El Senado de la Nación tiene previsto sesionar mañana, jueves, con un temario en donde la atención está puesta en el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que desregula la economía eliminando 80 leyes y modificando otras 200 normas.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que falleció la esposa del presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. Esta noticia pone en duda el llamado a sesionar que hizo la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel.
La razón de la posible suspensión de la sesión no solo es el acompañamiento personal al senador, sino que además tiene una razón matemática: significaría un voto menos para apoyar la constitucionalidad del DNU 70/2023 en un contexto donde no está asegurado el futuro del decreto.
Esto se definirá alrededor de las 18, cuando habrá una reunión de labor parlamentaria que tiene como objetivo delinear, entre otras cosas, el debate del DNU publicado en diciembre pasado.
Villarruel evitó, durante varias semanas, los pedidos del bloque de Unión por la Patria y otros de bloques federales para sesionar.
El espacio que conduce José Mayans ya había realizado tres pedidos de sesión que Villarruel había desestimado, teniendo en cuenta que el bloque es la primera minoría en la Cámara alta y cuenta con 33 legisladores, a solo cuatro del quórum.
La estrategia de ganar tiempo que había adoptado LLA se complicó días atrás cuando los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider presentaron otra nota para sesionar y analizar el mega DNU, lo que dejó al oficialismo al borde de una derrota.
La llave nuevamente está en la Unión Cívica Radical. El bloque, que cuenta con 13 senadores, está dividido y sin una posición única. "Es un final abierto", explicó una fuente de la UCR.
Además del mega decreto de Milei, esta tarde se pondrán a votación otros proyectos que quedaron por discutir del 2023.
También se aprobará la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante el 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y votado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta.
Recién el 7 de febrero pasado consiguió dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto.
