27 febrero de 2025
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El Gobierno reformó la regulación de los derechos de autor. Desde ahora, en el régimen de inscripción, los interesados podrán hacerlo a partir de una sociedad de gestión colectiva (SGC) o inscribirse de manera individual.
- La novedad fue confirmada este jueves a través del Decreto 138/2025 publicado en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los alcances en un largo posteo en su cuenta de X.
"El objetivo es eliminar monopolios y habilitar acuerdos particulares, estableciendo reglas de transparencia", señaló Sturzenegger tras la difusión de la noticia. "De ahora en más, quien genere un hecho artístico será el beneficiario directo de esa obra, sin intermediarios", resumió.
"Hasta ahora, el Estado controlaba los ingresos de todos los artistas obligándolos a rendir sus derechos a través de una organización autorizada por el mismo Estado. Este perverso sistema ideado por el presidente de facto Onganía (luego amplificado por el kirchnerismo que comparte esa visión autoritaria del poder), le permitía al gobierno dos cosas. Primero, tener el control de los derechos de los artistas para disciplinarlos (ya sea privilegiándolos en el cobro o extorsionándolos). Segundo, constituía una abultada caja en la que vale el dicho 'el que reparte se queda con la mejor parte' ¡Nunca más el control del Estado sobre la cultura!", exclamó.
Y agregó: "Los autores recuperan la libertad que le da el pleno control de sus derechos, podrán elegir quién los representa o si lo desean representarse ellos mismos sin intervención de una SGC. Los contratantes, por su parte, sabrán que con el acuerdo particular ya satisfacen todos los derechos económicos de ese autor, lo que da mayor certeza en el comercio".
"Los representados podrán hacer acuerdos particulares, debiendo comunicar dicha circunstancia en forma fehaciente a la sociedad de gestión colectiva a la que hayan otorgado consentimiento para que gestione sus derechos, sin que esta última pueda oponerse a dichos acuerdos", aclararon en el artículo 4 del decreto.
En cuanto a la distribución de los ingresos, se estableció que el porcentaje destinado a gastos de administración no podrá superar el 30 % de lo recaudado. Además de señalar que los aranceles que se percibirían tendrán que pactarse bajo criterios de reparto equitativo y en proporción al uso real de las obras, se dispuso que el pago de los derechos deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de dos meses.
De la misma manera, indicaron que una vez que se venza el término para que los titulares de derecho cobren las percepciones correspondientes, éstas deberán ser distribuidas entre los demás representados. Y remarcaron que en el caso de que se traten de titulares o sociedades extrajeras, el reparto será realizado bajo los principios de trato nacional y reciprocidad.
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