El cuerpo femenino como mercancía: el costo invisible del "sueño cumplido"

"No estoy a favor de nada que convierta al cuerpo de una mujer en un objeto mercantilizable". La frase incomoda porque no es tibia. No deja margen para el eufemismo ni para el relato edulcorado. Cuando el mercado entra al cuerpo, rara vez entra con delicadeza. Entra con contratos, con abogados, con cláusulas, con penalidades. Entra con la lógica de la prestación de servicios: algo que se ofrece, se controla, se audita y se entrega.

Pero no entra a cualquier cuerpo. Entra, casi siempre, al cuerpo femenino. No al masculino, o solo de manera excepcional. Entra allí donde la desigualdad ya había marcado el terreno. Por eso la subrogación de vientres reaparece una y otra vez en la conversación pública envuelta en un lenguaje amable: celebridades que "cumplen el sueño", familias que "se completan", bebés deseados, fotos tiernas, agradecimientos emotivos. Un relato prolijo que corre el foco del conflicto real.

"Haber nacido mujer es mi tragedia", escribió Sylvia Plath. La frase incomoda por la misma razón. No porque exagere, sino porque nombra algo que solemos diluir cuando el debate se vuelve presentable. La desigualdad no se juega solo en derechos formales, en leyes o en salarios: se juega en la experiencia cotidiana de habitar el mundo. Plath no habla de victimización. Habla de libertad.

La tragedia no es el cuerpo. Es lo que se hace con él. No es haber nacido mujer, sino vivir en un mundo donde el espacio público, el deseo y el riesgo siguen distribuidos de manera desigual. Caminar de noche, dormir a cielo abierto, ser anónima: gestos mínimos que para muchos son obvios, para otras siguen siendo peligros. Traer esta idea al debate sobre la subrogación no es forzar una analogía: es devolver la discusión a su marco político y feminista real.

La noticia reciente de que Meghan Trainor tuvo a su tercer hijo mediante un vientre subrogado -alquilado, dicho con más frialdad- volvió a instalar el tema con el tono habitual: agradecimientos, equipos médicos, "la forma más segura" de agrandar la familia. En Argentina, el debate entra por la misma puerta: nombres propios que se repiten hasta naturalizar la práctica. Luciana Salazar, Marley, Flor de la V, Ricardo Fort. Casos distintos, contextos diversos, una misma operación cultural: convertir una práctica profundamente conflictiva en algo "normal" o aspiracional.

Y ahí está la trampa. Cuando la discusión se ordena en torno a quién puede hacerlo, cuánto cuesta, en qué país conviene, qué clínica es más "confiable", se pierde lo central: qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando aceptamos que la capacidad reproductiva de las mujeres sea una mercancía disponible.

Desde el feminismo no hay una sola respuesta frente a la subrogación, y eso no es una falla. Hay una postura abolicionista, que afirma sin rodeos que las mujeres no se pueden alquilar ni comprar de manera total ni parcial. Y hay una postura regulacionista que sostiene que prohibir no evita la práctica, sino que la empuja a la clandestinidad. La discusión real no es entre "progres y conservas", ni entre "modernidad y moralina". Es un choque incómodo entre valores que el propio feminismo defiende: autonomía, libertad reproductiva, igualdad, dignidad, no explotación.

Pero hay un punto que organiza el conflicto: no toda elección es libertad. A veces es supervivencia con un nombre elegante.

El feminismo lleva décadas señalando que la noción liberal de elección, descontextualizada, es insuficiente. Elegir no es simplemente optar entre alternativas abstractas; es hacerlo dentro de un marco material, social y económico concreto. Cuando las opciones reales de una mujer están condicionadas por la necesidad económica, por la precariedad, por la falta de oportunidades, hablar de "consentimiento libre" sin mirar ese contexto es, como mínimo, ingenuo. Y, como máximo, funcional al mercado.

Por eso la frase del manifiesto es tan incómoda: el deseo de ser padres-madres no implica ningún derecho a tener hijos. Choca de frente con un clima cultural que transforma deseos en derechos de consumo. Si puedo pagarlo, existe. Si existe, debo poder acceder. Si no accedo, alguien me discrimina. En esa lógica, el vientre alquilado encaja perfecto en el engranaje neoliberal: si hay demanda, se crea una oferta.

La diferencia es que la oferta no es un objeto. Es el cuerpo de una mujer durante nueve meses. Un cuerpo que asume riesgos físicos, médicos y emocionales. Un cuerpo sometido a controles, restricciones y expectativas ajenas. Y el "resultado" de ese proceso no es una mercancía cualquiera: es una persona. Por eso la subrogación no puede pensarse como una técnica reproductiva más, neutral o aséptica. Es una práctica atravesada por relaciones de poder, donde la mujer debe rendirse ante algo natural y propio como lo es un ser gestado por nueve meses en su cuerpo.

Uno de los argumentos más repetidos para defenderla es el del altruismo. No sería alquiler, sino solidaridad. No habría compra, sino compensación. No habría explotación, sino decisión. Pero el feminismo crítico hace tiempo aprendió a desconfiar de los eufemismos. Las palabras no cambian la estructura. Si la mayoría de quienes gestan son mujeres con menos recursos y la mayoría de quienes encargan pertenecen a sectores con mayor poder económico, el desequilibrio no desaparece porque lo llamemos de otro modo.

Además, el altruismo funciona como coartada ideológica. Apela a una figura históricamente feminizada: la mujer como "ser para otros", como sujeto cuyo valor se mide por su capacidad de dar, cuidar, sacrificar. La subrogación altruista no rompe con ese mandato: lo recicla en clave contractual. Y lejos de evitar la mercantilización, suele facilitarla. La experiencia comparada muestra que allí donde se habilita la subrogación altruista, también crece la comercial. Ninguna regulación puede garantizar que no haya dinero por fuera, presiones encubiertas o intermediarios que se beneficien.

Otro argumento central del feminismo abolicionista es el de la integridad corporal. Hay prácticas que una sociedad decide no habilitar, aun cuando haya consentimiento, porque entiende que el riesgo de explotación es estructural. La venta de órganos es el ejemplo más claro: incluso en situaciones de vida o muerte, el mercado está prohibido porque sabemos quiénes terminarían vendiendo y quiénes comprando. La subrogación comparte esa lógica: se apoya en desigualdades previas y las profundiza.

También está la cuestión del control. Los contratos de subrogación no son acuerdos abstractos: regulan qué come la mujer, cómo vive, si puede viajar, qué tratamientos médicos acepta, qué pasa si se arrepiente. La idea de que una mujer pueda quedar sujeta durante nueve meses a un contrato que condiciona decisiones íntimas sobre su cuerpo es, desde una mirada feminista, profundamente problemática. No porque las mujeres no puedan decidir, sino porque ninguna decisión debería implicar la cesión tan radical de la autonomía corporal.

Frente a esto, el regulacionismo plantea un punto atendible: prohibir no hace desaparecer la práctica y puede empujarla a circuitos más opacos. Es cierto que la falta de regulación deja a las mujeres más expuestas. Pero la pregunta incómoda sigue siendo otra: ¿regular para proteger o regular para legitimar? Porque regular no siempre significa cuidar; a veces significa normalizar un mercado. Y una vez que el mercado está normalizado, el incentivo a expandirlo, profesionalizarlo y publicitarlo es enorme. La frontera entre "compensación" y "precio" se vuelve difusa. La lógica industrial se impone.

Autonomía, sí. Pero autonomía con contexto. El feminismo no puede sostener, al mismo tiempo, que las decisiones de las mujeres están atravesadas por desigualdades estructurales y que cualquier contrato firmado es expresión pura de libertad. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez sin tensión. Reconocer la capacidad de decidir de las mujeres no implica negar que esa decisión pueda estar condicionada. Implica, precisamente, politizar las condiciones en las que se decide.

Por eso el centro del debate no es Meghan Trainor, aunque su caso sirva como disparador. El debate real sucede lejos de las cámaras: en el lugar donde el cuerpo se vuelve recurso. Quién gesta y por qué. Qué riesgos asume. Qué margen real tiene para arrepentirse. Qué pasa si hay complicaciones médicas. Quién decide sobre el embarazo. Qué sucede con la salud mental. Cómo se evita que el contrato funcione como una forma moderna de control del cuerpo femenino.

La pregunta final no se responde con slogans ni con historias individuales de final feliz. ¿Puede existir una subrogación que no dependa de la desigualdad y que no convierta la capacidad reproductiva en un servicio comprable? Si la respuesta es no, entonces la frase inicial no es un gesto moralista: es un límite político. Si la respuesta es sí, la carga de la prueba es enorme. No alcanza con decir "altruismo", "elección" o "libertad". Hay que demostrar que no hay coerción, ni mercado encubierto, ni asimetrías brutales de poder.

Vuelvo a la frase inicial porque ordena todo lo demás. No estar a favor de nada que convierta al cuerpo de una mujer en un objeto mercantilizable, no juzga deseos ni proyectos familiares: fija un límite frente a un mundo que convierte deseos en derechos de consumo, y cuerpos en recursos disponibles. La frase nos hace preguntarnos qué estamos dispuestas a convertir en mercado para satisfacerlos. Qué partes de la vida consideramos disponibles, intercambiables, administrables y sobre qué cuerpos —una vez más— se apoya esa posibilidad.

No sobre todos, no de manera simétrica y no en abstracto. Se apoya sobre cuerpos históricamente entrenados para ceder, para cuidar, para sostener, para poner el cuerpo cuando algo falta. Cuerpos acostumbrados a negociar su libertad a cambio de seguridad. Cuerpos acostumbrados a someterse y rendirse. Cuerpos que aprenden temprano que el límite entre elegir y adaptarse es borroso. Tal vez la pregunta incómoda no sea si algo puede hacerse, sino quién paga el costo de que pueda hacerse. Quién asume el riesgo físico. Quién carga con las consecuencias emocionales. Quién queda atada a un contrato cuando algo sale mal. Quién pone el cuerpo para que otros puedan cumplir un proyecto de vida.

En un mundo donde el mercado siempre encuentra nuevas fronteras para expandirse, el feminismo tiene la tarea de marcar límites. No para moralizar, sino para recordar que no todo lo técnicamente posible es políticamente deseable. Que no todo lo que puede comprarse debería estar en venta. Y que cada vez que naturalizamos una transacción, conviene detenerse y mirar con atención qué desigualdades la hacen posible. Porque cuando dejamos de hacer esa pregunta, el riesgo no es solo normalizar un mercado más. El riesgo es algo más profundo: acostumbrarnos a que el cuerpo de las mujeres siga siendo, incluso en nombre del deseo, el terreno más fácil de negociar.

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