Escenario
La crisis en la educación básica ha provocado que las universidades dejen de ser un motor de movilidad social. Para revertir esta situación, es necesario presionar a las provincias y a las universidades para que mejoren su gestión. El ajuste fiscal actual se basa en que el gasto público crezca por debajo de la inflación.
- No obstante, la oposición sancionó una ley que estipula que, en el caso de las universidades, el gasto debe recuperarse en términos reales y actualizarse según la inflación.
Sin embargo, esta ley fue vetada por considerarse contraria al equilibrio fiscal. El objetivo principal es recuperar la estabilidad macroeconómica.
- La oposición, en su intento de invalidar el veto, argumenta que las universidades siguen siendo un factor de movilidad social ascendente. Existe la creencia de que, gracias a la gratuidad de la universidad pública, los jóvenes de familias con bajos ingresos tienen la oportunidad de mejorar su situación económica.
Un dato interesante es la tasa de egreso de la escuela secundaria en tiempo (sin retraso). Según estimaciones de la Secretaría de Educación, de cada 100 jóvenes que comienzan la secundaria, solo el 30% la termina a tiempo en una escuela pública, mientras que el 15% lo hace en una privada. El 55% restante no logra terminar a tiempo, y de estos, el 90% (es decir, el 48% del total) son jóvenes que asisten a escuelas públicas.
La crisis educativa es tal que la mayoría de los alumnos de colegios estatales enfrentan problemas de aprendizaje, no terminan sus estudios a tiempo o los abandonan, lo que reduce significativamente la posibilidad de acceder a la educación universitaria.
- Además, las matrículas universitarias muestran un sesgo a favor de los jóvenes que cursaron la secundaria en instituciones privadas. Así, las universidades se han convertido en un mecanismo de transferencia de ingresos hacia los estratos sociales más altos.
Esta problemática excede el ámbito universitario, pero tiene un impacto decisivo en su desempeño. El verdadero problema está en la educación básica. Dada esta realidad, la contribución de las universidades a la movilidad social es limitada, y una parte importante de su presupuesto beneficia a estudiantes cuyos hogares contaban con los recursos suficientes para financiar una educación privada en sus primeros años escolares. Si queremos que la universidad vuelva a ser un motor de movilidad social, es imperativo mejorar sustancialmente la calidad de la educación básica.
Las escuelas primarias y secundarias están bajo la gestión de las provincias, que gozan de autonomía, al igual que las universidades nacionales, amparadas por la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. Esta autonomía limita la capacidad del Estado nacional para influir directamente en su gestión.
No obstante, fortaleciendo la producción y difusión de los resultados educativos, se puede generar conciencia en la sociedad, de modo que esta presione a los gobernadores y rectores para mejorar la gestión educativa.
En resumen, el sistema educativo en su conjunto requiere profundas transformaciones y un debate serio. Aunque la implementación de estos cambios depende de los gobernadores y los rectores universitarios, la Nación tiene las herramientas para empoderar a la población y hacer que los responsables asuman su papel en la recuperación de la educación estatal como el motor de movilidad social que alguna vez fue.
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