernador bonaerense tomó una postura pública firme en defensa de Cristina Kirchner.
Aunque se haya dicho reiteradamente que se trata de una ley sin nombre ni apellido, Cristina Kirchner fue citada una y otra vez tanto por diputados oficialistas como opositores. Porque más allá de los argumentos válidos que pueda haber para que Argentina tenga una ley de estas características, significará que una de las figuras políticas más importantes del país, que además preside el PJ, no podría competir en las elecciones. Sería un hecho político de fuerte impacto, sin antecedentes en las últimas décadas, con independencia de la razonabilidad de la norma.