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Enseñanzas de La Moncloa

Los Pactos de la Moncloa aún ofrecen un valioso modelo de referencia. Su utilidad actual depende del cuidado con que se consideren las semejanzas y diferencias. No fueron simples acuerdos sobre principios o declaraciones. Tampoco expresiones de buenas intenciones.

Es importante señalar que los pactos fueron gestionados y firmados exclusivamente por los partidos políticos.
Es importante señalar que los pactos fueron gestionados y firmados exclusivamente por los partidos políticos.
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La visita del expresidente Felipe González ha devuelto al centro de la agenda política la necesidad de encontrar nuevas vías para una convergencia democrática.

Invitado por el Grupo de los Seis y rodeado por más de 200 personalidades del mundo empresario, sindical y político, González volvió a plantear la necesidad de acuerdos que contribuyan a superar la grieta que se para al gobierno y sus oposiciones, con un discurso que no ahorró adjetivos. 

"Hay una crisis de partidos políticos -expresó con énfasis-. Los bloques se antagonizan y se cree que el que más grita se impone, pero esos gritos no dejan escuchar lo que le pasa al ciudadano de pie. Hay que intentar utilizar las palabras no como puñales sino como mecanismo de comunicación con el otro". 

La visita de González abarco también reuniones personales y encuentros confidenciales con buena parte de la dirigencia empresaria y en un esfuerzo por convertir el nuevo aniversario de los ya casi míticos Pactos de la Moncloa en una ocasión para volver a encontrar el camino de la concordia perdida.

Poco conocidos en sus detalles, los acuerdos de 1977 en España operan como una suerte de paradigma de referencia, revelador de la capacidad de una colectividad política para remontar una historia de enfrentamientos y frustraciones, desafiar condiciones contextuales adversas y refundar sus instituciones bajo el impulso reflexivo de una dirigencia joven y esclarecida.

Es de esperar que la siembra de González fructifique en un país y en un mundo que abarca a la propia España actual, en la que las "Moncloa" parecen haberse convertido en objetivos inalcanzables. No podría, en efecto, González ni ninguno de sus anfitriones suministrar ningún ejemplo concreto de grandes acuerdos nacionales del tipo de los logrados a mediados de los años '70 y permitieron a casi todos los países europeos -con la sola excepción de la Gran Bretaña de Thatcher- iniciar el camino de la convergencia en las políticas públicas concertadas.

Para profundizar en las razones de este fracaso de las políticas de concertación, en el contexto actual de sociedades crispadas por la polarización y paralizadas por empates políticos insuperables, nada mejor que repasar el contenido de los Pactos de la Moncloa y explorar las posibilidades de su implementación en contextos tan diferentes como los actuales.

En tal sentido, conviene recordar que la arquitectura de la transición española abarcó tres aspectos centrales.

En primer lugar, la importancia de un objetivo consensuado desde todos los sectores políticos, casi sin excepciones. Ese objetivo fue Europa.

La España que iniciaba su proceso de transición tras la muerte de Franco, en 1975, contaba con solidas tradiciones y partidos de izquierda -socialistas y comunistas-. No contaba con fuerzas moderadas. Ese papel lo cumplían los jóvenes dirigentes que se desprendían del régimen franquista y asumían  las nuevas identidades de la socialdemocracia, el socialcristianismo y el conservadorismo en sus versiones liberales y autoritarias. 

Todo el arco político, desde adentro y afuera del sistema en transición, concordaron en el propósito común de hacer de España un país europeo, capaz de desarrollar políticas afines con un entorno cada vez más convergente en materia de reformas económicas, sociales y políticas. En el mundo que venía, no había margen para conflictos identitarios ni querellas de índole social, religiosa, étnica o ideológica. Esta voluntad de incorporación incondicional a Europa fue la clave central de la transición. 

Sin la Unión Europea como horizonte de realización nacional, los españoles difícilmente hubieran logrado instrumentar una compleja agenda de la concertación que abarco casi todos los aspectos de su vida colectiva.

Los acuerdos de la Moncloa fueron dos y contemplaron tres pactos diferentes en su naturaleza y nivel de adhesión. 

El pacto económico se centró en un plan de estabilización, muy duro para las categorías de la época y de naturaleza no muy diferente a las de las políticas clásicas de ajuste y estabilización. Se acordó autorizar el despido libre para 5% de las empresas y se apuntó sobre todo a romper la alianza corporativa de sindicatos y empresarios con el Estado, una de las claves del despegue español desde finales de los años '50. Los acuerdos consagraron la apertura y libertad sindical, terminaron con la representatividad sindical única e inauguraron una era de libre asociación y organización de centrales sindicales en competencia. 

Se fijó un techo del 22% a los incrementos salariales -la inflación estimada para el año siguiente 1978-, lo cual puso un freno a la indexación de la economía. Lo más importante en este aspecto  fue el comienzo de una profunda reforma tributaria, basada en el impuesto a la renta personal. El acuerdo se centró  en una férrea política de control del déficit público y de férreo control de la fuga de capitales, un mal endémico en la sociedad española. Este pacto fue firmado por todos los partidos intervinientes.

El pacto político fue más complejo y fue resistido por años desde las fuerzas conservadoras.  Abolió restricciones importantes a la libertad de prensa, prohibió la censura previa, se levantaron aspectos relevantes del secreto oficial para permitir la información parlamentaria y se aprobó el pleno derecho de reunión y de asociación política. Se establecieron importantes mecanismos de salvaguarda de la libertad de expresión y  los derechos de defensa en juicio y se restringió el alcance de la jurisdicción militar. Se reconocieron derechos y se tipificaron delitos que marcaron un avance en el camino que llevaría un año después a la Constitución de 1978. 

El pacto político fue firmado por todos los partidos , con excepción de las fuerzas de derecha, representadas por la Alianza Popular de Fraga Iribarne.

En el aspecto social, los pactos apuntaron a reformas sociales profundas, centradas en el reconocimiento de las centrales sindicales de los grandes partidos: la UGT socialista y la CCOO comunista y en los sindicatos regionales. Se avanzó también en un reconocimiento incipiente en los derechos de la mujer. Se derogaron normas penales contra el adulterio y el amancebamiento, se modificaron fechas para la configuración de algunos delitos como el estupro y el rapto y se liberalizó la venta de anticonceptivos

Es importante señalar que los pactos fueron gestionados y firmados exclusivamente por los partidos políticos y no, como podría pensarse, por los sindicatos y los empresarios, que fueron informados y consultados, pero no integrados a una decisión política de dejar atrás definitivamente el modelo corporativo. Este es un aspecto central para entender la primacía de la política como fuerza impulsora capaz de dominar los reflejos defensivos del establishment empresario y sindical.

De allí que la nueva Constitución de 1978, el tercer dato central, fuera el instrumento que institucionalizó la construcción de un nuevo sistema político, capaz de operar como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones.

Los Pactos de la Moncloa siguen ofreciendo un valioso modelo de referencia. Su posible utilidad depende, sin embargo, del cuidado con que se consideren las semejanzas y diferencias con la época actual. Por sobre todo ofrecen un gran ejemplo del ejercicio de las responsabilidades de la política y  de la capacidad de la dirigencia para acordar en aspectos instrumentales básicos, sin los cuales no hay superación posible de la herencia recibida. 

Los pactos no fueron simples acuerdos sobre principios o declaraciones. Tampoco expresiones retóricas de buenas intenciones. Fueron decisiones de conjunto, adoptadas exclusivamente por los partidos, orientadas a avanzar hacia la apertura social y económica, la incorporación del país al resto del mundo. 

En consulta con las fuerzas económicas y sociales, los partidos se concentraron en la demolición del Estado corporativo y en la creación de un nuevo espacio democrático para el libre ejercicio de las libertades públicas. Buscaron crear condiciones para que cada fuerza política pudiera desarrollar con libertad sus propias opciones, en un contexto de competencia abierta, libre de la presión extorsiva de los sectores de interés.

No implicaron acuerdos sobre ideas u objetivos programáticos comunes. Fueron consensos, se diría que instrumentales, acerca de la articulación y de una economía moderna, competitiva y abierta al mundo y de una política democrática regida por los intereses públicos y capaz de poner freno a las presiones corporativas

Su posible ejemplaridad reside en demostrar la capacidad de la política para dejar de lado los egoísmos y apetencias particulares y concentrarse en la búsqueda de caminos que permitan a una sociedad crispada refrenar sus impulsos hacia el conflicto social, la pugna distributiva y la dominación clientelar.

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