9 febrero de 2026
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El soldado Rodrigo Andrés Gómez, granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, fue víctima de una organización dedicada a extorsiones digitales que operaba desde cárceles bonaerenses.
- La información fue confirmada este lunes por el Gobierno nacional y la Justicia Federal, en una conferencia encabezada por la ministra de Seguridad y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Gómez murió el 16 de diciembre, durante una guardia a pocos metros de donde dormía el presidente Javier Milei. Si bien desde el inicio se confirmó el suicidio, la investigación posterior reveló que el joven estaba sometido a una extorsión sistemática, que incluyó presiones psicológicas y económicas. Las autoridades describieron a la banda como una "pyme del delito", organizada, con roles definidos y funcionamiento estable desde el interior de unidades penitenciarias.
La maniobra se inició a través de una aplicación de citas, donde se creó un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Luego apareció una supuesta "madre alterada" y el denominado "audio del terror", en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido contacto con una menor de 17 años. El engaño se completaba con llamados de un falso policía que exigía transferencias de dinero para evitar una causa judicial inexistente.
La clave para reconstruir el caso fue la carta que dejó Gómez, donde relató las deudas acumuladas, el hostigamiento constante y la imposibilidad de salir de la extorsión. "¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?", escribió el soldado, en un texto que los investigadores consideraron una prueba directa del nivel de presión psicológica al que fue sometido.
La investigación derivó en siete detenciones, incluidos tres presos que coordinaban las maniobras desde las cárceles de Magdalena y Olmos, y en el secuestro de celulares y el bloqueo de cuentas bancarias. Durante la conferencia, los funcionarios coincidieron en una advertencia central: "Un celular en una cárcel es un arma", y señalaron que el uso sistemático de teléfonos dentro de los penales expone fallas estructurales y posibles hechos de corrupción en el sistema penitenciario.
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