El Partido Justicialista de Mendoza anunció hoy que denunciará penalmente al exsenador provincial Héctor Bonarrico, quien aseguró haber firmado un convenio con el Ejecutivo local como parte de "un acuerdo político" para declinar su candidatura.
- Bonarrico, pastor evangélico, recibió por parte del Estado provincial una suma de $18 millones en concepto de subsidios para una fundación que dirige, por medio de un convenio que el Gobierno de Rodolfo Suárez resolvió derogar en la presente jornada.
La senadora nacional y presidenta del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti, anunció en una conferencia de prensa junto a otras autoridades partidarias que el lunes se presentarán ante la Justicia para ir "hasta las últimas consecuencias" con tal de "conocer la verdad".
Bonarrico afirmó en una entrevista radial que el otorgamiento de estos subsidios se llevó a cabo en el marco de "un acuerdo político" con el Gobierno de Mendoza, y al respecto, Fernández Sagasti consideró que habrían varios delitos involucrados en esta situación.
"Podríamos enumerar varios delitos que deberían ser confirmados por la Justicia. Creemos que puede haber cohecho y asociación ilícita. Estamos hablando de corrupción a cambio de votar leyes y de bajarse de una de una candidatura", remarcó la senadora.
Para la legisladora, se está ante "la punta del ovillo" y anunció que el sector que integra "estará totalmente activo para presentar pruebas y reclamar que se investigue".
"También vamos a invitar a los partidos del Frente de Todos (FdT) para que intervengan en la causa y que los mendocinos podamos saber qué prebendas o delitos se han cometido. Están negociando con fondos públicos que son de todos los mendocinos", subrayó.
Por su parte, el senador provincial Lucas Ilardo afirmó que la baja del convenio por parte del Gobierno provincial sólo contribuye a confirmar que se actuó "de forma espuria".
"El gobernador decidió retrotraer el decreto. Esto implica que se admite en el mismo acto que existe la comisión de un delito. No hubiera vuelto atrás con el decreto y lo hace sin explicar absolutamente nada", remarcó.
Y en ese sentido, puntualizó: "El decreto es absurdo y realmente descollante en términos de lo que se puede analizar. La Justicia va a tener un trabajo enorme".
La radical Natacha Eisenchlas, presidenta Provisional del Senado, apuntó contra el PJ por las causas judiciales de sus dirigentes. Aseguró que los pedidos de informe serán respondidos y no le cerró la puerta a la visita de funcionarios del Gobierno a la Legislatura para responder dudas.
"El radicalismo no es el que tiene a un gobernador imputado y dos intendentes presos”, dijo, en alusión al el exgobernador Francisco Pérez y los exintendentes Sergio Salgado (Santa Rosa) y Luis Lobos (Guaymallén).
El exsenador Bonarrico había señalado ayer a Los Andes que negoció el subsidio con el gobernador Suárez, el presidente de la UCR Tadeo García Zalazar y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
También dijo que recibió el ofrecimiento de un cargo público “para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección 'interculto' para que yo ocupara el cargo de director”.
El ministro Ibañez aseguró que el proceso fue “transparente” y adelantó la estrategia política: harán una denuncia penal contra el pastor evangélico por tentativa de fraude a la administración pública por las declaraciones que hizo donde señalaba que esos fondos eran parte de un acuerdo político con el oficialismo local.
