Los bloques de diputados y de senadores de la UCR llevaron esta tarde a la Casa Rosada su proyecto de reforma laboral. Tal como acordaron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, será incorporado en el nuevo proyecto de Ley de Bases, que se tratará la semana próxima en la Cámara de Diputados.
La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el DNU 70/2023 que dictó el presidente Javier Milei a fines del año pasado. La aplicación de ese capítulo fue suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT.
Por eso, los bloques dialoguistas decidieron avanzar con un nuevo proyecto que tenga mayor consenso. El radicalismo se comprometió a presentar una propuesta que permita motorizar el empleo en el sector de las pymes.
Entre los legisladores radicales que esta tarde llegaron a la Casa Rosada se encuentran los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay.
Al cabo del encuentro, el cordobés De Loredo afirmó: "La reforma laboral es la más importante que necesita el país".
"El mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos: alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país", indicaron los diputados en un comunicado en el que resumen los principales puntos de la propuesta.
Los principales puntos de la reforma laboral
- Reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
- Libertad sindical. Plantea eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad).
- Educación como servicio estratégico esencial. Establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho. El articulado estable la obligación para los docentes de garantizar al menos el 75% de la prestación normal del servicio.
- Reducción de la litigiosidad. Deroga los artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, y reduce sustancialmente las multas. El objetivo es disminuir la litigiosidad y la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
- Mecanismos sustitutivos de indemnización. Establece por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y da la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
- Protección contra el despido por discriminación. Propone el agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política
- Registro laboral. Implementa un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
- Periodo de prueba. Extiende el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin indemnización, pero con obligación de preavisar.
