Sin dudas huir de la justicia permite evitar ciertas obligaciones de carácter legal. ¿Pero qué tan complejo es sostener esta forma de vida?
El caso del llamado "Pequeño J" lo demuestra con claridad. Tras varios días de búsqueda, finalmente fue capturado por las fuerzas de seguridad. Lo hallaron gracias a un seguimiento paciente y a un error que, como suele ocurrir, terminó por delatarlo: en este caso, el uso de canales de comunicación y movimientos que, pese a los cuidados, generaron rastros. Una vez más se confirma la regla no escrita del fuero penal: nadie logra escapar por mucho tiempo, todos caen por un descuido.
El operativo incluyó allanamientos en domicilios vinculados, tareas de inteligencia en su círculo cercano y, sobre todo, un trabajo de cruce de datos que permitió reconstruir su itinerario. Al final, su propia dinámica de vida terminó por dejar la huella que posibilitó su localización.
Ahora bien, este camino tiene patas cortas, sin importar cuán astuto sea el acusado para evitar el accionar judicial. Vivir como prófugo no solo es desgastante, sino también prácticamente insostenible en el tiempo, sobre todo en un caso mediático y de alto perfil como este.
La consecuencia inmediata de haber sido encontrado en esas condiciones es que la detención y el posterior dictado de la prisión preventiva resultan automáticas. Además, la posibilidad de acceder a una excarcelación o a una medida de coerción menos gravosa se vuelve muy reducida: haber estado prófugo constituye en sí mismo la evidencia de un riesgo procesal, y esa circunstancia es difícil de revertir frente al tribunal.
La situación de Pequeño J es particularmente compleja: no solo se lo investiga por delitos graves vinculados al narcotráfico, sino que la presión social y mediática aumenta las probabilidades de que se le apliquen medidas más duras. Y el hecho de haber sido detenido tras permanecer prófugo, posiblemente en el marco de un proceso de extradición, complejiza mucho la posibilidad de evitar el dictado de la prisión preventiva.
Sin embargo, también es cierto que aún podría demostrarse que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan. Ese escenario abriría la puerta a una defensa técnica sólida y funcional a sus intereses, porque en el sistema penal argentino no existen causas imposibles, siempre hay margen para litigar. Pero, sin dudas, la fuga inicial se convierte en un lastre que condiciona cualquier estrategia y debilita la posibilidad de medidas alternativas a la detención.
La historia incluso nos ofrece un ejemplo paradigmático: el mismísimo Pablo Escobar decidió entregarse voluntariamente a la justicia colombiana en 1991, no por un cálculo jurídico, sino porque estaba agotado de la vida clandestina. El desgaste físico y psicológico de estar permanentemente huyendo lo convenció de que eso no era vida. Y si hasta uno de los criminales más poderosos de la historia reconoció que ser prófugo es invivible, ¿qué queda para quienes no cuentan con semejante estructura detrás?
Ponerse a derecho voluntariamente suele ser leído como un gesto de colaboración que puede ayudar a mitigar riesgos procesales y abrir la puerta a medidas menos gravosas. Es una carta fuerte en manos de la defensa, que ahora, en este caso, difícilmente pueda ser jugada.
Estar prófugo es complicar el proceso. Ser hallado tras la fuga lo complica aún más. Ponerse a disposición de la justicia, en cambio, es el primer paso para poder defenderse de manera seria y con mayores chances de éxito.
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