A través de un decreto que publicó ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional ordenó anular la cesión de 31 bienes que la administración del expresidente Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires antes de terminar su mandato y dispuso una investigación para determinar la legalidad del proceso. Desde la jefatura de Gobierno porteña, que estaba al tanto de la medida, evalúan los pasos a seguir y confía en el “diálogo” como “camino para llegar a un acuerdo”.
Tal como había adelantado El Economista en su edición de ayer, el presidente Alberto Fernández derogó un artículo de un decreto firmado por Macri en agosto del 2019 que facultaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “a dar en pago” a la Ciudad bienes inmuebles desafectados del uso de la Nación para cancelar deudas.
Según argumenta el Gobierno en el decreto, el traspaso de esas 31 escrituras "desnaturaliza la función asignada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado" e "implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional". Además, consigna que la entrega de "inmuebles "para cancelar deudas o cumplimentar compromisos de asistencia económico- financiera" resulta "manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público".
“Se verán los pasos a seguir”, indicaron ayer, con cautela, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Para la administración local es otro frente abierto con Nación, luego de que pusiera en entredicho la modificación que el gobierno de Macri había hecho de los porcentajes coparticipables en febrero de 2016 y que el gobierno de Fernández pretende dejar sin efecto.
En la otra de las medidas, el Presidente ordenó a la AABE revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la cesión y transferencia de la Nación a la Ciudad de esos predios, que están en su mayoría compuestos por playas ferroviarias en los barrios de Caballito y Palermo. Al respecto, fuentes del Gobierno porteño indicaron que “está la tranquilidad” de que los inmuebles transferidos se enmarcan en convenios originados “con bastante anterioridad” al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal. Y precisaron que la disposición de la totalidad de los predios involucrados fue autorizada por decretos que datan del 2013, 2018 y enero 2019, por lo que agregaron que, durante ese período, se dieron procesos de “instrumentación y efectivización de las transferencias”.
