La mayoría del tiempo, Jair Bolsonaro está en el centro de la escena, más que por sus políticas en sí, por su forma de gobernar y sus frases poco afortunadas. Muchas veces, el líder de ultraderecha es catalogado como autoritario y agresivo por sus formas de comunicación, más que por políticas institucionales opacas.
Ayer, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que acusa al mandatario de bloquear en las redes sociales a los usuarios que lo critican. Esto, según diversas normativas internacionales, constituiría una violación a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
HRW informó que Bolsonaro bloqueó 176 cuentas, las cuales pertenecían a periodistas, congresistas y ciudadanos comunes. Además, también bloqueó a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Maria Laura Canineu, directora para Brasil de HRW, explicó que “Bolsonaro utiliza las redes sociales como un importante medio de comunicación y de interacción con el público. Pero está intentando eliminar de sus cuentas a las personas e instituciones que no están de acuerdo con él, y así convertir esas redes en espacios donde solamente se admitan los aplausos, como parte de una estrategia más amplia para silenciar o marginar a quienes lo critican”.
Actualmente, la cuenta de Twitter del mandatario tiene casi 7 millones de seguidores, mientras que las de Facebook e Instagram tienen 14 millones y 18 millones, respectivamente.
HRW intentó comunicarse con fuentes oficiales para saber específicamente cuántos usuarios había bloqueado Bolsonaro. Sin embargo, esa información no fue proporcionada.
Los datos de este estudio se basan en el aporte de la sociedad civil. A través de una campaña en Internet, HRW pudo averiguar que 400 personas fueron “censuradas” por Bolsonaro y 176 proporcionaron pruebas.
Actualmente, el Congreso de Brasil está debatiendo un proyecto de ley que prohibiría que altos funcionarios bloqueen cuentas en las redes sociales que estén relacionadas a su cargo.
Un antecedente es lo ocurrido en 2019 en Estados Unidos, cuando el entonces presidente Donald Trump realizó este tipo de prácticas y un tribunal de apelaciones resolvió que la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana “no permite que un funcionario público excluya a personas de un diálogo en línea por el simple hecho de que esas personas expresaron opiniones con las cuales el funcionario está en desacuerdo”.
Más allá de que la mayoría de las críticas son contra los líderes más “radicales”, como Trump o Bolsonaro, esta es una práctica mucho más común de lo que se cree, incluso en Argentina.
El caso más famoso ocurrió en abril de 2017, cuando la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner bloqueó en su cuenta de Twitter a la famosa conductora de televisión Mirtha Legrand. Otras de las “víctimas” de la actual vicepresidenta fueron los periodistas Eduardo Feinmann y Angel de Brito.
Otro ejemplo ocurrió a mediados del año pasado, cuando el diputado Fernando Iglesias sacudió el mundo de la “política virtual” al informar que el actual canciller Felipe Solá lo había bloqueado en la misma red social.
Semanas atrás, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Allí, estaban 37 líderes globales. “Algunos de estos 'depredadores de la libertad de prensa' llevan más de dos décadas en activo, mientras que otros se estrenan en esta lista negra”, dijeron en RSF. Uno de los debutantes, precisamente, fue Bolsonaro, “cuya retórica sucia y beligerante contra la prensa ha experimentado un notable aumento desde que comenzó la crisis sanitaria”.
